Declaraciones y versiones de los miembros del esquema de seguridad del miembro de la UP no coinciden, señaló el ente investigador. Familiares de las víctimas acusan a la ultraderecha, que sigue matando gente. Por Chachareros/EFE(CaracolTv/CaracolRadio*
Bernardo Jaramillo Ossa fue asesinado hace 27 años en el Puente Aéreo de Bogotá por Andrés Arturo Gutiérrez, que en ese entonces tenía 17 años, y cuando el político se disponía a viajar a Santa Marta.

El candidato presidencial de la Unión Patriótica (UP), Bernardo Jaramillo (centro de suéter azul), aparece con su esposa la barranquillera Mariela Barragán, la actual ministra del Trabajo Clara López Obregón y su esposo el samario Carlos Romero.
La Unidad de Análisis y Contexto del ente acusador abrió investigación penal contra 15 miembros del esquema de seguridad del entonces candidato, entre los que están integrantes del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), miembros del esquema de seguridad y avanzada de la Policía Nacional, dos conductores e incluso personal asignado por la misma Unión Patriótica a la seguridad del candidato presidencial.
La resolución fue notificada a la esposa Jaramillo, la abogada barranquillera Mariela del Socorro Barragán.
Según la investigación de la Fiscalía, el magnicidio tiene similitudes con los asesinatos de otros líderes de izquierda, y empezará a llamar en los próximos días a cada uno de los escoltas.
Investigación en caliente

Mariela Barragán fue notificada por la Fiscalía sobre los avances positivos de las investigaciones por el magnicidio de su esposo.
La notificación fue hecha, por el fiscal que lleva el caso, a María del Socorro Barragan. Al cumplirse 27 años del asesinato del entonces candidato presidencial por la Unión Patriótica, Bernardo Jaramillo Ossa, la Fiscalía abrió investigación contra todo el esquema de seguridad que tenía Jaramillo Ossa.
Se trata de 15 hombres que trabajaban en el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) que corresponden a miembros del esquema de seguridad y avanzadas de la Policía. También a los dos conductores y un grupo de personas que fue asignado por la Unión Patriótica.
La notificación fue hecha, en las últimas horas, por la fiscalía a la viuda, María del Socorro Barragán.
Hace dos años, la Fiscalía declaró que el asesinato de Jaramillo Ossa era un crimen de lesa humanidad para que no prescriba y prosiguiera la investigación, así como el homicidio de los otros 33 miembros de la UP que fueron exterminados. Fueron 34 ataques a la UP
Todos estos crímenes fueron cometidos entre los años 1986 y 1996, periodo del genocidio contra la UP y al declararlos de lesa humanidad se evitará que prescriban porque en algunos casos han pasado más de 25 años, que es el periodo máximo previsto en la ley colombiana.
El vicefiscal general, Jorge Fernando Perdomo, dijo que «se logró determinar que se trata de ataques cometidos por grupos paramilitares, en algunos casos, en asociación con agentes del Estado».
El caso de Jaramillo, asesinado a tiros en Bogotá en marzo de 1990, cuando era candidato a las elecciones presidenciales de ese año, ya había sido declarado crimen de lesa humanidad, condición que ahora se ratifica y se le considera además de guerra.
El senador Pedro Luis Valencia fue asesinado en Medellín en agosto de 1987 y José Antequera corrió la misma suerte en el aeropuerto de Bogotá en marzo de 1989.
Perdomo agregó que estos atentados tuvieron un carácter «generalizado, sistemático y reiterado contra la población civil».
Asimismo, subrayó que tras el «estudio de contexto» se determinó que en este caso «nos encontramos ante delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Delitos de diferente categoría, como homicidios, desaparición forzada y otros como amenazas».
Según el vicefiscal, esta medida, aparte de asegurar que los citados crímenes sean imprescriptibles, permite que otros casos de miembros o simpatizantes de la UP sean considerados crímenes de lesa humanidad o de guerra en el futuro.
Un partido fuerte
El partido Unión Patriótica nació en 1985 con una posición ideológica izquierdista en un momento en el que las Farc negociaban un proceso de paz como una herramienta para hacer política sin armas.
Desde su primera presencia electoral en 1986 la UP obtuvo una notable representación lo que desató que fuerzas paramilitares e incluso agentes de seguridad del Estado iniciaran el asesinato de casi 4.000 miembros del partido, si bien la ONG Reiniciar considera que las víctimas de la organización suman más de 6.000 entre amenazados, desaparecidos, desplazados y asesinados.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoció como «genocidio» ese asesinato de miles de sus militantes.
El pasado mes de mayo la Fiscalía también decretó como crimen de lesa humanidad el asesinato del entonces senador de la UP Manuel Cepeda, padre del actual senador Iván Cepeda.