El mausoleo de la familia Ceballos Gette en Jardines de la Eternidad costó $1.500 millones. Y en una finca en Argentina tiene un pura sangre de $500 millones.
Por Chachareros con apoyo de Grupo de Investigación
La tumba de un muerto de familia clase media en el cementerio Jardines de la Eternidad en La Cordialidad (la sede para los difuntos pobres), puede costar desde un millón hasta $4 millones, dependiendo del sector que escojan los deudos o el difundo en vida.
Panorámica del Mausoleo de la familia Ceballos Gette Ponce.
En la sede norte, en la Vía al Mar, hay tumbas desde $6.900 (si la paga antes de que se muera) hasta una de $1.500 millones en mil metros cuadrados, que es lo que cuesta el mausoleo de la familia Ceballos Gette Ponce. La sola construcción enchapada en mármol, con capilla interna, espacio para nueve tumbas encriptadas y cinco criptas para pequeños recipientes de las cenizas cuando el fallecido haya expresado en vida su deseo de ser cremado. Todo es lujo. Un busto del difunto rector fundador de la Uniautónoma, una placa con sus esenciales datos biográficos y las rejas y rejillas de aluminio con vidrios de seguridad polarizados. Allegados a Silvia aseguran que quien le vendió la idea de semejante culto a la personalidad la convenció de hacer algo parecido al gigante, magnífico y suntuoso sepulcro de Mausolo, Rey de Caria en el suroeste del Asia Menor en el mar Egeo. Hoy el hermoso y suntuoso sepulcro está rodeado de una cinta amarilla y sellado por la Fiscalía. Nadie puede acercarse, ni mucho menos acceder al sepulcro.
El caballo de Carmelo
En su época dorada, cuando muchos le rendían pleitesía como la reina de un imperio o la diosa de una aldea indígena, Gette fue invitada a una feria equina en donde se enamoró locamente, como lo hizo con varios hombres en su juventud y ya en sus años avanzados, de un caballo castaño de cola larga y crin coposa. Era un equino de paso fino. Un padrón que producía millones de pesos por la venta de su semen para exportación.
Placar al cumplirse el primer aniversario de la muerte de don Mario Ceballos.
El dueño era un modesto ganadero vallenato, sencillo, casi que un campesino bueno con plata, a quien todo el mundo llamaba Carmelo, sin mencionar jamás su apellido. Silvia primero envió a su jefe de seguridad, acompañado de cuatro pistoleros con sus armas a la vista, a preguntarle a Carmelo que por cuánto vendía el caballo. “Mire, yo a ´Compae Chipuco´, que así es que se llama mi caballo, no lo vendo. No está en venta”. El jefe de seguridad fue contundente: “es que la jefa quiere que se lo venda o que se lo venda. Pida lo que quiera. Y evítese problemas”.
Carmelo, asustado, en una época en que $500 millones era un montón de plata que poquitos ricos tenían a la mano, pidió esa cifra. Para ver si desistían. Sucedió todo lo contrario. Lo llevaron ante la jefe y se comprometió con él entregarle todo el dinero en efectivo ese mismo día por la noche, en su apartamento en Barranquilla. Así sucedió. Y así fue como ´Compae Chipuco´, nombre de una célebre canción de la autoría del cantautor de Fonseca José María ´Chema´ Gómez, terminó en las pampas argentinas, en una hacienda de la Gette, preñando yeguas y aportando semen de exportación. Y estas coincidencias sorprendentes obliga a recordar que ´El caballo de Carmelo´ es uno de los más famosos paseos del inmortal juglar de la montaña, plateño él, Francisco ´Pacho´ Rada, el padre del son.
Todo es mentira, embuste, invento
Los abogados de Gette y demás indiciados alegan de manera insistente en que todo eso es mentira. “Son embustes para deteriorar aún más la imagen de la doctora Gette”. Edgard Fierro, alias ´Don Antonio´ asegura que no ha “mentido en el caso sobre Silvia Gette. Y tengo las pruebas suficientes”. Fue, precisamente por ese clima de dudas, que el Fiscal General Eduardo Montealegre Lynett ordenó el traslado de todos los procesos de Gette de Barranquilla a Bogotá, en donde avanza la audiencia preparatoria para Gette y para el abogado Arcadio Martínez Pumarejo.
Ahora es ella la que exige el pago de $4.200 millones
Ya un juzgado ordenó entregarle $690 millones, por facturas d cobro por clases de idiomas, libros y presentaciones de grupos de coro, tuna, teatro, porras, entre otros.
La capilla donde reposan los restos de Ceballo está sellada por la Fiscalía.
El caso de Silvia Gette es todo un mundo de Subuso, en donde de la noche a la mañana sale una escena de lo absurdo. Ahora, en un suceso insólito, no solo la Universidad Autónoma del Caribe adelanta procesos judiciales para recuperar recursos económicos que considera le fueron saqueados; en este caso por Silvia Gette Ponce cuando ocupó la rectoría de la institución.
La exrectora, detenida en Bogotá por el presunto delito de soborno e investigada por homicidio, también está exigiendo en instancias judiciales el pago de unos $4.200 millones que, de acuerdo a lo que ha planteado, le adeuda la institución.
La demanda fue radicada el 15 de octubre del año pasado en el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Barranquilla, que libró mandamiento de pago por $690 millones (incluyendo intereses moratorios) el 7 de noviembre de 2013. Once días después el mismo juzgado ordenó el embargo y secuestro de cuentas de la institución por ese monto. Uno de los miembros del pool de abogados de la Autónoma considera que es un caso increíble: “¡Qué velocidad la del Juez para fallar en tan corto tiempo, cuando hay procesos que duermen el sueño de los justos con más de cuatro años con polvo encima”.
La deuda que cobra corresponde a servicios prestados a Uniautónoma por la Academia de Arte y Cultura del Caribe y el Instituto de Lenguas del Caribe, entidades de propiedad de la exrectora y su familia, asociadas en Gette y Ponce S en C y Gette Ponce SAS. Teatro de lo absurdo
Lo que está cobrando Gette acudiendo a la justicia colombiana, ante jueces que dejan mucho que desear porque, concediéndoles el beneficio de la duda, fallan a favor de la exrectora, sin estudiar a fondo el proceso y el entorno que rodea a la demandante. A lo que sale en todos los medios de comunicación. Sin tener en cuenta en lo más mínimo el sentido común, los factores de lugar, tiempo y circunstancia en que la demandante logró apropiarse de una millonaria fortuna que no era suya. Y lo que es peor, según el pool de abogados, “esos multimillonarios fondos eran de una Fundación sin ánimo de lucro, como lo determinan las normas sobre la educación, en materia de universidades privadas. Es decir, ella saqueó dineros intocables”.
Y con esa misma fortuna que no era suya, montó todas las empresas, negocios y empresas de papel para prestar servicios externos. En su condición de rectora, Gette tercerizó parte de la educación de la universidad con estas entidades mediante las cuales suministraba educación y libros de idiomas, al igual que clases artísticas a los alumnos. Según fuentes de la universidad esto se hacía con costos superiores a los que incurriría la alma máter si lo hiciera a cuenta propia.
Sede de la Academia de Arte y Cultura.
Inicialmente la demanda era por 23 facturas de la Academia, pero en el Juzgado se hizo una acumulación de procesos en la que se anexó otra cantidad del Instituto.
Cobro con copias. Uno de los argumentos que esbozó la defensa de la Universidad cuando intentó acceder a la reposición de la orden de pago fue que parte de las facturas aportadas por la demandante son copias, por lo que consideró que no son idóneas para el cobro.
Ante esto, la defensa de Gette expuso que “como quiera que estas facturas se alleguen al carbón, no es menos cierta que su fuerza de cobro ejecutivo no se pierde, toda vez que las mismas tienen la fuerza de título ejecutivo”. En fallo de abril de este año el Juzgado resolvió no reponer la decisión.
Ante esto y teniendo en cuenta que la instancia judicial analiza las exigencias adicionales que ascienden a $3.600 millones, abogados de la Autónoma están determinando las acciones civiles y penales tendientes a proteger estos recursos.
El caso va para Bogotá
El pool de abogados – encabezados por el prestigioso penalista Daniel Largacha- que defienden los intereses de la Universidad Autónoma bajo la nueva administración, solicitarán que este caso igualmente sea trasladado a Bogotá, como todos los otros procesos.
Porque aparte de las anomalías que han advertido en las facturas los defensores estiman que los servicios tuvieron sobrecostos. Además han cuestionado su calidad.
Consultada sobre esta situación, la Universidad respondió a través de un comunicado de prensa que “en buena hora la justicia en Colombia y la misma opinión pública develan las indelicadezas de las que fue víctima la Universidad Autónoma del Caribe, durante casi una década”.
Además planteó que la sociedad reconoce cómo en un año la Universidad Autónoma “recuperó su rumbo y hoy no reconoce objetivo institucional diferente a la calidad en la docencia y la investigación…”. Igualmente se conoció en medios allegados al Departamento Jurídico de la Autónoma que en septiembre de 2013 la Universidad terminó los contratos contractuales con la firma Gette Ponce SAS para la prestación de servicios de educación en idiomas extranjeros y alquiler de inmuebles.
La Gette no supo administrar el poder y enloqueció
Los contratos eran ejecutados a través del Instituto de Lenguas del Caribe y la Academia de Artes y Cultura —pertenecientes a Gette y sus asociados—. En ese momento la universidad también retomó el control de las cafeterías.
Con la terminación de estos contratos la exrectora dejó de recibir $8.526 millones anuales.
Entre las facturas, algunos con sello de la tesorería de la Universidad -que en su momento los recibió- y otros con la firma de Silvia Gette, que les dio su aval, están incluidos cobros por “Servicio educativo de la enseñanza del idioma de inglés” por acuerdo interinstitucional entre la Universidad y el Instituto a razón de 219.704 pesos por estudiante. En una sola factura, por ejemplo, reclama 1.292 millones de pesos. Otra cuenta corresponde a libros de inglés a razón de 70 mil pesos cada uno, y un costo global de 470 millones 330 mil pesos. Hay facturas en las que la Academia cobra por presentaciones de los grupos de coro, tuna, bolero, jazz, vallenato, rock, porras, percusión, teatro, danza folclórica, danza contemporánea y orquesta. Cada una por un promedio de un millón 500 mil pesos.
