La ex mandataria, indagada por amenazas contra el actual gobernador Jorge Enrique Vélez, anunció que acudirá a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para pedir medidas cautelares a su favor.
Lexander Loaiza Figueroa @Lexloaiza
La inesperada salida del país de Oneida Pinto vino a agregar más turbulencia al caso que ahora toma dimensiones internacionales; debido a la decisión de la ex gobernadora de La Guajira de acudir a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos –Cidh- en Washington, con el objeto de solicitar, según dijo su equipo legal, medidas cautelares a su favor.
Pinto tiene abiertos al menos dos frentes de investigación. Uno por haber presuntamente incurrido en actos de corrupción durante su gestión como alcaldesa del municipio de Albania, en la firma de contratos para la atención a la salud por el orden de los 16 mil millones de pesos. La otra investigación tiene que ver con su presunta vinculación a amenazas de muerte que recibió el actual gobernador designado de La Guajira, Jorge Enrique Vélez, a quien se le habría ‘instado’, mediante mensajes de internet y de telefonía, salir del departamento y desechar las investigaciones por corrupción con las llamadas ‘mafias’ que han dejado sin recursos a cientos de miles de guajiros dependientes de los programas sociales del Gobierno nacional.
Es precisamente por este caso que Pinto había recibido una citación por parte de la Fiscalía General de la República, para una audiencia de interrogatorio en la que se le leyeron las imputaciones de las cuales es sujeto.
Después de dos aplazamientos, la ex gobernadora acudió el lunes último a la audiencia en el búnker de la Fiscalía. “Soy una víctima más de una serie de situaciones que se han montado para poderme culpar de algo que no he hecho porque soy indígena, porque soy mujer y porque represento a las minorías en este país”, dijo en su momento Pinto quien afirmó entonces que confiaba en las instituciones judiciales del país.
Empero solo unas horas después, el martes en la mañana, Pinto salió del país en compañía de uno de sus abogados para formalizar su petición ante el organismo internacional; lo que hace presumir que el viaje ya estaba planeado incluso antes de que acudiera ante el ente acusador para cumplir con esa diligencia del proceso que se le sigue.
La exmandataria departamental manifestará ante la Cidh que no cuenta con las garantías procesales en Colombia, además que es víctima de una persecución política en el departamento.
La caída en desgracia de la primera mujer electa gobernadora de La Guajira comenzaron casi inmediatamente después de asumir el cargo, en enero de este año, cuando se puso en duda la legalidad de su postulación debido al incumplimiento del período de inhabilitación dispuesto en la ley, por haber sido previamente alcaldesa del municipio de Albania.
En junio del presente año, en medio de un escandaloso proceso, la Sección Quinta del Consejo de Estado anuló la elección de Oneida Pinto Pérez como Gobernadora del departamento de La Guajira para el periodo (2016-2020) al considerar que incurrió en una violación al régimen de inhabilidades establecido en la ley.
Casi paralelamente, la Fiscalía anunció que a Pinto se le investigaba por su gestión como alcaldesa, y luego el gobernador Vélez formuló la denuncia sobre las amenazas en su contra. Fue entonces cuando su partido político, Cambio Radical, que hasta ese momento había guardado silencio ante todos estos escándalos, decidió expulsarla de sus filas, solicitando al ente acusador profundizar las investigaciones sobre las amenazas contra el actual mandatario guajiro.
Uno de sus abogados defensores, Héctor Carvajal, aseguró que su cliente no tenía ninguna restricción para salir del país, restándole importancia al sorpresivo viaje de la dirigente. Por ahora, ni Oneida Pinto ni su equipo legal han informado sobre alguna fecha de su retorno al país.