La tormenta desatada por la anulación de la elección de la Gobernadora de La Guajira amenaza con empapar hasta las altas esferas del poder en el partido Cambio Radical, corporación que la postuló a pesar de presunta su inhabilidad.
Lexander Loaiza Figueroa @Lexloaiza
Pareciera que en el partido de la destituida gobernadora de La Guajira, Oneida Pinto Pérez, todos se miran las caras buscando responsables del hecho consumado de que esta corporación haya perdido su cuota de poder en el departamento peninsular. Nadie se detuvo a pensar que ‘guerra avisada no mata soldados’.
Ante la decisión del Consejo de Estado, las reacciones no se hicieron esperar. En la fría Bogotá, una de las primeras opiniones fue la del senador por el Partido de la U, José David Name, quien recordó que el peligro de inhabilitación siempre estuvo haciéndole sombra a la ex mandataria.
“Esa decisión se sabía de antemano”, dijo y agregó que ante lo ocurrido le parecía que las directivas de Cambio Radical se quieren lavar las manos.
“Le advertimos de mil maneras a Lara la inconveniencia de avalar a Oneida Pinto, que responda, que no se esconda”, trinó el miércoles León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación dirigiéndose al representante de Cambio Radical, Rodrigo Lara, quien previo a la elección de la gobernadora en octubre de 2015, apareció en un video brindando su respaldo a la postulación de Pinto Pérez, quien desde entonces ya tenía muchos detractores a su nominación.
Carlos Motoa, también senador de Cambio Radical, considera que el caso Oneida debe avergonzar al partido. “Varios advirtieron lo que podía ocurrir con esa elección de la gobernadora”. Reclamó a Lara que se necesitó mayor prudencia a la hora de postular a la ex alcaldesa de Albania a la primera jefatura departamental.
La Misión de Observación Electoral también reclama responsables en Cambio Radical y pidió al Consejo Nacional electoral la aplicación de medidas que permitan establecer la responsabilidad política del CR por la postulación de la ahora ex gobernadora.
La MOE afirma que el otorgamiento “irresponsable” de avales conduce a elecciones atípicas que suelen tener muy baja participación electoral que no supera el 30% de la población apta para votar y un costo que oscila entre los 4 mil y 8 mil millones de pesos dependiendo del departamento.

En las calles de Riohacha hay preocupación por el sentimiento de inestabilidad que generó la destitución
Y ése es precisamente el monto que se estima puedan costar las elecciones atípicas que habrá que realizar ahora en La Guajira, un departamento castigado por el retraso en la ejecución de los proyectos y la pobreza, que ha tenido como triste protagonista a decenas de niños fallecidos por desnutrición, un fenómeno por el cual hay muchos señalados, pero nadie que quiera asumir su responsabilidad.