La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla revela que Jorge 40 y Mancuso saldrían de esa jurisdicción y pasarían a justicia ordinaria por incumplir su palabra.
Por Rafael Sarmiento Coley
Magistrados de Conocimiento de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla confirmaron este viernes en el marco del Informe de Gestión 2016-2017, que lo más seguro es que el extraditado exjefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo (alias ‘Jorge 40’), salga del proceso de justicia y paz y, por lo tanto, se alargue bastante su permanencia en cárceles de Estados Unidos.
En la misma situación estarían Salvatore Mancuso Gómez y otros 12 exjefes paramilitares cuyos nombres no fueron revelados.
El magistrado Gustavo Aurelio Roa Avendaño, de Conocimiento de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, confirmó que, en efecto, ese proceso está en marcha, y todo parece indicar que no tiene reversa.
El encuentro de la rama judicial de Barranquilla y el Atlántico se llevó a cabo en el auditorio principal de Comfamiliar sede norte (antiguo Club Alemán).
Como expositores estuvieron, el magistrado Roa Avendaño; Ayda Luz Campo Pernett, jueza 12 administrativo y coordinadora de los Juzgados Administrativos del Circuito de Barranquilla, y el ingeniero Alfredo Hadechini Munive, director ejecutivo seccional de la Administración Judicial.
Claudia Regina Expósito Vélez, presidenta del Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico; Juan David Morales Barbosa, vicepresidente del Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico; Luis Felipe Colmenares Russo, presidente del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla; Judith Romero Ibarra, presidenta del Tribunal Contencioso Administrativo del Atlántico, y José Duván Salazar Arias, presidente de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria Seccional Atlántico.
Una carta no publicada
Luis Felipe Colmenares Russo.
El magistrado Luis Felipe Colmenares Russo dedicó más de media hora de su intervención a quejarse porque cierto sector de la prensa ‘aplaude’ al juez cuando condena, pero lo sataniza cuando falla a favor del acusado, cualquiera sean las circunstancias, y sin tener en cuenta que en la rama judicial hay tareas divididas y demarcadas con plenitud. Hay organismos de inteligencia que se encargan de recoger las pruebas. Tarea específica de la Fiscalía. Un agente del Ministerio Público se encarga de supervisar que haya cabal aplicación de justicia. Y el juez que condena o absuelve, de conformidad con la contundencia o defecto de las pruebas.
Lamentó que en tal sentido, ante casos evidentes al respecto registrados hace varios años en un diario local, “envié una carta al entonces Director (quien hoy goza del dorado exilio de la diplomacia), y jamás me la publicó. Por eso hoy me voy a permitir leerla en este auditorio”. Y la leyó completica, para martirio de Reynel Beleño Quiroz, director de Comunicaciones de las Altas Cortes, quien comenzó por mostrarle el reloj en repetidas veces. Cuando vio que ese recurso no funcionaba, sacó una tarjeta verde que decía, alerta, tiempo por vencerse. Después una amarilla “Doctor, se pasó 10 minutos de su tiempo”. Y por último, la que saca el árbitro cuando un jugador se pasa de piña, le sacó la roja: “Doctor, lo siento, se pasó 20 minutos y hay 15 oradores esperando”.
Justicia Caribe, cojea
Magistrado Gutavo Aurelio Roa Avendaño.
En el informe de Gestión de la Rama Judicial de Barranquilla y el Atlántico las cifras sobre la eficiencia con tan poco recurso humano y limitado presupuesto, consagra una loable tarea de los servidores de la justicia en esta sección del país.
Sin embargo, los propios administradores de la justicia en esta sección del país se quejan de la sobrecarga de trabajo por falta de personal especializado. No hay presupuesto.
Lo más grave de todo esto es que Atlántico, Barranquilla y la Costa Caribe colombiana perdieron de manera paulatina pero brutal todo el peso específico que tenían en las Altas Cortes, cuando se daban el lujo de contar hasta con 5 de los nueve magistrados de la Constitucional, con 8 de los 23 de la Corte Suprema, y algo parecido en los 34 integrantes del Consejo de Estado y en el Consejo Superior de la Judicatura.
Ya eso es historia del pasado. ¿Causas y efectos? Varios de los funcionarios locales se quejan del poco peso político que la Costa Caribe tiene en estos momentos en un país centralista hasta la médula. Otra de las posibles causas es que los magistrados de los tribunales administrativos y superiores, de donde salen los candidatizables para las Altas Cortes, se dedicaron a la tarea local, sin un trabajo de fondo, con especializaciones, estudios internacionales, que proyectara un perfil idóneo para llegar a los niveles superiores.
Pudo haber influencia de uno que otro magistrado indecente que dejó mal parada a la región. Sin embargo, más corrupción se denuncia en los tribunales de Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, para no citar más que los que mantienen la sartén por el mango. Y al tener control sobre las Altas Cortes, ni bobos que fuera, se quedan con la mayor partida del ponqué presupuestal, con lo que pueden contar con mayor recurso humano y mejor preparado para irlo proyectándo para el torniquete giratorio: un paisa que sale por aquí, y otro antioqueño que entra por acá. Paisas, boyacos y bogotanos, tienen la trinca para despacharse con el 90% la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Consejo de la Judicatura.
Reynel Beleño Quiroz y Rafael Sarmiento Coley.
Hoy en la Constitucional no hay un solo costeño. El poder allí se lo tomó una trinca tan diabólica como traviesa integrada por antioqueños y boyacenses. En la Corte Suprema de Justicia, de los 23 Magistrados, hay solo dos costeños: el cordobés (de Ayapel), Luis Gabriel Miranda Buelvas y el valduparense Aroldo Quiroz Monsalvo.
De los 34 miembros del Consejo de Estado a duras penas pisan las salas de ese alto tribunal 3 costeños: el banqueño Álvaro Namen Vargas (sobrino del compositor Camilo Namén Rapalino), el monteriano Germán Bula Escobar y el cartagenero Carmelo Perdomo Cuéter. Eso es todo. En materia presupuestal, Bogotá, Cundinamarca, Boyacá y Antioquia se tragan el 80 por ciento del presupuesto nacional del poder judicial. El 20 por ciento restante para la periferia. Lo que significa que la Costa Caribe, con el 28% de la población del país y un valioso aporte al Producto Interno Bruto (PIB), a duras penas muerte un 10% del presupuesto nacional de la Rama Judicial. Así es difícil que haya estímulo en la rama judicial para que haya abogados que decidan hacer la fila india para dar el salto de un tribunal local a una de las Altas Cortes.
