Las rebajas del procurador

El procurador-candidato quiere darle una generosa rebaja de penas a algunos condenados por faltas disciplinarias. El doctor Alejandro Ordóñez presentó un proyecto de ley al Congreso reformando el Código Disciplinario Único. Esa es la ley que le permite a la Procuraduría sancionar con suspensión, destitución e inhabilidad a los funcionarios públicos que sean encontrados responsables de faltas contra la administración y el patrimonio públicos. Silenciosamente avanza, por los vericuetos parlamentarios, un proyecto que favorece a sancionados por negligencia y actos de corrupción. La reforma planteada por Ordóñez rebaja sustancialmente los tiempos de inhabilidad a quienes han cometido, con culpa, faltas consideradas gravísimas por la Procuraduría. Terminando el voluminoso articulado está la rebaja del procurador Ordóñez.

Se titula Artículo final (transitorio). Aplicación del principio de favorabilidad. El principio de favorabilidad establece que una persona procesada siempre estará cobijada por la norma menos drástica. Lo cual quiere decir, para empezar, que el nuevo Código es menos severo que el que está vigente. Es decir que el plan del procurador es reducir esas sanciones pero además favorecer a quienes ya han sido inhabilitados. El texto del artículo es el siguiente: “Las sanciones de inhabilidad general que se estén cumpliendo como consecuencia de la realización de una falta gravísima cometida con culpa gravísima se reducirán así: 1. La de diez (10) y once (11) años, a tres (3) años. 2. La de doce (12) y trece (13) años, a cuatro (4) años. 3. La de catorce (14) y quince (15) años, a cinco (5) años. 4. La de dieciséis (16), a seis (6) años. 5. La de diecisiete (17), a siete (7) años. 6. La de dieciocho (18), a ocho (8) años. 7. La de diecinueve (19), a nueve (9) años. 8. La de veinte (20) años, a diez (10) años”. Semejante regalo del doctor Ordóñez a los sancionados por el Ministerio Público no beneficia a la sociedad, solamente a ellos. Muchos de esos sancionados son jefes políticos que conservan sus maquinarias electorales. Por ejemplo Juan Carlos Abadía, exgobernador del Valle, ha sido sancionado dos veces con inhabilidad. Una por 11 años debido a su intervención ilegal en política a favor de Andrés Felipe Arias. Esa inhabilidad establece que no puede ejercer funciones públicas, ni aspirar a cargos de elección popular hasta el 23 de febrero del año 2026. Con la rebaja de Ordóñez su sanción se cumpliría en febrero del año 2018. Justo a tiempo para aspirar al Congreso en las próximas elecciones. Pero no es la única inhabilidad del exgobernador Abadía. Él también fue sancionado por contratación irregular de servicios de salud al ser encontrado “disciplinariamente responsable de la comisión de la falta gravísima (…) cometido a título de culpa gravísima”. La inhabilidad de diez años iba a terminar el 5 de mayo de 2023. Con la rebaja de Ordóñez, Juan Carlos Abadía estaría habilitado para desempeñar cargos públicos desde el 5 de mayo del año entrante. Otros políticos con gran caudal electoral que –gracias al proyecto del procurador– quedarían rápidamente rehabilitados para ser nombrados y elegidos serían el exgobernador de Casanare Nelson Mariño, la exgobernadora del Quindío Amparo Arbeláez, el exgobernador del Magdalena Omar Díazgranados, el exgobernador del Caquetá Víctor Ramírez, el exgobernador del Huila Jorge Pajarito, la exalcaldesa de Neiva Cielo González y el exalcalde de Yopal William Celemín. La magnánima rebaja en las sanciones de estos personajes no parece ser muy útil para impartir justicia disciplinaria, pero sí para emprender una campaña presidencial.