Habitantes del barrio El Cortijo protestan por la presunta venta irregular de un tramo de la Calle 28 y advierten riesgos para la seguridad y los servicios públicos.
La comunidad de la Calle 28 del barrio El Cortijo, en Sincelejo, denunció lo que consideran una invasión y apropiación indebida de espacio público, luego de que un tramo de esta vía —que conecta con la Urbanización Nuevo Pioneros Etapa 4— presuntamente fuera vendido a particulares.
Según los residentes, esta situación ha generado preocupación y malestar en el sector, no solo por la posible pérdida de un corredor de uso común, sino también por los riesgos asociados a la seguridad eléctrica y la prestación de servicios públicos.
Ante este panorama, los habitantes interpusieron una Acción Popular ante el Juzgado Octavo Administrativo Oral de Sincelejo (radicado 700013333008-2025-00142-00), con el objetivo de frenar las intervenciones en la zona y proteger el espacio público.
Denuncias de irregularidades
De acuerdo con la comunidad, entre 2022 y 2025 se habrían identificado inconsistencias en documentos oficiales relacionados con el uso del suelo y decisiones administrativas vinculadas al proyecto urbanístico en el área.
Además, aseguran que se han presentado:
- Construcciones cercanas a redes eléctricas, lo que podría representar riesgos.
- Conexiones irregulares de servicios públicos.
- Posibles actuaciones urbanísticas sin la debida verificación legal.
Medidas solicitadas
Como parte del proceso judicial, la comunidad pidió al juzgado:
- Realizar una inspección en el área afectada.
- Ordenar peritajes técnicos topográficos y eléctricos.
- Decretar una medida cautelar de no innovar, que suspenda obras o ventas mientras se resuelve el caso.
- Solicitar certificaciones a empresas de servicios públicos sobre el estado de las redes.
Llamado a las autoridades
Los habitantes hicieron un llamado a la Alcaldía de Sincelejo y a los entes de control para que intervengan y garanticen la protección del espacio público y la seguridad de las familias.
“La petición es simple: proteger el espacio público, garantizar la seguridad y asegurar que todo se ajuste a la ley”, señaló la vocería comunitaria.
Mientras avanza el proceso judicial, la comunidad mantiene su voz de alerta y no descarta nuevas acciones para defender lo que consideran un bien público fundamental.
