Si por ellos fuera, cada vez que se publicara una noticia que no les agradara, enviarían a un periodista a la cárcel.
Por Rafael Sarmiento Coley
Sorprende que unos magistrados curtidos, de una trayectoria aparentemente limpia, se encolericen porque un diario, en este caso El Heraldo, publique un comunicado de la Fiscalía General de la Nación, en el cual se confirma que se ha iniciado indagación contra ellos y dos jueces que fallaron tutelas de unos pensionados contra el Distrito de Barranquilla.
El asunto tiene que ver con una reclamación que hace una Asociación de Pensionados del Distrito de Barranquilla (que agrupa, según versiones de sus delegados, a unas 650 personas), por el no pago, desde el año 2000, de una prima especial llamada ‘Mesada número 15’. Lo que significa que, si son 12 mesadas al año, mediante convenciones colectivas lograron que se les reconocieran tres meses más de pensión. El litigio empezó en abril del año pasado, en el mandato de la alcaldesa Elsa Noguera, quien en su momento dijo que, realizado un estudio preliminar para la posibilidad de pago a unos 75 querellantes (de los cerca de 650), el Distrito tendría que pagarles $12 mil millones de pesos. Y el Distrito no disponía de semejante cantidad de dinero.
Si el diario hubiera sacado la noticia de la manga de la camisa, pues con todo el derecho magistrados y jueces podían exigir rectificación como lo manda la ley. Pero si se trata de un documento oficial y público (tomado de la página web de la Fiscalía), una rectificación no tiene cabida, y, menos, llegar a los extremos de no quedar conformes con tres rectificaciones sucesivas, que el diario, en un exceso de generosidad, publicó.
El asunto es muy claro. El Heraldo, además de haber publicado textualmente el comunicado de la Fiscalía General de la Nación –sin agregarle una sola palabra ni punto de vista personal como lo estamos haciendo nosotros aquí—el pasado 19 de febrero solicitó al ente acusador información sobre el estado de la investigación. Y la respuesta fue que “la Fiscalía Sexta Delegada, ante la Corte Suprema de Justicia, por designación especial conoce de la investigación radicada con el número 110016000102201500197, seguida en contra de los magistrados del Tribunal Superior de Barranquilla Jorge Eliécer Cabrera Jiménez y Julio Antonio Ojito Palma, igualmente contra los doctores Jorge Enrique Gómez Urueta -Juez Once Penal Municipal- y Jaime Roberto Angulo De Castro -Juez Tercero Penal del Circuito de Barranquilla-, en razón a los hechos denunciados por la abogada María Camila Anaya Latorre, en nombre y representación legal del doctor Guillermo Arturo Acosta Corcho -Jefe de la Oficina Jurídica ( e ) del Distrito Especial de Barranquilla -, por presuntas irregularidades en el trámite de la acción de tutela y el incidente de desacato de la misma, la cual fue promovida por la señora Edna Beatriz Gómez, en calidad de representante legal de la Sociedad de Jubilados del Distrito de Barranquilla”.
El tema deja un mal olor en un sector de la rama judicial de Barranquilla, en donde parece ser que se ha abierto camino una peligrosa tesis de justicia neonazi según la cual ese grupo -por fortuna reducido- pretende ser infalible e intocable, olvidando que estamos en un Estado Social de Derecho en el cual todos los poderes tienen sus controles y la prensa es libre de publicar todo aquello que sea verdad, como el tema que nos ocupa.
Juan B. Fernández Renowitzky, director consejero de El Heraldo.
Lo más indignante de todo este sainete es que los honorables magistrados y jueces tutelantes contra El Heraldo, en sus absurdas pretensiones iniciales pedían también sancionar con tres días de arresto al Director Consejero del tradicional diario barranquillero, doctor Juan B. Fernández Renowitzky, toda una respetable institución de Barranquilla, la Costa y el país.
Y los querellantes lo saben muy bien. Porque en las memorias de la rama judicial local debe estar viva la trayectoria brillante de Fernández Renowitzky en su paso por allí como juez y magistrado. Es que es un irrespeto que unas personas que desempeñan el servicio de la justicia en una sociedad, ignoren la trayectoria inmaculada de un hombre que se desempeñó con decoro en la rectoría de la Universidad del Atlántico, en el Senado de la República, en los Ministerios de Obras y Comunicaciones, en la Embajada de Colombia en Chile en el Gobierno de Allende, en la Asamblea Nacional Constituyente, en la cual, precisamente, fue uno de los principales defensores de que a la rama judicial se le pagaran salarios dignos.
Por esa razón el magistrado recién pensionado, Julio Ojito Palma, sale a disfrutar, con toda justicia, de un merecido descanso con una mesada casi igual a la de un congresista, y los jueces como los que pretendieron enviarlo a la cárcel por tres días, se ganan un salario casi igual al de un Ministro. Muy merecido, por cierto. Fueron logros valerosos que elevaron a los servidores de la rama judicial a una categoría de respeto y dignidad. El tema fue llevado y defendido con firmeza en la Asamblea Nacional Constituyente por uno de los tres presidentes de dicho cuerpo colegiado, el inmolado excandido presidencial conservador Álvaro Gómez Hurtado, y por los constituyentes Juan B. Fernández Renowitzky y Carlos Daniel Abello Roca.
Era tan de bulto el irrespeto contra una figura de las calidades humanas e intelectuales de Fernández Renowitzky -quien además merece el mayor de los respetos, dada su avanzada edad- que a última hora los querellantes decidieron sacarlo de la demanda. Alguien les hizo el favor de alertarlos sobre el craso exabrupto que estaban cometiendo.
También sacaron a la gerente, que nada tenía que ver la pobre con lo que estaba en litigio.
Ahora los querellantes al único que dejaron encartado con su absurda tutelitis es al director de El Heraldo, Marco Schwartz Rodacki.
Pero queda, injustamente (valga la redundancia), la espada de la justicia encima de la cabeza del colega Marco Schwartz Rodacki, director de El Heraldo. Ellos quieren la cabeza del Director, en un acto que sabe a venganza, que trasluce un extraño deseo de intimidar a la prensa. Y dejan escapar un tufillo de ojeriza contra el periodismo por cualquier pendejada que se publicó y no les gustó. Muy mal ejemplo. Porque dichos magistrados y jueces deben recordar que la prensa es una especie de válvula de escape por donde el Estado saca sus materias fecales. Es esa prensa la que entera a la sociedad civil de los robos al erario, del reparto de los contratos, de los fallos negociados de jueces y magistrados corruptos, de los ‘miti-mitis’ de los ministros.
Absurdo que estas personas que representan una de las tres ramas del poder público, pretendan intimar a los periodistas, enviando, a la vez, un mensaje muy negativo a la sociedad, en el sentido de que una de las ramas del poder público queda exenta de todo cuestionamiento por sus actuaciones temerarias y sus tropelías como las que se repiten con frecuencia. ¡Por Dios! ¿será que cierto sector de la rama judicial local pretende que los periodistas solo se dediquen a cubrir los partidos del Junior y los reinados de belleza? Dios nos libre de todo mal, amén.
