Aunque en los últimos años se ha registrado un fuerte incremento del porcentaje de acceso a este nivel de preparación académica, la brecha sigue siendo gigantesca para un país que aspira ser “el más educado”.
Lexander Loaiza Figueroa @Lexloaiza
Uno de los más grandes desafíos que tiene la sociedad colombiana para desmantelar el discurso populista de algunos dirigentes, es el de la desigualdad social. Ya lo dijo la cantante Shakira en una rueda de prensa realizada en 2016 en la ciudad de Barranquilla. “La verdadera paz solo se logra con equidad”, repitiendo así la tesis de muchos sociólogos y analistas sobre la perdurabilidad y viabilidad del proceso firmado por el gobierno con las Farc.
En los últimos diez años, la cobertura de la educación superior en Colombia se ha incrementado en 20 puntos porcentuales, una cifra nada despreciable que va desde el 31,6 en 1.997 al 51,2 por ciento del año pasado, según las cifras presentadas por el Ministerio de Educación Nacional en su informe anual.
Pero si bien la matrícula en educación superior ha tenido un importante crecimiento en términos generales, la desigualdad sigue siendo enorme si se compara entre los ámbitos urbano y rural de nuestra sociedad.
En el año 2016, sólo el 1 por ciento de la matrícula general fue asignada a estudiantes provenientes del campo, ámbito que sigue siendo el principal foco de pobreza para nuestro país.
En un esfuerzo para disminuir esta brecha se creó el programa “Ser Pilo Paga”, que busca democratizar el acceso a la educación superior en base al talento y habilidad demostrados por el aspirante. Sin embargo, los escándalos originados por el registro irregular de estudiantes que presuntamente no llenan los extremos legales a nivel socioeconómico para ingresar al programa, o el hecho de que en la práctica el programa ha beneficiado más a las universidades privadas que las públicas, han ensombrecido las bondades de la iniciativa gubernamental que se comenzó en el año 2015 con un presupuesto aproximado de 155.000 millones de pesos y poco más de 9.000 cupos disponibles.
Además de la cobertura, el otro grave problema que afronta la educación superior en Colombia es la financiación. Según un boletín de prensa emitido por la Cámara de Representantes, las universidades públicas han manifestado estar en una crisis financiera por cuenta de un hueco fiscal que alcanza los 434.874 millones de pesos.
La financiación disponible por cuenta de los mismos estudiantes aparentemente tampoco ha dado los resultados esperados. Al menos es lo que sostiene Andrés Salazar, secretario general de la Federación de Estudiantes Universitarios. Para el dirigente estudiantil, el hecho de que el Icetex funcione más como un banco que como un gestor que facilite el acceso a la educación superior no resuelve el problema de fondo de la inequidad en la asignación de los cupos universitarios: la pobreza. “Más allá de garantizar el acceso a la educación y promover la movilidad social, termina endeudando a los jóvenes y a sus familias”, sentencia.
Lo que analizarán esta semana en Bogotá
Estos temas se analizarán en el foro ‘Financiación y acceso: desafíos de la educación en Colombia’, este 15 de febrero en Bogotá, encuentro organizado por Foros Semana y la Cámara de Representantes.
En el foro participarán Rodrigo Lara, presidente de la Cámara de Representantes; Natalia Ruíz, viceministra de Educación Superior; Mauricio Alviar, rector de la Universidad de Antioquia; Ricardo García, rector Universidad Distrital Francisco José de Caldas; Adriana Gaviria, directora ejecutiva de Fullbright Colombia; Daniel Alscher, jefe de la Sección de Cooperación Cultural, Educativa y Científica; Roberto Zarama, profesor de la Universidad de los Andes; Daniel Torres, representante de la Asociación de Deudores del Icetex; Andrés Salazar, secretario general de la Federación de Estudiantes Universitarios; Víctor Malagón, asesor de Colombia Científica; entre otros.