Si los gobiernos colombianos de los últimos 100 años no hubieran concentrado todo el poder en Bogotá hasta convertir el país en un Estado macrocefálico, hoy no pasaría nada con la destitución del alcalde de la capital, Gustavo Petro Urrego.
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Gustavo Petro, destituido Alcalde Mayor de Bogotá.[/caption]
Simplemente Petro Urrego interpondría los recursos de rigor, lo cual en su caso parece que es un ‘pataleo de ahogado’, y se pensaría en su reemplazo sin mayor trauma, en la antesala de un año electoral (Congreso de la República en marzo, y Presidente y Vicepresidente de la República en mayo).
Pero, no. Colombia fue sacudida este lunes como por un sisma, tras la decisión fulminante del Ministerio Público, que lidera el conservador de ultraderecha Alejandro Ordóñez, quien desde hace rato le tenía ojeriza a Petro, un dirigente de izquierda, que fue miembro activo del extinto grupo guerrillero M-19. Petro fue un guerillero amnistiado, luego de pasar por la cárcel.
Hoy Bogotá, con casi ocho millones de habitantes y con una economía más fuerte que la de varios países latinoamericanos, está a la deriva administrativamente.
Petro Urrego fue destituido e inhabilitado por 15 años. La drástica decisión fue tomada por Ordóñez, quien, según su concepto, halló al mandatario de la capital colombiana responsable del caos en la recolección de basuras, un lío que se presentó en diciembre de 2012 cuando el Alcalde cambió el modelo que venía operando. Durante casi una semana la ciudad estuvo inundada de basuras.
Petro tiene derecho todavía a un recurso de reposición ante la misma Procuraduría, que deberá ser resuelto en un plazo que normalmente dura entre 30 y 40 días, que se cuentan a partir del tercer día de que el destituido sea notificado de la decisión.
En menos de dos años, Ordóñez ha descabezado de un plumazo a dos alcaldes de Bogotá, y por coincidencia, de la misma filiación ideológica. En mayo del 2011, la Procuraduría también tumbó al entonces alcalde Samuel Moreno Rojas por omisión en la vigilancia de la ejecución de contratos de las obras de la fase III de TransMilenio.
Moreno Rojas, quien siempre ha negado los cargos, está en prisión desde septiembre del 2011 y actualmente se encuentra acusado dentro del proceso del carrusel de contratos.
¿Puede un funcionario destituir e inhabilitar por tanto tiempo a un alcalde elegido por voto popular?
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Alejandro Ordóñez, Procurador General de la Nación[/caption]
Esta pregunta será motivo ahora de enorme discusión. De hecho, el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, quien se encontraba con Petro en el momento en que trascendió la noticia, dijo que el Gobierno Nacional no compartía esta decisión, que la “lamentaba” y que de inmediato el Ejecutivo tendría como propósito hacer una reforma constitucional para recortarle estos poderes al Ministerio Público.
Se determinó que el Alcalde libre y consciente ordenó entregarle el servicio de aseo a dos entidades sin ninguna experiencia. También el Procurador tuvo en cuenta la deliberada compra de carros compactadores, que no cumplían los requisitos.
Pero, a juzgar por la Procuraduría, le dio orden al entonces gerente del Acueducto y asumió la decisión de cambiar el servicio de aseo a pesar de que conocía de que el acueducto era incapaz de prestar el servicio.
La Procuraduría determinó en «grado de certeza» que Petro implementó un nuevo modelo de aseo por fuera de la ley. Se demostró en la investigación que se vulneró la libre competencia. “Él (Petro) sabía que sus decisiones eran irregulares».
La reacción de Petro no deja lugar a dudas: “Es un golpe de Estado sobre el gobierno progresista de Bogotá”, señaló de inmediato en su cuenta de Twitter.
La destitución del Alcalde de Bogotá es un golpe a la yugular contra los movimientos de izquierda que se agrupaban alrededor de Petro, y que aspiraban a lograr varias curules tanto en Senado como en Cámara en las elecciones de marzo próximo.
El golpe, así de un sopetón, es difícil de entender por parte de los simpatizantes de estos movimientos, pues se trata de una decisión por una causa tan lejana, que puede ahora sacar a Petro, y al grupo que representa, del juego político durante tanto tiempo.
Sin embargo, Ordóñez, un hombre inflexible en la toma decisiones, cree que hubo riesgo para la vida de las personas durante el tiempo en el que los desechos estuvieron regados por las calles.
Ordóñez considera que la determinación intencionada de Petro “quedó evidenciada en las precisas instrucciones que le dio al entonces gerente del Acueducto de Bogotá, Diego Bravo Borda ( también destituido por decisión de la implacable Procuraduría en los meses de julio y agosto de 2012), así como en sus intervenciones en múltiples actos públicos y oficiales, donde asumió como suya la decisión de que un nuevo operador público prestaría el servicio de aseo en el cien por ciento de la ciudad, a pesar de que conocía que el Acueducto de Bogotá y la empresa Aguas de Bogotá eran totalmente incapaces de prestar el servicio de aseo”.
Para Ordóñez, “se determinó que el señor alcalde mayor de Bogotá de manera libre, consciente y voluntaria, ordenó asignarle la prestación del servicio de aseo a dos entidades sin ninguna experiencia, conocimiento y capacidad”.
En defensa de Petro
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Manifestaciones en defensa de Petro se presentan ahora en la Plaza de Bolívar y en en otras ciudades, como Bucaramanga[/caption]
La presidenta del Polo Democrático Alternativo, Clara López Obregón, lamentó la decisión de la Procuraduría de destituir e inhabilitar por 15 años a Petro Urrego.
López Obregón cuestionó el hecho de que un solo funcionario tiene “tanto poder” para destituir a una persona que ha llegado al cargo por una decisión de elección popular.
“Nos parece una facultad excesiva la que tiene el Procurador. Habría que habilitar un tribunal disciplinario para investigar ese tipo de casos”, precisó la candidata presidencial del Polo.
Dijo además que espera que el alcalde Petro recurra a todas las instancias jurídicas para demandar esta determinación.
Igualmente señaló que en su programa presidencial, que está presentando a consideración de los colombianos, se contempla una reforma a la justicia, dentro de la cual se prevé reemplazar a la Procuraduría por un Tribunal Disciplinario pluralista así como a la Contraloría General de la República por un Tribunal de Cuentas para que haya mayor equidad y equilibrio en las decisiones.
El representante a la cámara por el Polo, Iván Cepeda, manifestó en la red social: «Manifiesto enfático rechazo a destitución e inhabilitación por 15 años al alcalde @petrogustavo. Nuevo golpe a democracia del procurador».
El exsecretario de Gobierno Guillermo Asprilla rechazó también la decisión: «La infamia está consumada. La democracia queda en manos del pueblo».
El concejal liberal, Miguel Uribe Turbay, quien ha mostrado su oposición a la alcaldía de Petro estuvo de acuerdo con la decisión. “El fallo del Procurador demuestra lo que muchos advertimos y fue la improvisación, arbitrariedad y el desconocimiento de la ley de Petro cuando emprendió la implementación del modelo de basuras. La ley es para cumplirla y Petro no puede pretender saltarse la ley”, declaró.
El concejal de La U, Orlando Parada, afirmó que la decisión se veía venir: “La pregunta era cuándo lo iban a destituir. Cualquier funcionario público tiene que entender que está gobernando dentro de un marco legal y disciplinario. Petro puede defenderse, pero no es posible que llame a la ciudadanía a protestar”.
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