Reportaje desde la mina de oro Yanacocha, la más grande a cielo abierto de Sudamérica. Una realidad muy parecida a La Guajira colombiana y otras tantas.
Por Paula Romero González
Contraste entre la cordillera y la mina de Yanacocha, al fondo, a 4.000 metros sobre el nivel del mar.
“Tenemos que defender lo nuestro, que una vez más digamos: la tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a la tierra; ¿Por qué somos tan ambicioso los hombres? ¿Por qué nos creemos dueños de todo?”, pregunta Nélida Ayay Chilón, estudiante de Derecho y férrea defensora medioambiental en Perú.
Yanacocha es la mina de oro a cielo abierto más grande de Sudamérica y la segunda del mundo por detrás de Grasberg, en Indonesia. Se encuentra en la cordillera andina a 48 kilómetros de la ciudad de Cajamarca (Perú), a unos 4.000 metros por encima del nivel mar y mantiene en activo 5 minas auríferas en la región.
Sin embargo, la ciudad, situada al noroeste del país, es conocida y explotada turísticamente por ser el lugar donde los colonos españoles retuvieron al último cacique inca, Atahualpa. Cuenta la leyenda que negociaron saldar su libertad con el pago de 24 toneladas de oro y plata con las que llenaron la habitación en la que se mantuvo preso. Cuando los españoles consiguieron la cantidad acordada fue traicionado y asesinado por orden del conquistador español Francisco Pizarro. Así acabó el legado incaico con más de un siglo de expansión y comenzó la colonización, el saqueo y la explotación aún vigente.
500 años después la compañía estadounidense Newmont, con sede en Colorado, identificó un yacimiento de minerales en las cordilleras cercanas a la ciudad y aprovechó el recelo de otras empresas extranjeras ante el levantamiento del movimiento revolucionario Sendero Luminoso para pedir ayuda financiera al Internacional Financial Corporation (IFC), perteneciente al Banco Mundial. El organismo aportó 23 millones de dólares para comenzar con la construcción de Yanacocha en 1993 y seis meses más tarde financió una ampliación. Alegando que la minería ofrece una vía para salir de la pobreza y promover el desarrollo del país, el IFC posee actualmente el 5% de la propiedad de Yanacocha, mientras que la compañía peruana Minas Buenaventura adquirió el 43,65% frente al 51,35% que pertenece al accionista mayoritario Newmont Mining.
Actualmente la minería supone para Perú el 60% de sus exportaciones y según el Ministerio de Energías y Minas más de 150 empresas mantienen intereses en un sector que tiene en activo un aproximado de 40 centros de actuación. En el año 2002, Perú fue el primer país en el mundo en hacer un referéndum sobre minería. Dos años antes de la victoria popular tras la consulta y paralización de la construcción de una mina en Tambogrande, hubo un derrame de mercurio de 151 kilos carretera abajo desde la mina de Yanacocha.
El incidente con el mercurio no se reportó hasta días después cuando más de 1.000 habitantes habían entrado en contacto con el químico, algunos incluso llegaron a guardarlo en sus hogares pensando que era un producto valioso.
Voces encontradas
Los líderes de las comunidades acompañados de organismos públicos plantean alternativas a la concesión minera.
Aquel incidente profundizó la brecha entre los que estaban a favor y en contra de la mina, y muchos líderes de las comunidades comenzaron a preocuparse por los efectos medioambientales. Newmont prometió más de 2.300 puestos de trabajo local, sin embargo, solo se ocuparon la mitad y en condiciones de precariedad laboral. La mayoría del personal contratado (alrededor de 6.000) pertenece a otras regiones, y eso ha acrecentado la prostitución, el crimen, la venta de drogas, la violencia doméstica y el alcoholismo, además del incremento del precio de la vivienda. La empresa alega que el problema de desviar las contrataciones hacia personal exterior es el idioma, ya que la mayoría de los campesinos hablan quechua.
Asamblea comunitaria frente a la mina Yanacocha.
La representatividad de los cajamarquinos que viven en la ciudad y están a favor de la mina se hace mucho más notable que la mayoría opositora de la Sierra y que a duras penas están censadas. Pero éstos últimos son los que sufren las peores consecuencias de una mina siempre en funcionamiento. Para el comercio local, la mina es promotora del consumo, mientras que para el resto es la causa del retraso sociocultural y pérdida del modelo tradicional de vida.
La comunidad vuelve a sus hogar bajo la mirada atenta de la seguridad de la mina que apunta desde el otro lado con sus metralletas.
El gobierno de Fujimori, así como sus sucesores, acogió la propuesta minera sin reticencias y se autoproclamó héroe del progreso y del desarrollo en Perú. Mientras la empresa extranjera efectuaba, en algunos casos, compras fraudulentas de las propiedades a los campesinos, el gobierno miraba para otro lado y concedía licencias para la privatización del terreno, prometiendo mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.
Desde que comenzó la explotación en Yanacocha se han extraído más de 35 millones en onzas de oro y la compañía ha aportado al gobierno peruano 2.750 millones de dólares en ingresos fiscales y derechos al gobierno. Sin embargo, Cajamarca continúa siendo una de las regiones más pobres del Perú. El 53% de los habitantes de Cajamarca viven por debajo del umbral de pobreza: unos 100 dólares al mes.
“No es justo que las transnacionales vean a los países latinoamericanos como su sostén porque nosotros también tenemos nuestro propio desarrollo y nuestra propia cosmovisión andina y eso nos lo están poco a poco matando. Nosotros nos identificamos con nuestra Mama Pacha sentimos el dolor, la alegría, el sufrimiento; por qué no transmitir eso que ella siente”, añade Nélida.
Impacto medioambiental
El principal motor económico de los cajamarquinos es la agricultura y ganadería, pero desde hace años están viendo morir sus cosechas y enfermar los animales. “Sufrimos cuando vemos nuestros cerros despellejados, todos los días contemplamos cómo nuestras aguas vienen de colores y mueren nuestros animales. Ya no hay caída del río como antes porque la mina lo ha hecho desaparecer”, agrega Nélida.
En el año 2000, el ministerio de pesca informó que habían muerto más de 21.000 truchas y muchos agricultores deportaron la pérdida de su ganado. “No hemos obtenido nada de la mina, ningún tipo de apoyo, ni de indemnización”, agrega otro residente local. Desde 2004, más de 3,5 millones de personas perdieron sus hogares por la explotación del territorio.
Muchas ONGs ayudan a los campesinos con las reclamaciones ya que el agua proveniente de las cuencas de Cajamarca es el principal sustento para el cultivo, aunque la mina recoge tanto en su página web como en los informes y declaraciones concedidas a otros medios que mantiene condiciones óptimas para la sostenibilidad de los recursos medioambientales, además de un fuerte vínculo con la responsabilidad social de la comunidad. El experto de minería de Oxfam, Keith Slock, sostiene: “no conozco ningún caso en el que no haya habido ningún problema de contaminación”.
En el encuentro mantenido con los campesinos aledaños a la mina durante una asamblea comunal, señalan cómo el agua que beben sus animales revierte posteriormente en la salud de la comunidad. Muchos están desarrollando tumores de estómago, además de problemas pulmonares por la constante exposición a las explotaciones del terreno. “El oro que exportan para el consumo en otros países está manchado de sangre”, añade Milton Sánchez, activista de la ONG medioambiental Grufides.
Canalización del agua para su posterior depuración.
En 2005, una serie de documentos publicados tras una investigación de Frontline y The New York Times alertaban de la consecución de normativas infringidas por Newtmont. Tanto es así que el vicepresidente, Larry Kurlander, -actualmente jubilado-, realizó una inspección y advirtió a los altos cargos que las malas prácticas ejercidas podrían llevar al equipo directivo a “un procesamiento penal o encarcelamiento”.
Para redimir aquella devastadora imagen, la mina se comprometió a instalar unas máquinas procesadoras para que el agua llegase limpia al domicilio, de tal forma que fuese tratada para el consumo humano, pero los animales continuaron bebiendo agua de los ríos contaminadas.
“Muchos residentes creen que los engañamos porque solo ven el agua que les llega a sus casas, pero tan solo hay que seguir la caída ladera arriba para comprobar el color inicial de esa agua que posteriormente consumen”, dice Milton Sánchez mientras señala el agua rojiza que bordea la mina.
La desinformación que impera en la ciudad de Cajarmarca contrarresta cualquier intento de unidad para frenar el crecimiento de la mina. A partir de las innumerables quejas presentadas por los indígenas y respaldada por diversas asociaciones consiguieron establecer una mesa de diálogo con los empresarios. Los campesinos exigían un sistema de “alerta rápida” con informes semanales que les permitiese detectar zonas críticas, pero el incumplimiento del acuerdo ha dado lugar a que sean organismos públicos locales los que ejerzan como intermediarios.
¡Conga no va!
Actualmente la mina se mantiene en disputas legales por expandir la concesión. Newmont quiere excavar cuatro lagos de montañas cercanas y poner en explotación Conga, una mina de oro y cobre valorada en 4.300 millones de euros. Pero el 37% de la población se niega a su ejecución, sobre todo después de las 5 muertes en 2012 tras unas protestas en las calles de la ciudad.
“Muchos de los líderes y lideresas pierden la vida por defender el medio ambiente y ni el gobierno, ni mucho menos las empresas, se quieren responsabilizar”, añade Nélida aludiendo a la reciente muerte de la activista Berta Cáceres en Honduras.
En la montaña, la población ha escrito ‘¡No a Conga!’, el preámbulo del grito de guerra frente al nuevo proyecto minero: ¡Conga no va!
Antes de ser elegido presidente, Ollanta Humala prometió al pueblo de Cajamarca respetar la voluntad popular sobre el proyecto Conga, pero una vez obtuvo la mayoría incumplió su acuerdo. La expansión supondría la apropiación de 3.069 hectáreas y la destrucción de 4 lagunas con 600 manantiales que abastecen a más de 40.000 personas de las comunidades de Celendín, Cajamarca y Bombamarca. La mina de Yanacocha promete la construcción de presas para compensar la pérdida de las lagunas, pero la población insiste en que nada artificial podrá sustituir a la madre tierra. “El agua es un ser vivo, no solo un recurso natural; y si está viva, da productos. Tenemos que levantarnos y dar las gracias a la tierra. El desarrollo de un país no está en sembrar más cemento, consumismo o joyas preciosas… y los que compran no saben que tras de eso hay mucho derramamiento de sangre, que detrás de eso estamos cavando nuestra propia tumba”, concluye Nélida.
En el cerro, los campesinos terminan su reunión y plantean nuevas acciones coordinadas con otras comunidades, envían comunicados a los medios y se hacen oír. Las mujeres cajamarquinas en la primera línea de lucha preparan acciones para las manifestaciones y se organizan para lanzar un mensaje a la comunidad internacional. “Solo queremos vivir dignamente, de lo que producimos; no necesitamos más”.
