Hoy quien paga un colegio o universidad privada alardea ante quien acude a la educación pública. ¿Por qué?
Por Jair Vega Casanova
Jair Vega, sociólogo, profesor de la Universidad del Norte.
Me preguntaba cuál sería la expresión popular local más pertinente para referirse a cierta actitud presuntuosa que hemos desarrollado en relación con el hecho de ir dejando de disfrutar los bienes públicos, los cuales consideramos y vamos haciendo más desprestigiados, para mostrarles a cercanos y lejanos que ahora accedemos a estos mismos bienes de una forma privada.
Pensaba en esto al ver la reciente noticia, inadvertida para muchos y tal vez nota marginal en los diarios en medio de los publicitados crímenes de cámaras de vigilancia: la educación universitaria en Chile vuelve a ser gratis después de 35 años. Este ha sido un logro de la gran movilización social que allí se ha dado en defensa del derecho a la educación, y de la gestión de un gobierno que le apuesta al fortalecimiento de lo público.
En Colombia, hace varios años, escuelas, colegios y universidades públicas eran un gran orgullo para la población, de hecho se consideraban, y en la mayoría de los casos lo eran, las que ofrecían mayor calidad educativa. Sin embargo, a la par de las reformas educativas que fueron privatizando la educación y profundizando en su concepto como un servicio, dentro de las que están la Leyes 30 y 115, se fue promoviendo una ideología que descalifica la educación pública y enaltece como ideal la educación privada.
¿Esta es la imagen de una institución educativa pública o privada? Ponga a prueba su prejuicio.
Traigo entonces la pregunta por esta conducta, precisamente porque en la población en general y en mayor medida en la clase media –quienes nos gastamos más de la tercera parte de nuestros ingresos pagando educación privada– es común jactarse de los nombres de los colegios privados donde estudian nuestros hijos, mejor si son extranjeros, así como también, y paradójicamente, ostentar que pagamos más que otros por los servicios educativos que les compramos, inclusive tratando de manera despectiva a quienes reivindican el derecho a la educación pública.
Estoy casi seguro de que si hiciéramos una encuesta con profesores de escuelas, colegios y universidades públicas, encontraríamos que en su gran mayoría tienen a sus hijos estudiando en el sector privado, lo cual con seguridad es un orgullo que resume su esfuerzo por el bien de ellos. Tal vez una parte lo hace porque padece ciertas condiciones que hacen precaria la calidad de la educación pública, pero estoy seguro de que, en conjunto, asumimos esta postura porque nos vamos dejando llevar de ese individualismo extremo donde importa más mostrar a los demás que hemos logrado mejores cosas que ellos, así sea en contra de nuestros propios intereses, en lugar de convocarlos a una movilización conjunta en defensa del derecho a la educación, como en el caso chileno.
Uno de mis maestros, José Bernardo Toro, decía que si en Colombia hubiese una ley que obligara a todos los funcionarios públicos y a los del sector privado que ganasen más de cinco salarios mínimos a utilizar la educación y la salud pública, tendríamos los mejores sistemas de educación y de salud del mundo. Y sigo pensando que tiene toda la razón. Entre los mayores enemigos de lo público en nuestro país están la desidia que hemos construido frente a ello, así como esa presunción que nos hace alardear de la pendejada de tener que pagar por cosas a las cuales tenemos derecho y que ustedes bien sabrán cómo llamarla.
