La propuesta Asamblea Nacional Constituyente hecha por el presidente venezolano ha sido mal vista por la comunidad internacional, opositores y hasta voceros del propio partido oficialista.
Lexander Loaiza Figueroa @Lexloaiza
Cuando a principios de mayo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para reformar el funcionamiento del Estado a través de la redacción de una nueva constitución nacional, todo el mundo estaba pendiente de las fatales secuelas de las masivas protestas que en su contra, ya venían protagonizando desde hacía cuatro semanas atrás, estudiantes y militantes opositores.
El rechazo de la Fiscal General a la constituyente fue un duro golpe para Maduro.
El rechazo de este sector político no se hizo esperar, instando inmediatamente a desconocer el llamado, tildándolo de una estrategia de Maduro para oxigenar su endeble piso político; minado por la profunda crisis económica, la escasez de alimentos y medicinas y la alta criminalidad.
Sin embargo un Consejo Nacional Electoral (CNE) diligente, que en 2016 dijo que un año no era suficiente tiempo para organizar el referéndum revocatorio que había sido convocado por la oposición y fue respaldado por más de 1,5 millones de firmas del padrón electoral, accedió en 20 días a dar respuesta positiva a la petición presidencial, pautando la elección de los 500 miembros de la ANC para finales del mes de julio, es decir, a menos de 90 días de la convocatoria hecha por Maduro.
El llamado a constituyente le dio un nuevo aliento a las protestas opositoras.
A pesar de la diligencia del CNE, que tampoco organizó en 2016 las elecciones para gobernadores y alcaldes que estaban previstas constitucionalmente “por estar pendiente del referéndum revocatorio”, según dijeron sus voceros; la iniciativa no ha contado con un solo respaldo positivo, fuera del obvio apoyo del sector oficialista vinculado al propio gobierno.
En el ámbito nacional, uno de los deslindes más significativos ha sido el de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, seguida por dos de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. También desde el sector oficial el diputado Eustoquio Contreras, el ex alcalde Juan Barreto, varios ex ministros de Chávez y miembros del Gran Polo Patriótico (coalición de partidos que tradicionalmente respaldan al oficialismo); han mostrado su desacuerdo con la forma como se ha llevado a cabo la convocatoria, al calificarla de inconstitucional.
El CNE acusado de parcializado necesitó solo 20 días para aprobar la petición
Fuera del chavismo, tanto la iglesia católica como el gremio de los empresarios han rechazado la propuesta; negándose incluso a asistir a las reuniones propuestas por el gobernante izquierdista.
En el ámbito internacional la OEA, el Parlamento Europeo y sectores gubernamentales y políticos de diversos países han rechazado la iniciativa, argumentando que la verdadera salida a la crisis política venezolana pasa por unas elecciones generales, que es uno de los pedidos de los manifestantes opositores.
La profesora universitaria y experta en derecho constitucional, la abogada Flor Ávila, explicó para Lachachara.co las razones por las cuales la ANC propuesta por Maduro viola el estamento legal vigente en Venezuela. Asegura que el Presidente ha establecido de manera irregular las bases para la elección de los miembros de la ANC, sin consultarlas con el electorado; que también debe decidir si apoya o no tal convocatoria.
La intención del Gobierno ha levantado suspicacias en medio de la crisis política actual.
Después de pasar por alto este primer requisito fundamental, el CNE ha aprobado tales bases comiciales que violan el principio de universalidad el voto al admitir criterios de elecciones sectoriales y territoriales, soslayando también el criterio de proporcionalidad. Es así como los estados Zulia (occidente) y Anzoátegui (oriente), elegirán la misma cantidad de constituyentistas, a pesar de que la región occidental tiene más del triple de la población que el segundo de los estados mencionados.
Según las bases propuestas por Maduro, la elección de los miembros de la ANC establece tres formas distintas de elección, todas sectorizadas: la nominal y por lista, la indígena (basada en supuestas formas ancestrales) y una tercera a través de los consejos comunales, conformados por los oficialistas de base y que tendrán el poder de elegir hasta más de la mitad de los miembros de la ANC.
La propuesta, dice la abogada Flor Ávila, limita el perfil de los elegibles a aquellos que se postulen por grupos de electores, por iniciativa propia y por grupos de electores, dejando de lado a los dirigentes de los partidos políticos.
La iniciativa busca deliberadamente debilitar las posibilidades de los partidos opositores, que hoy tienen mayor arrastre electoral, y potenciar los grupos y organizaciones promovidas desde hace años por el oficialismo, con el objeto de dominar a la ANC.
Una vez electa, la ANC tendría el poder de reformar el funcionamiento del Estado, desmontar a la actual Asamblea Nacional hoy dominada por la oposición, fijar nuevas fechas para las elecciones de los cargos gubernamentales (las elecciones a alcaldes y gobernadores están vencidas desde 2016), modificar el funcionamiento de todos los poderes que conforman el aparato del Estado (Fiscalía, Defensoría, CNE, Contraloría) y cambiar las leyes que los rigen. Todo esto, sin una consulta electoral previa.
