Hay ya constituidos organismos para tal efecto, con la presencia de representantes de vigilancia y control. ¿Y la sociedad civil?
Por Fabio Monroy Martínez, Chacharero
Alejandro Ordóñez, Procurador General, presidió el encuentro con voceros de los partidos colombianos y el Instituto Nacional Demócrata, de Estados Unidos.
Apenas lógico. Sin considerar debidamente a las víctimas del conflicto armado colombiano, producto de la violencia fratricida en la que nos encontramos, y sin asignar recursos apropiados con el fin de resarcir los perjuicios que han sufrido más de cinco millones de seres humanos, el hablar de paz no pasaría de ser mera utopía.
Palmaditas en la espalda y perdones ofrecidos por parte del gobierno central en cumplimiento a mandatos proferidos mediante sentencias condenatorias de la Corte Constitucional, no son suficientes.
Gobernadores y Alcaldes tienen el reto de plasmar en sus planes de desarrollo partidas suficientes encaminadas a lograr la restauración de los derechos y por ende de su integridad como personas de quienes, por el solo hecho de existir, han engrosado el listado ignominioso de las víctimas en Colombia y que han perdido todo, hasta su felicidad y sus sonrisas.
¿Qué hacen mujeres tan lindas echando plomo en el monte cuando deberían estar sirviéndole al país desde otros escenarios de la democracia? ¡No hay derecho para que desperdicien sus vidas y sus encantos!
La paz inicia y culmina, definitivamente, en, por y para las víctimas en especial. De otra manera sería otro fracaso más de un proceso de paz llevado a cabo entre dos partes, de las tantas en confrontación, sentadas en una mesa coja que padece de soportes endebles.
Unidad de Víctimas, Procuraduría y el NDI
La Unidad para las Víctimas en asocio con el Instituto Nacional Demócrata de Estados Unidos (NDI, sigla en inglés), lograron reunir en un solo espacio a las diversas tendencias políticas colombianas con el fin de reflexionar sobre la urgencia de incorporar en los planes de desarrollo el enfoque diferencial sobre la población víctima de los enfrentamientos entre el ejército regular del Estado y las fuerzas insurgentes del país.
Alianza Verde, Partido Liberal, Partido Conservador, Partido de la U, Opción Ciudadana, Alianza Social Independiente (ASI), entre otros partidos, estuvieron representados en la presentación del documento titulado: “Orientaciones para la incorporación estratégica de la política pública de víctimas y restitución de tierras en los planes territoriales de desarrollo 2016-2019”.
Documento interesante que recoge pautas claves en dicha aplicación de ésta política que más de gobierno debe convertirse en política de Estado. Para que tenga continuidad por mandato de ley y sea norma de normas para gobernaciones, alcaldías y todo otro organismo que represente al Estado colombiano.
Por su parte, la Procuraduría General de la Nación, en su circular 001 de fecha 26 de enero de 2016, cuyo Asunto predica:
“Directrices para el adecuado cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley 1448 de 2011 y el Decreto 2460 de 2015, particularmente las relacionadas con la aplicación de los principios de coordinación, concurrencia, complementariedad y subsidiaridad”,
Reitera, entre otros aspectos: “Primero: Las entidades territoriales deberán cumplir, entre otras funciones, las de:
- a)Incluir dentro de la parte estratégica de los Planes Territoriales de Desarrollo los programas y metas de la política pública para las víctimas. También deben establecer dentro del Plan Operativo Anual de Inversiones (Poai) y el Plan Plurianual de Inversiones los recursos con los cuales se financiarán y ejecutarán dichos programas y demás disposiciones en materia de prevención, protección. Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado.
- b)Diseñar el Plan de Acción Territorial para la Atención y Asistencia y Reparación Integral de las Víctimas (PAT) en consonancia con el Plan de Desarrollo Territorial, el Plan Operativo Anual de Inversiones (Poai) y del Plan Nacional de Desarrollo. El PAT debe especificar los programas, proyectos, metas y recursos anualizados de la entidad territorial para garantizar el goce efectivo de los derechos de las víctimas. Dichas metas y recursos serán indicativos para los cuatro (4) años siguientes a la adopción del PAT.
El Plan de Acción Territorial (PAT) debe articular los demás planes que desarrollen los componentes de la política pública dirigida a las víctimas, tales como el Plan de Retornos y Reubicaciones, el Plan de Reparación Colectiva, Plan de Prevención, el Plan de Contingencia, el Plan de acción contra Minas Antipersonas y el Plan Operativo de Sistemas de Información”.
Retornando a la Unidad de Víctimas, nos parece acertado y oportuno el llamado a los mandatarios regionales y locales (Gobernadores y Alcaldes) que, por conducto de sus colectividades, ha hecho con tal de incorporar estos aspectos importantísimos e indispensables, de política pública con enfoque de víctimas, en la concreción y consecución de la tan anhelada y esquiva paz de Colombia.
La sola firma de los acuerdos de paz de La Habana constituye un peldaño en la escalera que nos conduce a la paz territorial, los demás se fundamentan en la consolidación de la cultura de paz y no violencia desde las esquinas, los bordillos, los patios, salas, comedores y habitaciones de cada uno de nuestros hogares, así como en los lugares de trabajo, universidades y demás centros urbanos rurales donde nos reunamos a compartir experiencias alentadoras en busca de una paz sostenible y sustentable en el tiempo con respeto y valoración cultural de todas nuestras expresiones culturales, raizales, políticas, sociales y hasta religiosas.
¡Ah! Y una advertencia inevitable, hay que estar alerta a los oportunistas de siempre que están agazapados a la espera de cualquier espacio para salir con falsas instituciones de asesoría para la paz en la sociedad civil, como ha ocurrido (y sigue ocurriendo) en distintas alcaldías y sus institutos descentralizados, en donde hay contratos de asesoría para el buen caminar de los peatones, o el que se hizo alguna vez para “lavar los árboles y bañar sus hojas contra la ‘pajarita’, el comején y las ratas”. ¡Ratas fueron las que firmaron esos contratos!
