El nuevo director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a los mártires del conflicto armado asegura que ahora sí se tiene un plan realizable. Por Rafael Sarmiento Coley
Alan Edmundo Jara Urzola, secuestrado por las Farc el 15 de julio de 2001 y liberado el 3 de febrero de 2009, sostuvo este miércoles en Barranquilla que en el proceso de reparación a las víctimas del paramilitarismo “no se pagaron muchas de las multas impuestas a los jefes” de ese sector del conflicto armado colombiano.
El exgobernador del Meta (una vez designado por decreto y dos veces por elección popular), asistió en la capital atlanticense a una conferencia de prensa en la sala de juntas de la Gobernación del Atlántico, con la asistencia del mandatario del Atlántico Eduardo Verano De la Rosa; el secretario del Interior, Guillermo Polo Carbonell, y el director seccional de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas del conflicto armado en Colombia, Alfredo Palencia Molina.
Alan Jara, designado por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, nuevo director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas del conflicto armado en Colombia, ante una pregunta sobre el caso lamentable de la frustración de muchos de los sobrevivientes de las Autodefensas Unidas de Colombia, a cuyos principales cabecillas, extraditados a Estados Unidos por el entonces presidente de la República Álvaro Uribe Vélez, inclusive son tratados “con muchas indulgencias” por parte de la justicia norteamericana, según reportaje del The New York Times, respondió con varias reflexiones.
“Cuando uno es víctima realmente tiene esa condición exclusiva. Ser víctima. No hay víctimas de primera y de segunda, de tercera, o de aquí y de allá. El dolor es uno igual para todos. Y, desde luego, las necesidades de reparación son también las mismas, independientemente de quién sea el victimario”.
Agregó el dirigente político llanero e ingeniero civil de 59 años de edad: “Lo que se prevé es que, a través de un fondo, que allí concurran los recursos, primero, desde luego del presupuesto nacional. Segundo de los bienes y recursos de quienes generaron esa victimización, es decir a los causantes de esa afectación en el conflicto. Y tercero, que haya allí concurrencia de recursos del orden internacional. Y cuarto, aportaciones o donaciones y demás aportes del sector privado. Y los mismos recursos que genere el propio Fondo. Porque ese Fondo puede acceder a bienes inmuebles, fincas, viviendas y otras propiedades y fortunas de los victimarios sean del color u origen que sean”.
Según Jara, quien también asistió a un gran encuentro en la Universidad del Norte con los negociadores que estuvieron en La Habana por parte del Gobierno, “la suma de todo eso es lo que tiene que ir al ejercicio de reparación”.
Sobre el paramilitarismo sostuvo que “en efecto, en el caso de Justicia y Paz se impusieron una serie de multas que debían cancelar los victimarios y con ellas contribuir a la reparación de las víctimas y muchas de esas multas no se han podido hacer efectivas. Pero también se han entregado bastantes bienes que deben cumplir una función reparadora, y los que no, se pueden monetizarse y con ellos también contribuir a la reparación material”.
Insistió en que “el único componente no es el de la reparación económica. Es mucho más importante el reconocimiento de responsabilidades, de construcción de memoria histórica. Y de reconstrucción del tejido social, no solo continuar, sino fortalecer”.
250 beneficiarios de proyectos rentables

Aspecto general de la muy concurrida reunión en la Gobernación del Atlántico para hacer un amplio balance del tema de Reparación a las Víctimas del conflicto armado en Colombia. Fotos Nira Figueroa
La generación de ingresos a través de proyectos productivos será la base del proyecto “Portal de oportunidades del Atlántico” que beneficiará a 250 víctimas del desplazamiento forzado y que, además, son cabeza de hogar.
El gobernador Eduardo Verano De la Rosa, promotor de esta iniciativa, instaló el primer comité de seguimiento en compañía del director nacional de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Alan Jara Urzola y nueve alcaldes que hicieron aportes.
El proyecto cuenta con $3.160 millones que fueron aportados mediante un convenio suscrito por la Gobernación del Atlántico, la Unidad de Víctimas y los alcaldes de Santo Tomás, Palmar de Varela, Ponedera, Suan, Manatí, Campo de la Cruz, Baranoa, Usiacurí y Sabanalarga.
“A través del montaje, instalación, puesta en marcha y operación de este proyecto se integrarán cadenas hibridas de la valor de modelos de negocios de innovación social y será forma para que estas 250 personas se asocien con proyectos productivos que les generen ingresos”, explicó el gobernador Verano.
El proyecto inicia con la integración y operación de las cadenas hibridas de valor, luego, los beneficiarios del proyecto, conformarán 50 micro unidades de integración y operación que se encargarán de la transformación y distribución de los productos a granel para el uso y el consumo humano, abasteciendo a tenderos y abarroteros en el Atlántico.
Cada unidad estará conformada por cinco personas que tendrán a su cargo la responsabilidad de abastecer a 70 tenderos con sus productos.
“Con este clase de proyectos construimos paz para estas personas que han sido víctimas de 50 años de conflicto en nuestro país, por eso, de manera organizada estructuramos este proyecto con los alcaldes y el respaldo de la Unidad de Víctimas para que nuestra gente tenga la posibilidad de generar su propia sostenibilidad a través de ideas de negocio y la asociatividad”, puntualizó el gobernador.
Un proyecto con historia
El director de la Unidad de Víctimas anunció que esta iniciativa fue presentada en el mes de marzo durante el primer ciclo del Banco de Gestión de Proyectos por parte del departamento del Atlántico que desde un principio mostró el interés. Luego, fue aprobado mediante resolución No 00392 del 2 de mayo.
“El compromiso del Gobernador y los alcaldes ha sido fundamental para que esta iniciativa se cristalice y podamos empezar a resarcir a las víctimas en el Atlántico”, indicó Jara.
Agregó que en el mes de enero se abrirá una segunda convocatoria para que otros municipios del Atlántico se suman y puedan seguir reparando a las víctimas a través de la generación de ingresos con proyectos productivos.
Afirmó que el trabajo que viene haciendo la Unidad de Víctimas en el Atlántico ha sido exitoso, prueba de ello, es la puesta en funcionamiento de dos centros de atención: uno en Soledad y otro en Juan Mina, además, se tiene proyectado, con la Gobernación, la construcción de uno en Ponedera y otro en Sabanalarga.