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“Así no recibiremos el aeropuerto”

“El contrato no se va a caducar”: Pumarejo. “El contrato de concesión debe ser cumplido”: ANI sobre el Cortissoz

Por Rafael Sarmiento Coley

Fachada del aeropuerto internacional ‘Ernesto Cortissoz’, en un estado tan deprimente, que hasta dejaron secar las palmeras que sembraron a las carreras para dar la impresión de que estaban trabajando en todos los detalles. «Hasta en una bella arborización tropical como primer paisaje».

Bastante molesto se mostró el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo Heins, por el perjudicial atraso de las obras de remodelación y modernización del aeropuerto internacional ‘Ernesto Cortissoz’, en especial porque las zonas de mayor importancia, como es el acceso a las salas de espera y la zona para atender el servicio internacional “dejan mucho que desear”.

El alcalde Jaime Pumarejo y el presidente de la ANI, Manuel Gutiérrez, sostuvieron una reunión este jueves en la sede norte de Cajacopi para analizar el avance de obras en la terminal aérea.

El encuentro fue muy oportuno porque, ya superados los momentos más críticos de la pandemia, Barranquilla se alista para eventos de trascendencia como los Juegos Panamericanos y una serie de ferias internacionales y encuentros de gremios de distintas disciplinas.

Algo muy importante de la reunión que citó el alcalde Jaime Pumarejo es que quedó claro que el Grupo Aeroportuario del Caribe (cuyos principales socios son Equipos Universal y Valorcon), deberá cumplir con las condiciones contractuales que fueron pactadas en el inicio de la concesión.

“El consorcio tiene  que cumplir. No se va a caducar el contrato, ni tampoco existe la menor posibilidad de pagar una indemnización inflada por  $775 mil millones. No estamos de acuerdo con las pretensiones de la concesión, porque consideramos que no son a lugar”, señaló el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Manuel Felipe Gutiérrez.

Por su parte autoridades y gremios reclaman “un aeropuerto a la altura de la ciudad”.vGutiérrez dijo que el Gobierno no considera aceptable que el concesionario solicite una compensación económica: “Haremos lo necesario y vamos a combatir con todas las fuerzas que tengamos”.

Aseguró que el proyecto se entregará pronto con las obras que requieren los viajeros, tal como lo establece el contrato.

“Contamos con la Contraloría para buscar alternativas para que las obras sean entregadas a los barranquilleros. Estamos buscando las condiciones necesarias para que la ciudad tenga su aeropuerto”, expuso.

Sobre las deudas que reclaman los proveedores, el presidente de la ANI dijo que se ha requerido al concesionario que regularice los pagos. 

Por su parte el mandatario distrital explicó que este es un contrato de cuarta generación, lo que quiere decir que la remuneración viene de la operación del aeropuerto.

Informó a la ciudadanía que el concesionario ha cumplido con la mayoría de los compromisos, pero que hay obras que hacen falta y que deberán culminar.

“Nos han comunicado que muchas de las áreas dispuestas son temporales y que se verán de maneras distintas cuando concluyan las obras. El aeropuerto que vemos no es el que vamos a recibir”, dijo Pumarejo.

También reiteró que la Contraloría General de la República incluirá las obras del Cortissoz dentro del programa ‘Compromiso por Colombia’ para garantizar, entre otros, los recursos del proyecto.

Conjuntamente se definió que en un plazo de dos meses se revisará nuevamente las condiciones financieras del concesionario y los avances de las obras para buscar una “solución viable” para el aeropuerto.

“El concesionario no puede descuidar sus condiciones contractuales”, añadió Pumarejo.

La larga historia de un contrato tortuoso

Todavía están ahí los huecos en donde deberían colocarse los aires acondicionados que nunca han llegado.

En un completo informe del veterano periodista Jorge Mariano Rodríguez para Zona Cero, titulado “Remodelación del aeropuerto ‘Ernesto Cortissoz: un desastre de alto vuelo” publicado en junio de este año, se indica que ante la Fiscalía General de la Nación denuncian la multimillonaria concesión como “otro Odebrecht”.

Las obras de remodelación y ampliación del aeropuerto internacional ‘Ernesto Cortissoz’ marchan de mal en peor. En términos prácticos, las obras no solamente no han cogido ‘pista’ sino que, por el contrario, su ejecución se mantiene en la más absoluta incertidumbre.

Lo preocupante es que hasta el momento no se ven reflejadas las inversiones contratadas por valor de 60.153 millones 107 mil 609 pesos, por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

Son tantos los desaciertos, errores u horrores que ha tenido el proyecto, que los hechos han sido denunciados ante la Fiscalía General de la Nación por parte del abogado Neil Medina López, quien no vacila en calificar lo del ‘Ernesto Cortissoz’ como otro típico caso ‘Odebrecht’.

“Son denuncias que fueron presentadas hace 3 años, pero se mantienen estancadas en la Fiscalía, no avanzan”, precisó Medina López en diálogo con Zona Cero.

Indicó que su comparación con el caso Odebrecht obedece a que las obras que le fueron asignadas a este concesionario alcanzaron los $300 mil millones, mientras que las del aeropuerto superan los $610 mil millones, es decir, el doble de la anterior.

“Y lo grave del caso es que no se investiga nada”, recalcó. “Ellos incumplen por todos los lados, existen sanciones por diferentes circunstancias y no se las aplican”, reiteró.

Cabe recordar que esta concesión fue adjudicada por el entonces presidente de la ANI Luis Fernando Andrade al Grupo Aeroportuario del Caribe S.A.S., con fecha de inicio el 15 de mayo de 2015 y terminación en 2035.

Quiénes son los contratistas e interventores

Aspecto general de la reunión realizada este jueves en la sede norte de Cajacopi, presidida por el Directo de la ANI, Manuel Felipe Gutiérrez y el alcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo Heins.

El concesionario está integrado por las siguientes sociedades:

– Valores y Contratos S.A. (Valorcon S.A.), con el 41,5% de participación. Principales: Mauricio Antonio Gerlein Echeverría, Jaime Alfredo Massard Ballestas y Roberto Rivas Ramírez. Suplentes: Margarita María Muñoz Palacio, Mario Marino Villa y Jorge Jaramillo Henao.

– Equipo Universal S.A., con el 41,5% de participación. Principales: Juan Francisco Herrera Bojanini, Gabriel Montoya De Vivero, Ana Lucía Dugand Ocampo, Jorge Martínez Aparicio de la Peña y Jorge Ramiro Navarro Reyes. Suplentes: María Victoria Herrera Bojanini, Silvana Margarita Montoya De Vivero, Juan Carlos Vilariño Amalfi, Juan Eduardo Vilariño Amalfi y Martha Inés Cepeda de Navarro.

– Inversiones Milenium Azcipo S.A.S., con el 17% de participación. Principales: Samuel Roger Azout Papu, Álvaro Ramón González Serje, Regulo Antonio Diazgranados Lozano y Fernando Alberto Cepeda Sarabia. Suplentes: Alberto Azout Zafrani, Carlos Ernesto González Serje, Arnaldo del Valle Orozco y Alberto Rafael Cepeda Sarabia.

Entre tanto, la interventoría está a cargo del Consorcio Interaeropuertos conformado por Inzett S.A.S. (Alberto Gómez Kasperson), Felipe Ardila V. & Cía S.A.S. (José Felipe Ardila) y GNG Ingeniería S.A.S. (Alberto Gómez Kasperson), representado por Alberto Gómez Kasperson, por un valor de 19.171 millones 665 mil 576 pesos.

A este contrato de interventoría el 28 de diciembre de 2018 se le hizo una adición por valor de 2.524 millones 553 mil 903 pesos a precios constantes de diciembre de 2013, equivalentes a 3.163 millones 776 mil 799 pesos de noviembre de 2018.

Incumplimientos desde el inicio

Ducterías por donde se pasean ratas y ratones porque todavía no están en servicio.

Para el abogado Neil Medina López, los incumplimientos tanto de la ANI como contratante como del propio concesionario, se dieron desde el mismo inicio.

Recordó, por ejemplo, el episodio de Milena Buelvas Peña, propietaria de la Peluquería L´Image Deluxe, cuyo local no fue incluido dentro de la entrega que se le hizo al concesionario, junto con otros 25 negocios que funcionaban en el aeropuerto.

“Eso lo tomó la Ministra de Transporte como un pretexto por el retraso en las obras, lo cual no fue cierto”, agregó.

En efecto, en su concepto esta omisión es responsabilidad exclusiva de la ANI y del contratista, puesto que debieron tener todo planificado con la entrega de los locales existentes para así darle la adecuada ejecución al contrato, sin contratiempos. Pero no lo hicieron.

“Tenían que garantizar el derecho al trabajo mientras se restituía el bien inmueble pero no lo hicieron”, advirtió.

Por este hecho, junto con Milena Buelvas Peña, otros propietarios presentaron denuncia penal ante la Fiscalía General contra los representantes de la concesión, el entonces presidente de la ANI, Luis Fernando Andrade y el Patrimonio Autónomo Fideicomiso Bancolombia.

Fueron ellos Campo Elías Rincón Cepeda (negocio Galiani Aeropuerto) y Yenny Castro Marín (Valentine), por los presuntos delitos de concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito, enriquecimiento ilícito de particulares, celebración indebida de contratos, delitos contra la libertad del trabajo y asociación, sabotaje, injuria, calumnia y vías de hecho y estafa.

“En el contrato de Concesión aparece la entrega de 105 Contratos, al Grupo Aeroportuario del Caribe S.A.S., y en una contestación a una Acción de Tutela, nos respondieron que los contratos entregados son 126 y esto no es verdad. En este asunto se quedaron 21 contratos que desde el 2015 a la fecha no se registró tales contratos para los requisitos formales de entrega en fiducia en garantía. ¿Quién se quedó recibiendo los dineros de 21 contratos que no fueron entregados por el contrato de concesión bajo el esquema APP No. 003 del 5 de marzo de 2015?”, señalaron en su momento en la denuncia.

De esta denuncia no escapa la firma interventora de quien aseguran “se ve un tanto sospechosa” y de la que consideran que “ha sido permisiva y no ha realizado acciones tendientes a vigilar los actos abusivos que se presentan en esta ejecución del contrato de concesión, pues ya en antecedentes tienen que el Grupo Aeroportuario el Caribe ya fue sancionado por más de tres mil millones de pesos en la demora de ejecución de las obras en el aeropuerto ‘Ernesto Cortissoz’, y con ello el detrimento económico que nos han causado por la mala administración del aeropuerto con ocasión de la ejecución de un contrato con las irregularidades e ilegalidades”.

¿Convirtieron el aeropuerto en una E.S.P.?

Adicionalmente, un hecho igualmente grave que se ha venido registrando en desarrollo de la concesión se relaciona con la prestación y cobro del servicio de energía eléctrica.

“El contrato señaló un plazo de 6 meses a partir del inicio del mismo (15 de mayo de 2015) para individualizar cada uno de los contratos de arrendamientos, pero tampoco lo hicieron y comenzaron a cobrar el servicio de energía actuando como una Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios (E.S.P.)”, anotó.

Esta situación fue puesta en conocimiento de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) por parte de Milena Buelvas Peña, y en respuesta a ello la entidad advirtió lo siguiente:

“Es preciso indicar que los servicios públicos domiciliarios se encuentran regulados, es decir que, quien desarrolle una actividad de prestación de un servicio público domiciliario deberá cumplir con las normas correspondientes. Como ejemplo de lo anterior, para el caso del servicio de energía eléctrica, si se establece que el Grupo Aeroportuario dl Caribe S.A.S., realiza la actividad de comercialización de dicho servicio, sin cumplir con las disposiciones aplicables (Ley 142 y 143 de 1994 y Resolución CREG 156 de 2011 entre otras) puede estar incurso en un comportamiento irregular.

“Sobre este punto es dable señalar que la facturación del servicio de energía eléctrica debe ser realizada por el comercializador, y dicha factura debe cumplir con los requisitos señalados en la Ley, de igual manera, los usuarios tienen derecho a la medición de sus consumos, a presentar peticiones, quejas y reclamos a los comercializadores, a recibir un servicio en condiciones de calidad y continuidad, entre otras prerrogativas, si una persona desarrolla actividades de prestación del servicio, bien sea facturación, suspensión, recepción o resolución de PQRS, sin que medie contrato de servicios públicos, y sin cumplir con los requisitos señalados en la ley y regulación, puede ser sujeto de las acciones de inspección, vigilancia y control de esta SSPD”.

No está registrado como prestador de servicios públicos

Así las cosas, la Superservicios advirtió que los hechos denunciados con los correspondientes soportes (facturas de cobro del servicio de energía eléctrica, contrato de arrendamiento) “son objeto de actual análisis a fin de verificar si existe el desarrollo de una actividad de prestación de servicios públicos domiciliarios por parte del Grupo Aeroportuario del Caribe S.A.S, en el evento de evidenciar una conducta contraria al régimen de servicios públicos, esta entidad podrá adelantar las acciones de control correspondientes, las cuales pueden terminar en una eventual sanción al tenor de lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley 142 de 1994”.

De igual manera, serán objeto de vigilancia las actuaciones del comercializador del servicio de energía eléctrica que haya registrado la frontera comercial ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales -ASIC- y del Operador de Red -AIR -E-, “a fin de verificar el adecuado cumplimiento de las normas a las cuales se encuentran sujetos en el desarrollo de sus actividades”.

En esencia, la SSPD advirtió que “el Grupo Aeroportuario del Caribe S.A.S, no se encuentra registrado como prestador de servicios públicos en el RUPS, a la fecha no es un sujeto vigilado por la SSPD y no paga ningún concepto por cobro de servicios ante esta entidad. No obstante, como se señaló anteriormente, esta SSPD verificará las actuaciones objeto de denuncia, y en el evento de encontrar que el Grupo Aeroportuario del Caribe S.A.S realiza actividades de prestación de un servicio público domiciliario, se tomarán las acciones correspondientes”.

En represalia a todo ello a una de las denunciantes, Milena Buelvas Peña, le suspendieron los servicios de energía y agua desde el mes de diciembre de 2020.

La gran tortura para los usuarios

Toda esta situación de la que deben responder el concesionario, el interventor, la ANI y la Ministra de Transporte, paradójicamente barranquillera (Ángela María Orozco) ha generado toda una tortura para los usuarios del aeropuerto.

Lo que se creía pudiera ser la gran solución tras la nefasta experiencia con el anterior concesionario, Aeropuertos del Caribe (1997 – 2012), de la que formaron parte los denominados ‘prohombres’ de Barranquilla, ha resultado ser un verdadero desastre de alto vuelo.

Ello se refleja en las pésimas condiciones para la atención de los pasajeros que usualmente utilizan el ‘Ernesto Cortissoz’ y que no ven la forma como se ha ejecutado la inversión de los $610 mil millones.

Las quejas por esta situación son permanentes

“Para entrar a Barranquilla de fuera del país puedes demorarte hasta dos horas en una cola. Aterrizamos a las 12 del mediodía y encontramos un vuelo que llegó a las 11:30 am y todavía ese vuelo está en inmigración y no han comenzado con el nuestro. ¡Qué locura! De la primera cola se pasa a la segunda. ¡Qué locura!”, comentó a Zona Cero un usuario a quien recientemente le tocó vivir tamaña tortura.

Describió esa situación como si una persona estuviera en una terminal callejera de buses intermunicipales. Aunque dijo que estas terminales callejeras funcionan mejor que la del ‘Ernesto Cortissoz’.

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Director general de Lachachara.co y del programa radial La Cháchara. Con dos libros publicados, uno en producción, cuatro décadas de periodismo escrito, radial y televisivo, varios reconocimientos y distinciones a nivel nacional, regresa Rafael Sarmiento Coley para contarnos cómo observa nuestra actualidad. Email: rafaelsarmientocoley@gmail.com Móvil: 3156360238 Twitter: @BuhoColey
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