
Como todo ser miserable, es mezquino, taimado y fiel como un perrito faldero. Con las más truculentas artimañas quiere hacer aprobar una reforma tributaria ruinosa para las clases media, baja y pensionados.
Por Chachareros
Si en Colombia la Ley fuera para todos, Iván Duque y Martha Lucía Ramírez estarían hoy respondiendo ante los tribunales por inundar todos los espacios abiertos de Colombia de unas gigantescas vallas con clara y descarada publicidad engañosa: Prometen a sus incautos votantes a que voten por esa ‘parejita mentirosa’ que prometen juran y rejuran que “en nuestro gobierno no habrá una sola reforma tributaria. Y por lo visto, de aquí a que terminen su nefasto periodo se habrán acumulado unas cuatro o cinco reformas tributarias, cuál de ellas más miserable para las clases de menor poder adquisitivo.
¡Pura paja! política social de este Gobierno
Total, alejados del discurso de campaña, y que de manera cínica lo sigue repitiendo Duque, de quitarle más, a los que tienen más. Una mentira cretina que ni él mismo se lo cree, porque ni de vainas que Luis Carlos Sarmiento Angulo, los carcamanes del llamado empresariado antioqueño que dominan las envainadas EPM (por la insaciable ambición paisa); buena parte del sector energético del país; de los almacenes de grandes superficie, de la principal cementera de Suramerica, Grupo Argos y sus multimillonarios negocios afines como la próspera venta de tierras urbanizables y las decenas de urbanizaciones propias todo ello en la generosa Barranquilla, en donde Argos ha embolsillado la mayor fortuna, sin retribuir en nada a Barranquilla ni mucho menos a los barranquilleros, porque, además de hambrientos por la plata, son tacaños, usureros, mezquinos y ruines.

En una verdadera pirueta circense, el presidente de la República Iván Duque Márquez muestra hasta qué punto de hipocresía debe llegar un político en Colombia para ascender al poder y ayudar a sostener a toda la jauría de la alianza política que lo respalda y a los cómplices de los sectores más adinerados del país, que los financian.
En la actualidad el Duque de la Casa de Nariño, con una cara de defensor a ultranza del reducido sector que acumula el 90% de la riqueza del país, propone una reforma tributaria que rebaja los impuestos a los estratos altos, y los incrementa a las clase media y baja, que conforman el 80 por ciento de los colombianos. De tal manera que un empresario como el expresidente Álvaro Uribe o como sus hijos Tomás y Jerónimo, cuyas fortunas sobrepasan, en conjunto, los $25 billones, pagarían cifras irrisorias por impuesto a las rentas, mientras que propone que los pobres que viven de una modesta pensión de jubilación paguen tributos como si fueran ricos.
Además, en la práctica propone un IVA universal, es decir, meter la mano en todos los productos de la canasta familiar que estaban exentos del ruinoso gravamen.
Claro que detrás de esa inhumana reforma tributaria está ‘el genio de la maldad’, el tenebroso Alberto Carrasquilla, alumno aventajado del tristemente célebre José Fuché, quien en la Francia monárquica comía de las migajas que caían de la mesa de la monarquía, y luego, al producirse la revolución y elegirse la constituyente para establecer el nuevo gobierno, se colocó entre ese selecto grupo y fue uno de los primeros en proponer la guillotina para la realeza que lo amamantó durante años. Luego se pasó al bando de Napoleón Bonaparte, y cuando éste cayó en desgracia, brincó al bando de los golpistas, siempre proponiendo gravar más a las clases populares, porque, como reconocido hacendista, sostenía que a los pobres “no se les puede dejar mucha plata en los bolsillos porque son un peligro”.

Napoleón, astuto para la milicia como para la política, recuperó el poder. Sabía lo tenebroso que era Fuché. Y también sabía que Robespierre, el ‘Incorruptible’ era un adicto opiáceo, lo que arruinó la habilidad para moverse en los pasillos del capitolio o de la sede de gobierno. Bonaparte citó a una reunión del parlamento a su despacho y de repente vio donde venían Robespierre guindado de los hombros de Fuche, y le dijo a su secretario en voz baja: ‘¡He ahí el vicio apoyado en la maldad!’
En realidad, Fuche era un peligro pues robaba dinero del erario para mantener su propia red secreta para saber lo mínimo que hacían quienes estaban de paso en el poder. En eso Carrasquilla hace sus pilatunas y mete las uñas y actúa en causa propia. Porque todavía sigue sin explicar qué se hicieron los $1.5 millones de los famosos ‘Bonos Agua’.
BanRepública y su contubernio con Centrales de Riesgo

Para nadie es un secreto que en Colombia las llamadas Centrales de Riesgo se han convertido en unas tenebrosas barreras para frenar a centenares de pequeños y medianos empresarios, a emprendedores independientes que, al atrasarse en el pago de un compromiso con el sector financiero, de inmediato lo ponen en la lista negra como ‘mala paga’.
No está muy lejos una de esas centrales de riesgo en merecer el título que se le da a ciertos abogados al servicio de las mafias del narcotráfico (los llamados ‘Aboganster’), de los acaudalados por gracia de la corrupción, porque la susodicha alcabala está al servicio de un poderoso sector financiero. Es decir, es una Central de Riesgo de bolsillo.
Por eso sorprende que ahora el Banco de la República salga con la perla de criticar el proyecto de ley de ‘borrón y cuenta nueva’ dizque porque será un grave peligro para la banca privada, claro, para los dueños del país. Es decir, como si uno que otro miembro de la junta directiva del BanRepública fuera un quintacolumnista, caballo de Trolla o testaferro de cierto sector bancario.
La ley conocida como ‘borrón y cuenta nueva’, propuesta por el senador David Barguil, busca que las personas que se hayan puesto al día con sus deudas con el sistema financiero puedan salir del registro de las centrales de riesgo.

La norma también abre la puerta a que la Superintendencia Financiera imponga sanciones a los bancos “que nieguen una solicitud de crédito, basados exclusivamente en el reporte de información negativa del solicitante” en las centrales de riesgo.
Esa norma está siendo debatida por la Corte Constitucional, que debe decidir si le da visto bueno, pero en el marco de ese estudio, el Banco de la República y la Superintendencia Financiera recomendaron no aprobarla.
Según la banca, aprobar esa normativa traería un riesgo para el sistema financiero del país, porque, al eliminar de las centrales de riesgo la información de los deudores, se generaría “una cultura del no pago” que “tendría efectos perjudiciales sobre el acceso al crédito de la población”.
Lo que explica el Banco es que dificultaría a las entidades financieras diferenciar entre quienes tienen buena capacidad de pago y quienes no la tienen y “representan alto riesgo de pérdidas para los establecimientos de crédito y sus depositantes”.
Por su parte, la Superintendencia advierte una posible “inestabilidad jurídica”, porque supuestamente “envía un mensaje inequívoco a la población al suponer que se recibirán beneficios por no cancelar sus deudas atrasadas”, estimulando la cultura del no pago de la cual habla el Banco de la República. La actitud de los directivos del Banrepública es ruín y mezquina. Porque tienen sueldos, viáticos, y bonificaciones todo lo cual les reporta $45 millones mensuales, como llegan a dicha junta ya mayores de edad y después de haber sido serviles de los más adinerados del sector financiero y empresarial, cuando se les termina su periodo fijo como directivos de la banca central colombiana, salen con una pensión de Presidente de la República.
Sin embargo, para la Defensoría del Pueblo, la norma permite que dichos deudores “puedan liberarse en el menor tiempo posible de los efectos adversos de dichos datos negativos” en las centrales de riesgo, facilitando el otorgamiento de créditos.
Contrario a lo que señala la Superintendencia, sobre que no existe evidencia de que eliminar los reportes negativos de las centrales de riesgo contribuya a impulsar el crecimiento económico de un país.
En ese sentido, la Superintendencia expone casos como el de Chile que otorgó amnistías para los deudores y el resultado de ello fue que “aumentó el incumplimiento para los no morosos”.
Lo mismo sucedió en Tailandia, “lo cual se tradujo en mayor crecimiento de la cartera a empresas debido a que la medida no incentivó que las personas adquirieran más créditos”.
El estudio de la norma está en manos del despacho del magistrado de ese alto tribunal, Alejandro Linares.
Carrasquilla, el Caifás de los pensionados
Comparto una carta publicada en estos días de la Semana Santa que acaba d pasar, por la señora Pilar Vélez, miembro activo de este grupo, la idea que ella tiene es que esta carta sea leída, entendida y compartida por los miembros del grupo que se sientan identificados con su contenido.
Y fue muy oportuna en el tiempo justo en que las almas buenas están entregadas a la meditación y a la reflexión que jugó cada personaje, en la falsa acusación, calvario y muerte de Jesús, por la culpa de un solo hombre, Caifás, el sumo sacerdote de los fariseos, por el siempre hecho de estar perdiendo su podrido y traicionero poder político y el multimillonario dinero producto de la corrupción de sus mercenarios que se robaban todos los diezmos de la Iglesia Católica. Como se ve, la corrupción al más alto nivel siempre ha existido. Siempre hubo un Carrasquilla que le sacó provecho a su condición de perrito faldero de la alianza de complicidades en el poder.
Por ello la invitación es a copiarla y compartirla desde el perfil de cada uno, para que no quede como el sentir de una sola persona sino de todos los que se sienten afectados con las medidas anunciadas.
Para las personas que manejan cuentas de twiter, les comparto los twiter de algunos de los miembros de las Comisiones 3 de Cámara y Senado, para que allí publiquen su carta.
@JDarioSalazar,@DavidRacero,@GustavoBolivar,@CarlosMFarelo,@LeonardoRicoR, @SalimVillamil,@joseamarATL,@davidbarguil,@ivanmarulanda, Alejandro Carlos Chacón Camargo, @ChaconDialoga. @charoguerra, Mauricio Gómez Amin, @MauricioGomezC
Bogotá D.C. 15 de marzo de 2021
señor presidente de la republica dr. ivan duque marquez e.s.d.
Respetado Señor presidente:
Un importante sector de pensionados de distintas regiones del país, unidos bajo el emprendimiento social «súmate pensionado”, han manifestado su inmensa preocupación con ocasión del anuncio del Gobierno a través del Ministerio de Hacienda sobre la presentación al Congreso de un proyecto de ley que contiene una reforma tributaria en la que se propone gravar con un nuevo impuesto las pensiones de jubilación, invalidez, vejez y sobrevivencia superiores a tres salarios mínimos.
Históricamente en Colombia, hasta hoy, las pensiones no se encuentran gravadas con impuestos considerando que, cuando los pensionados fueron trabajadores activos, durante toda su vida laboral de 20 y más años de servicio, se les descontó de su salario por nómina, mes a mes, impuesto de retención en la fuente, así como aportes para salud y pensión.
No solamente será una tremenda injusticia social gravar a los pensionados de Colombia con un nuevo impuesto, sino también, resultara contrario al Acto Legislativo 01 de 2005 el cual adiciono el artículo 48 de la Constitución al consagrar que: (. ..) «Sin perjuicio de los descuentos, deducciones y embargos a pensiones ordenados de acuerdo con «la Ley, para ningún motivo para dejarse de pagar, • congelarse o reducirse el valor de la mesada de las pensiones reconocidas conforme a derecho «. (. ..) (Subrayado fuera de texto original).

Señor presidente, la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones en Colombia obedece a varios factores de orden económico y normativo como lo expongo a continuación:
Cuando un trabajador del sector público o privado reúne los requisitos para pensionarse establecidos en la ley 100 de 1993 y en la ley 797 de 2003, se le reconoce su legítimo derecho a una pensión.
Esta Pensión se liquida con el promedio del salario de los últimos 10 años y corresponde al 65% de promedio del ingreso base de liquidación, de tal manera que el trabajador cuando pasa a ser presionado de entrada pierde el 35% de su ingreso.
2. Un factor que influye significativamente en la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones deviene de la fórmula que consagro para su incremento el artículo 14 de la ley 100 de 1993. Esta norma, dispuso que con el objeto de que las pensiones de vejez, jubilación, sustitución o sobrevivencia mantengan su poder adquisitivo constante se reajustaran anualmente, el primero de enero de cada ano, según la variación porcentual del índice de precios al consumidor, (IPC) certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior.

Para el año 2021, a partir del 1° de enero, el salario mínimo se incrementó en el 3.5%., el salario de los congresistas en el 5.12% pero las pensiones superiores a un salario mínimo solo se reajustaron en el 1.61 % que correspondió al IPC que certifico el Gobierno, generándose con este escasísimo «aumento» una tremenda injusticia social con los pensionados de Colombia.
En Colombia, en los últimos 20 años el IPC viene siendo de manera constante inferior al aumento del salario mínimo; en consecuencia, durante los últimas 20 años esta diferencia entre al aumento del salario mínimo y el IPC representa un 21.61%; de tal manera que, una persona que haya adquirido su derecho a la pensión hace 20 años ha perdido el 21.61% de su pensión; quiere esto decir que, todos los pensionados de Colombia, ano atrás ano, pierden un porcentaje de su pensión comparado con el salario mínimo, deteriorándose así su ingreso y su capacidad de compra de bienes y servicios.
3. Otro factor de orden legal que incide en la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones se origina en la cotización o aporte mensual que se le descuenta al pensionado para salud, para la EPS, ordenado en el artículo 157 de la Ley 100 de 1993. De tal manera que, a los pensionados de Colombia que tienen más de dos salarios mínimos como pensión, cada mes se les descuenta por nomina el 12% del total de su mesada pensional para salud, toda vez que el pensionado ya no tiene patrono o empleador que le ayude con ese aporte, en tanto que tratándose de un trabajador activo el empleador le cotiza para salud el 8.5% y el trabajador aporta solamente el 4%.
4. Adicionalmente al aporte en salud, la pensión se ve afectada y disminuida como consecuencia del pago que tiene que hacer el Pensionado de las cuotas moderadoras en salud (vales o bonos), de los copagos y los medicamentos que compra el pensionado de su bolsillo, toda vez que la mayor de las veces los medicamentos no le son suministrados oportunamente por las EPS, teniendo además que acudir en muchas ocasiones a la acción de tutela para el suministro de medicamentos, exámenes y cirugías.
5. En resumen, si al pensionado que adquiere el derecho a la pensión con el 65% de su ingreso promedio de los últimas 10 años, cada mes adicionalmente se le descuenta el 12% para salud, le queda de pensión un 53%, y si a esto le restamos el porcentaje correspondiente de la diferencia entre el IPC y el salario mínimo en los reajustes anuales, vemos entonces que la pensión se ve reducida en ocasiones hasta a un 40%, o inclusive, por debajo de este porcentaje.
6. No está de más recordar que todos los pensionados con su disminuida pensión y con un enorme esfuerzo económico familiar, también pagan los mismos impuestos que pagan los demás colombianos.
Con sustento en el artículo 23 de la Constitución Política, y fundamentado en razones de justicia social, pido al Señor Presidente de la República con todo comedimiento y respeto, mediante este derecho de petición, retirar del proyecto de ley de reforma tributaria que en próximos días presentara su Gobierno al Congreso, la iniciativa de gravar con un nuevo impuesto a los pensionados de Colombia.
Por estas razones, señor presidente, será regresivo y de una enorme injusticia social gravar con un nuevo impuesto a los pensionados de Colombia por jubilación, invalidez, vejez y sobrevivencia.
Hago propicia la ocasión para expresarle mis sentimientos de consideración. Quedo atento a su amable respuesta.