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En Venezuela lo que ocurrió fue un golpe de Estado

Sin eufemismos, diversos sectores nacionales e internacionales se han pronunciado por las últimas decisiones tomadas por el Tribunal Supremo de Justicia, que disuelven oficialmente a la Asamblea Nacional y le otorga poderes adicionales al ya poderoso Presidente de Venezuela.

Lexander Loaiza Figueroa @Lexloaiza

La decisión tomada en la noche del miércoles 29 de marzo por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela –TSJ-, es ni más ni menos un golpe de Estado perpetrado desde el Palacio de Miraflores (sede del Gobierno) y Fuerte Tiuna (sede del Ministerio de la Defensa), que constituye la demostración más fehaciente de que lo que existe en el país sudamericano no es un gobierno democrático, sino un régimen autocrático y ahora, claramente dictatorial.

Al menos esto es lo que se desprende de las aseveraciones formuladas en las últimas horas por parte de diversos sectores opositores venezolanos y gobiernos de distintas partes del mundo, que ven con preocupación la profundización de la crisis institucional en Venezuela, que se ha venido deteriorando de manera progresiva desde que en diciembre del año 2015, la oposición logró una contundente mayoría en las elecciones parlamentarias de ese momento.

Tras la decisión, Maduro y el sector militar aspiran obtener oxígeno ante el creciente acoso internacional.

Tras la decisión, Maduro y el sector militar aspiran obtener oxígeno ante el creciente rechazo internacional.

Aprovechando su dominio en el Poder Electoral (Consejo Nacional Electoral), el Poder Judicial (Tribunal Supremo de Justicia), el Poder Moral (Fiscalía General de la República y Contraloría General de la República); y en alianza con el estamento militar cuyos miembros actúan en clara parcialidad político-partidista con Nicolás Maduro, el Poder Ejecutivo ha venido maniobrando a través de estos entes para anular cualquier actuación del Poder Legislativo con clara mayoría opositora.

Tras asumir sus curules en enero de 2016, los parlamentarios opositores se concentraron en trabajar en la agenda que había sido su oferta electoral: lograr la libertad de los presos políticos, establecer un cronograma para una salida electoral y constitucional del gobierno de Maduro, lograr cambios sustanciales para detener la crisis económica que afecta al país y recuperar la división de poderes mediante el nombramiento de nuevos cargos en las distintas instituciones del Estado.

A través del TSJ y el Consejo Nacional Electoral, el gobierno izquierdista de Nicolás Maduro desincorporó de la Asamblea Nacional cuatro de los 167 diputados que habían ganado las elecciones en diciembre de 2015. Tres de ellos opositores del estado Amazonas, con lo cual rompió la mayoría absoluta de 112 diputados que la bancada opositora requería para tomar decisiones de manera más expedita. Esta controvertida decisión, que hoy está en un limbo jurídico, mantiene inconstitucionalmente sin representación parlamentaria a un estado del país.

Tras la medida tomada a instancias del Partido Socialista Unido de Venezuela –Psuv-, el TSJ instruyó al Consejo Nacional Electoral averiguar si la elección de los parlamentarios había estado viciada. El CNE tras varios meses de “investigación”, resolvió que no existían elementos suficientes para afirmar irregularidades en la elección de los diputados. Con el informe en sus manos, el TSJ debió inmediatamente devolver a sus curules a los diputados, o en su defecto convocar nuevas elecciones. Pero tras más de un año, no se ha pronunciado al respecto, entorpeciendo la maniobrabilidad de la Asamblea Nacional y favoreciendo con ello la posición del Gobierno.

Ante la omisión del TSJ, la mayoría opositora de la AN resolvió a mediados de 2016 reincorporar a los diputados desbancados de sus curules, argumentando que el TSJ no podía mantenerlos desincorporados, sobre todo tras el informe emitido por el CNE sobre que no hubo irregularidades en su elección y porque es inconstitucional mantener a una región del país sin representación parlamentaria.

Esta es una de las razones principales por las que el TSJ habla de “desacato”, lo que según su opinión, deshabilita a la Asamblea para ejercer sus funciones. En ese contexto, la sentencia 155, emitida en horas de la noche del miércoles 29 de marzo por la Sala Constitucional, entrega todo el poder al Presidente de la República y declara traidores de la Patria a los diputados por solicitar la activación de la Carta Democrática.

Con la decisión del  TSJ, las funciones de la Asamblea Nacional quedan en manos del oficialismo.

Con la decisión del TSJ, las funciones de la Asamblea Nacional quedan en manos del oficialismo.

El fallo no solo usurpa los poderes de la Asamblea Nacional, sino que igualmente concedió al Presidente la facultad de legislar y muy especialmente le señaló las leyes contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, Contra la Corrupción, los Códigos Penal y Procesal Penal y hasta el Código Orgánico de Justicia Militar. Finalmente, le ordenó al Jefe de Estado evaluar el comportamiento de las organizaciones internacionales a las cuales pertenece la República, asomando la posibilidad de que el país se retire de estas organizaciones, en clara alusión a la OEA.

La decisión está aunada a una anterior en la que se anula la figura de inmunidad parlamentaria de los diputados, los convierte en presa fácil de la justicia venezolana, cuya independencia de criterio está más que cuestionada. Todo esto elimina el principio democrático fundamental de división y equilibrio de poderes.

Los parlamentarios opositores convocaron a movilizaciones de calle para rechazar la nueva medida de Maduro.

Los parlamentarios opositores convocaron a movilizaciones de calle para rechazar la nueva medida de Maduro.

Aunque las decisiones del TSJ contra la AN, anulan oficialmente al parlamento, en la práctica esto ya venía ocurriendo. Desde enero del 2016, la organización no gubernamental Transparencia Venezuela contabilizó más de 100 sentencias de los magistrados que según su criterio, estaban dirigidas a obstaculizar las decisiones del parlamento y favorecer al Ejecutivo. El informe denominado Memorial de Agravios del Poder Judicial, es según analistas una de las pruebas fehacientes de que los llamados a diálogo de algunos voceros internacionales son inocuos, frente a un Gobierno, un Poder Judicial y un estamento militar que no respetan reglas democráticas.

 

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Es comunicador social con especialización en el área audiovisual egresado de la Universidad del Zulia (Venezuela). De amplia trayectoria, ha tutelado equipos de periodismo en medios impresos, radiales y televisivos. También ha trabajado para instituciones públicas y privadas ejerciendo periodismo institucional facilitando los flujos de comunicación a nivel interno y con el entorno. A nivel de Periodismo Digital ha ganado valiosa experiencia como generador de contenidos para diversos portales y como Copy Producer para promociones televisivas y usuarios de redes sociales en calidad de Community Manager.
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