Tanto el gobernador Wilmer González Brito, como el alcalde distrital de Riohacha, Fabio Velásquez Rivadeneira, se encuentran en la cárcel de La Picota en Bogotá, sujetos a procesos legales y generando una situación inédita en el departamento peninsular.
Lexander Loaiza Figueroa @Lexloaiza
Cohecho, falsedad en documento público, corrupción al sufragante y fraude procesal, son los cuatro delitos que le imputaron al gobernador de La Guajira, Wilmer González Brito, y que la noche de este viernes 17 de febrero lo enviaron a la cárcel bogotana de La Picota.
Los ánimos estaban caldeados en la Sala de Justicia de Bogotá, hasta donde una gran cantidad de seguidores de González Brito había llegado desde La Guajira en autobuses para apoyar al mandatario, electo a través de elecciones atípicas realizadas el pasado 6 de noviembre y en las que logró poco más de 99 mil votos.
El magistrado Orlando Muñoz Neira, para calmar la exaltación que entre los correligionarios venidos desde La Guajira produjo el anuncio de cárcel para el gobernador, explicó que la decisión era necesaria debido a la configuración de los delitos que había cometido González Brito según la exposición de la Fiscalía.
Para el togado, el mandatario guajiro debe permanecer privado de libertad debido a que su permanencia frente a la gobernación de La Guajira “constituye un riesgo” por el peligro de que lo conseguido hasta ahora en la investigación se pueda perder.
El magistrado insistió en criticar la entrega de mercados que según la Fiscalía, hubo por parte de la campaña de González Brito en la elección. Aseveró que era una dádiva con toda la intención de condicionar el voto. El ente acusador sostuvo que se distribuyeron mercados, tejas, cemento, material para fabricar artesanías y hasta chivos, con el fin de que habitantes de zonas rurales votaran por el entonces candidato.
El gobernador Wilmer González Brito fue enviado a la cárcel de La Picota donde ya se encuentra desde hace dos semanas el alcalde distrital de Riohacha, Fabio Velásquez Rivadeneira, por la presunta comisión de delitos vinculados a la corrupción en la contratación de servicios de alimentación escolar.
Esto quiere decir que se plantea una situación inédita para La Guajira, ya que por primera vez, tanto su gobernador como el alcalde de la capital electos por votación popular, se encuentran detenidos y separados de sus cargos al mismo tiempo.
La operación denominada ‘Bolsillos de Cristal’, que lleva a cabo la Fiscalía General de la Nación, y que persigue en este departamento los casos de corrupción vinculados principalmente a los programas sociales dirigidos a la población vulnerable, tiene en el banquillo de los acusados a varios ex gobernadores, ex alcaldes y contratistas.
Del otro lado, grupos de opinión e intelectuales de La Guajira se han mostrado recelosos con la iniciativa que se ha gestado desde el Gobierno central y que ha contado con el apoyo de diversas instituciones del Estado.
Uno de los grupos de opinión que ha reaccionado es el llamado ‘La Guajira somos Todos’, que emitió a finales de enero un comunicado en el que solicitaron al Fiscal General Néstor Humberto Martínez Salcedo, dé resultados de varias investigaciones por corrupción que se han conocido a nivel nacional y sobre las cuales no ha habido pronunciamiento.
Preguntaron al Fiscal General, informe sobre los 114 mil millones de pesos apropiados por la Fundación de la Democracia, vinculada a la familia Galán; sobre el caso del robo a la educación en Córdoba, donde según el documento está vinculado del senador Benedetti; además de los casos de Reficar, los 1.200 millones de pesos localizados en el apartamento del senador Roy Barreras.
La crispación de los ánimos contra el Poder Judicial, también ha dominado las opiniones de dirigentes políticos e intelectuales que incluso han renovado las inquietudes secesionistas de La Guajira a la que no han dudado en llamar desde ya “república independiente”.