El presidente Nicolás Maduro removió al comandante de la Guardia Nacional, un día después de que este organismo fue acusado de la muerte a tiros de un adolescente durante protestas en Caracas.
Lexander Loaiza Figueroa @Lexloaiza
En una alocución televisada, el presidente Nicolás Maduro anunció a los venezolanos el relevo del comandante de la polémica Guardia Nacional Bolivariana, el ente militar que ha tenido a su cargo el enfrentamiento a las masivas protestas civiles que tras 80 jornadas han dejado unos 74 muertos.
El general Antonio Benavides Torres, ha sido objeto de críticas dentro y fuera de Venezuela por supuestos excesos cometidos por el organismo a su cargo en el control de las manifestaciones antigubernamentales. Esas críticas se agudizaron la semana pasada cuando en una entrevista, afirmó que la actuación de los militares durante las protestas había sido “impecable” en cuanto al respeto de los derechos humanos. Esto a pesar de que la Fiscalía, investiga en al menos 22 de las muertes, la presunta responsabilidad de los uniformados militares.
De hecho en la víspera, redes sociales y portales de medios de comunicación mostraron al menos a tres guardias nacionales disparando con armas de fuego a la manifestación que se desarrollaba en el barrio de Altamira, al este de Caracas. Al menos un joven manifestante cayó abatido. Efectivos de la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana han sido grabados golpeando, disparando y hasta robando a participantes en las protestas
El presidente relevó también a los comandantes del Ejército, la Armada y el Comando Estratégico Operacional, nombrando a los generales Jesús Suárez, Edglis Herrera y Remigio Cevallos, respectivamente. Solo ratificó en su cargo al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López.
La movida de Maduro se produce en un contexto en el que después de casi tres meses, las protestas antigubernamentales no han cesado; del fracaso de la Organización de Estados Americanos (OEA) de lograr un consenso para pronunciarse en torno a la crítica situación venezolana y de un nuevo episodio en la aguda crisis institucional que atraviesa el país caribeño, debido al enfrentamiento entre los poderes públicos.
A través de su cuenta en Twitter, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), anunció la apertura de un antejuicio de mérito contra la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, acusada de “insania mental”, por parte del diputado chavista, Pedro Carreño.
De avanzar esta iniciativa del oficialismo, podría significar la separación del cargo de la jefa del Ministerio Público, quien en los últimos meses ha tomado una serie de decisiones jurídicas y asumido posiciones que la han alejado de sus antiguos aliados del chavismo.

La oposición llamó a la desobediencia civil, lo que supone una radicalización de la confrontación política.
La intención de desbancar a Ortega Díaz generó obvias críticas entre los opositores, pero también y sorpresivamente dentro del propio oficialismo; como lo es el caso de la ex ministra Maripili Hernández, quien calificó de “inaceptable” la querella interpuesta por su compañero de partido, Pedro Carreño.
“Además de pretender usar la justicia para retaliaciones personales, es una vergüenza lo que ha hecho Carreño contra Ortega Díaz. Inaceptable”, escribió Hernández en su usuario de Twitter.
Por su parte la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática, convocó este martes a la desobediencia civil y militar en todo el territorio nacional, amparada en los artículos 333 y 350 de la constitución venezolana. En un comunicado público, los opositores afirmaron que “el Gobierno se ha puesto al margen de la Constitución y no puede ser obedecido por nadie”.