Imputaciones de la Fiscalía, terrible impopularidad, reformas criticadas y crecientes protestas callejeras le mueven el endeble piso político al presidente carioca.
Lexander Loaiza Figueroa @Lexloaiza
Después de una accidentada llegada al Palacio de Planalto, tras el desalojo que el Poder Judicial le perpetró a Dilma Rousseff, Michel Temer había sorteado toda clase de escándalos y suspicacias para tratar de establecer un gobierno más o menos manejable.
Pero en 2017 todo el terreno ganado se perdió. La última semana de junio, Temer fue acusado formalmente por la Fiscalía General de “peculado pasivo”, al supuestamente recibir 150 mil dólares de uno de los dueños de la compañía cárnica JBS, involucrada en tantos escándalos de corrupción como la gigante de la construcción Odebrecht.
Profundamente impopular (su apoyo se ubica apenas en un 7%), Michel Temer llegó a la presidencia no por los votos, sino por designación constitucional tras la sentencia del Supremo Tribunal Federal que le impuso a Dilma Rousseff, de quien Temer era vicepresidente por coalición partidista.
Tras el tumultuoso episodio de su llegada al poder hace poco más de un año, Temer había logrado cierta tranquilidad al mando del país durante unos meses. Pero el infierno para él se desató el pasado 17 de mayo cuando se hizo pública una grabación donde se ve al presidente avalando el pago de un soborno al ex parlamentario Eduardo Cunha, hoy preso por delitos de corrupción.
En la acusación, el Fiscal General pide que Temer sea condenado a pagar una multa de unos 3 millones de dólares. También exige la apertura de otra investigación contra el mandatario y el empresario de alimentos, por estar presuntamente vinculados en otro esquema de corrupción en el sector portuario.
Pero la tormenta no para allí. Estas acusaciones, las más serias que ha enfrentado Temer en su año de Gobierno, lo sorprenden en un estado de indefensión provocado por la fractura del entramado político que lo sostenía.
Según el análisis publicado por la periodista brasileña Telma Luzzani, los socaldemócratas, la banca, el conglomerado de noticias de O’ Globo y otros sectores empresariales, le han dado la espalda al Mandatario caído en desgracia.
Paralelamente, la Cámara de Diputados recibió del TSF la denuncia de corrupción que pesa contra el mandatario con el propósito de que sea estudiada.
En caso de que la acusación sea apoyada por al menos 342 de los 513 diputados, ésta será devuelta al alto tribunal que tras un debate en su propio pleno de once miembros, decidirá si finalmente instaura el juicio contra Temer, quien en ese caso sería suspendido del poder durante los 180 días que duraría el proceso. Irónicamente, el mismo proceso que le permitió llegar a la presidencia en 2016.
Lo único que podría mantener a Temer, según Sylvio Costa, director del portal político Congresso em Foco, es que la corrupción en Brasil es un cáncer que ha hecho metástasis en la clase política, ya que más de la mitad de los parlamentarios está involucrada de forma directa o indirecta en escándalos relacionados a este tema. No obstante, en este escenario también hay fracturas, con la renuncia intempestiva de jefe de grupo de la Cámara Alta del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, el senador Renan Calheiros.
En la calle Temer tampoco la tiene fácil. Su gran impopularidad se manifiesta con protestas en su contra y le torpedean el camino para introducir polémicas reformas como la laboral y el sistema de jubilaciones. Este 30 de junio, comenzó en todo el país un paro general convocado por las centrales sindicales, que se concretó en suspensión del servicio de transporte público y bloqueo de grandes avenidas en las principales ciudades.