Juzgados y fiscales en Barranquilla manejan los casos con mucha lentitud. Funcionarios de la administración actual reciben amenazas.
Por Chachareros de Unidad Investigativa
Todos los casos que los abogados de la Universidad Autónoma del Caribe (Uniautónoma), bajo la nueva administración, han presentado ante fiscales y jueces de Barranquilla duermen el sueño de los justos, mientras que cualquier diligencia en contra de los actuales ejecutivos se hace en tiempo record con diferencia de horas.
Silvia Gette es conducida al búnker de Fiscalía en Bogotá.
La queja en tal sentido la sueltan al aire los abogados que la nueva administración de la universidad han contratado para acelerar las diligencias en fiscalías y juzgados locales, en donde los procesos que presenta el centro académico caminan a paso de tortuga, contrario a lo que sucede en Bogotá, en donde sí marcha la tesis de la celeridad de la justicia.
A pesar de que la exrectora Silvia Gette Ponce se encuentra recluida en una cárcel en Bogotá, todo parece indicar que mantiene muchos tentáculos en Barranquilla y maneja cierto poder económico y político que le permite interponerse para acelerar investigaciones locales en su contra. Además, se asegura que ella logró trasladar clandestinamente a Argentina al exparamilitar Juan Carlos Rada, quien era el dueño de una empresa de seguridad, y se supone que desde allá maneja una banda criminal (bacrim), que se dedica a extorsionar a empresarios, y en las últimas semanas a enviar amenazas a través de mensajes de texto, a altos funcionarios de la nueva administración de la Uniautónoma, desde el rector para abajo.
Exparamilitar estaría implicado en amenazas
El brazo de Rada se extendería desde el país austral, la tierra de Gette Ponce, hasta las calles de Barranquilla, en donde reúne sumas millonarias por extorsión, dinero que utilizaría para interferir en los procesos contra su protectora la exrectora encarcelada. Podría tratarse de casos de sobornos para que no caminen los procesos. Y esos mismos traquetos al servicio de Rada serían los encargados de las amenazas contra altos funcionarios de la actual administración de la Uniautónoma.
A pesar de todo, la universidad sigue su vida normal, hasta con desfile de modas.
Ante esa hipótesis bastante evidente, el pool de abogados de la Uniautónoma ha pedido que se investigue la conducta y el paradero del exparamilitar y exjefe de seguridad de Gette Ponce, por cuanto es posible que sea pedido en extradición ante la posibilidad de estar indiciado en concierto para delinquir, actividades de lavado de activos, manejo de dineros ilícitos y defraudación a una fundación sin ánimo de lucro, como lo es la Autónoma.
El traslado debe ser urgente
“Por eso el pool de abogados que actuamos en Barranquilla hemos pedido el traslado de todos los procesos a Bogotá. Ya supimos que desde el bunker de la Fiscalía en Bogotá enviaron un oficio al director seccional de Fiscalías, Manuel Salomón Calvano, para que atienda la querella de los abogados de la actual administración de la universidad”, según uno de los profesionales del derecho al frente de estos negocios.
Los casos más sonados que se ventilan en juzgados y fiscalías de Barranquilla son el del traslado de un millón de dólares de las cuentas de la Uniautónoma, a una cuenta personal de la exrectora Gette Ponce. El dinero dio una pequeña vuelta al mundo y terminó en un paraíso fiscal en las Bahamas.
También se ventila en Barranquilla el insólito autopréstamo que se hizo Gette Ponce por dos mil cuatrocientos millones de pesos sin intereses a 65 años de plazo con cuotas mensuales de tres millones de pesos. Es decir, ella podrá morirse dos veces y no ha terminado de pagar el préstamo, con el agravante de que en la primera muerte desaparece el deudor de este mundo y la universidad automáticamente pierde la plata.
Una pensión para el Guinnes Records
En la justicia laboral se investiga a paso de tortuga el caso de la absurda y atípica pensión por $96 millones mensuales que recibe Gette Ponce, sin una debida autorización de la máxima autoridad de la Autónoma, que es la sala general de la Universidad.
En cambio lo que sí se ha investigado rapidito por parte de la Fiscalía 34 es la denuncia de Soyla Turbay, exfuncionaria de la Uniautónoma, donde era el brazo derecho de Gette Ponce, para realizar todas las maldades y eran socias en empresas particulares creadas con dineros de la universidad. La señora Turbay denunció ante dicha Fiscalía 34 al actual rector Ramses Vargas Lamadrid por una supuesta amenaza contra Soyla Turbay. Esa diligencia sí se hizo en cuestión de horas. Con la rapidez de un rayo. Vargas Lamadrid y varios altos funcionarios de la actual administración de la Autónoma tuvieron que pasar por el banquillo de la fiscal veloz, la 34, a responder sus interrogatorios acerca de las amenazas contra la señorita Turbay.
En Bogotá se conoció que en el bunker de la Fiscalía hay malestar por la situación en Barranquilla y han pedido nuevamente que se tomen medidas correctivas para que se aceleren estos casos.
Facsímil del documento enviado por abogados de la UAC.
Otra de las denuncias en contra de Gette Ponce está llena de polvo en la Fiscalía Tercera Local. Se trata de la denuncia relacionada con la compra de acciones en los clubes Country y Caujaral a nombre de ella con plata de la universidad. No se ha llamado a declarar a nadie. El expediente está arrumado en una esquina del estrecho hueco donde tienen los archivos de la Fiscalía Tercera.
Juzgados y Fiscalías “tortugas”
En consecuencia, las Fiscalías “tortugas” son: la Tercera, la 43 (que tiene el caso del millón de dólares), la 50, y los juzgados 15 y Séptimo Civil del Circuito. “Queremos que sus procesos se trasladen a Bogotá para que haya mayor transparencia”, insisten los integrantes del pool de abogados de la Uniautónoma.
Uno de los abogados de la Uniautónoma sostiene que “hay una extraña pereza para acelerar investigaciones, lo que denota que no hay transparencia en la justicia local. Miremos no más el caso de la denuncia interpuesta por presunta estafa y sobreprecios en la compra de libros para el Instituto de Idiomas. Una socia de Ponce Gette fungía como editora de libros, cuando no era más que una calanchina de Silvia, que le compraba los libros a una editorial, a 70 mil pesos unidad, se los vendía a Gette Ponce a cien mil pesos, y esta se los cobraba a la universidad de la cual ella misma era rectora, a ciento cincuenta mil pesos, con un sobrecosto del 100%”.
Por todas esas maniobras extrañas es que los abogados de la actual administración de la Uniautónoma solicitan encarecidamente que los casos sean trasladados a Bogotá, al bunker de la Fiscalía y a los Juzgados de Paloquemao, hasta donde será difícil que llegue desde Argentina el brazo criminal e intimidante del exparamilitar Juan Carlos Rada, quien estaría detrás de las amenazas y del plan tortuga en los procesos judiciales.
