Volverán a realizar asambleas por facultad para que cada una decida. Este miércoles dejaron plantada a la gobernadora Elsa Noguera.
Por Chachareros
A pesar de las buenas intenciones de un amplio sector de los educadores y de los estudiantes de las diferentes facultades para llegar a unos mínimos consensos que permitan por lo pronto reanudar las clases y que en el curso de las próximas semanas un comité interdisciplinario mantenga los diálogos sobre lo que reclaman diversos sectores de la Universidad del Atlántico, hay un reducido grupo de estudiantes que, con absurda tozudez, se oponen a toda fórmula para normalizar la situación.
En esa tónica, por voluntad de una minoría irresponsable, la UDEA sigue paralizada. Volverán a realizar asambleas por facultad, en medio de confusiones y tensiones. No se conoce mayor cosa sobre las conclusiones de la reunión con la gobernadora Elsa Noguera, nada distinto a seguir hablando cháchara que no conduce a solución alguna.
Se había programado una tercera reunión este miércoles en la tarde, presidida por la Gobernadora, pero la dejaron plantada. Entre tanto, 26 mil estudiantes siguen perjudicados por la absurda minoría que impone su voluntad con violencia, arrogancia y amenazas.
‘Esto es un matoneo de una minoría’
Los sensatos estudiantes de la facultad de Arquitectura han propuesto reanudar las clases y que sigan las mesas de trabajo en busca de la solución a sus querellas.
Uno de los profesores que ha participado en todas las reuniones señala, bajo la reserva de su nombre, que “esto no es más que el matoneo de una minoría insensata, torpe y violenta, en busca de protagonismo en una actitud mezquina y miserable para tratar de sacar provecho politiquero de la situación.
La misma fuente solicitó a este portal que reprodujera un informe de la página digital corrupciónaldia.com, que se incluye en este artículo de lachachara.co.
A su vez la división de Ciencias Jurídicas ve con buenos ojos entrar en asamblea permanente luego de que el Consejo Superior establezca garantías para adelantar la reforma estatutaria.
Luego de las asambleas desarrolladas este miércoles, las facultades de Arquitectura y Ciencias Jurídicas de la Universidad del Atlántico han dado a conocer una serie de propuestas con la finalidad de reanudar el calendario académico.
A través de un comunicado, los estudiantes de la Facultad de Arquitectura indicaron su apoyo a la toma como mecanismo de presión, aunque propusieron su levantamiento tras el cumplimiento de un calendario construido en consenso.
Dicho cronograma contempla que los días 22 y 23 de enero se desarrollen las asambleas por facultades, seguido de la instalación de las mesas de diálogo para el estudio de los estatutos (24 y 25 de enero).
Posteriormente, entre los días 27 y 30 de enero, se instalará la mesa de garantías y el 31 de enero se cumpla una reunión del Consejo Superior para aprobar las propuestas. Tras este paso, se citarán nuevas asambleas por facultad y una reunión multiestamentaria para el primero de febrero.
Según el calendario, cuyas fechas son tentativas a partir de la instalación de las mesas de diálogo, el regreso a clases se cumpliría el 5 de febrero. “Esta es una postura de la facultad de Arquitectura que será socializada en asamblea con las demás facultades, no es una decisión institucional definitiva”.
Por último, la Facultad de Arquitectura hizo extensiva una invitación a la comunidad académica para “establecer diálogos donde prime el respeto, tolerancia y la convivencia pacífica, en pro de una construcción conjunta de una universidad abierta y plural”.
Esta es una postura de la facultad de Arquitectura que será socializada en asamblea con las demás facultades, no es una decisión institucional definitiva
Por su parte, la Facultad de Ciencias Jurídicas propone entrar en asamblea permanente sin cese de actividades luego de que el Consejo Superior expida un acto administrativo, en calidad de resolución superior, en el cual se establezcan garantías reales a la reforma estatutaria.
Asimismo, para los estudiantes de esta facultad es necesario que se construyan y aprueben las garantías académicas, disciplinarias, de movilización y presupuestales para levantar el paro indefinido, decretado desde el pasado 25 de octubre: “Se propone que la discusión de las garantías sea en asambleas”.
La gobernadora Elsa Noguera no se ha quedado con las manos cruzadas. Mientras los estudiantes de la UDEA mantienen el paro, ella se reúne con las comunidades y autoridades de municipios como Galapa, Baranoa y otros.
El cartel de la toga
El siguiente es el texto tomado del portal corrupcionaldia.com con el título ‘El Cartel de la toga de la universidad del Atlántico’:
Mucha gente se pregunta cómo hacía un funcionario como el ex rector Prasca para sostenerse tanto tiempo en el cargo a pasar de tener tantas pruebas de corrupción en su contra. He aquí una posible explicación.
Los rectores de la universidad del Atlántico han tenido como política muy particular la de vincular a miembros del poder judicial o sus familiares a la universidad, por lo que esta relación ha venido condicionando la imparcialidad en las decisiones que deben tomar los funcionarios judiciales cuando este centro de educación superior es objeto de demandas, puesto que se tienden a producir fallos favorables a la institución educativa.
Esta sospechosa e impune situación durante la era Prasca fue muy evidente, cuando el Consejo Superior de la universidad del Atlántico se convirtió en un violador de la Ley sin importarle la situación jurídica provocada, pues tenían y tienen a su servicio miembros del poder judicial (ver demandas de nulidades simple electorales y tutelas en contra de las decisiones del consejo superior tomadas sin inmutarse en actos administrativos espurios).
Es importante señalar, por ejemplo, el grado de amistad que existe entre el ex rector Carlos Prasca con la Magistrada del Tribunal Administrativo del Atlántico Judith Romero Ibarra; amistad que se forjó cuando la hoy magistrada se desempeñaba como jefe de núcleo en la secretaría de educación departamental y el furibundo ex Rector Prasca era rector de un colegio en el municipio de Soledad.
Curioso es que la magistrada del Tribunal Administrativo nunca se ha declarado impedida para conocer de los procesos que cursan en su despacho que afectan a la universidad del Atlántico, en contra de los principios éticos en los que se funda la administración de justicia.
Otro ejemplo es el del Magistrado del Tribunal Administrativo del Atlántico Eduardo Cerra quien es esposo de una funcionaria de un cargo directivo en la universidad del Atlántico Maritza Nolazco, si bien cierto que el magistrado se declara impedido en los procesos que llegan por reparto a su despacho cuando la universidad del Atlántico es parte en ellos, el vínculo de su esposa con la universidad adquiere una inusitada sospecha que versa en la existencia de tráfico de influencias a favor de esta institución, hecho que es voz populi en la comunidad universidad debido al poder que tiene la mencionada funcionaria en el Tribunal Administrativo del Atlántico, especialmente su vínculo de amistad y cercanía con la magistrada Judith Romero Ibarra.
Otros casos que son conocidos al interior de la universidad del Atlántico también impunes públicamente, es la vinculación de los abogados de la oficina jurídica de la universidad Elkin Santodomingo, quien ejecuta un contrato con la universidad del Atlántico siendo conjuez en el Tribunal Administrativo del Atlántico.
Así mismo, David Guarguatti Méndez hijo de la magistrada del Tribunal Superior del Atlántico Sala Laboral Nora Méndez Álvarez, quien, por su parte fue docente de la universidad del Atlántico en la facultad de ciencias jurídicas, su hijo actúa como apoderado de la universidad según consta en el contrato 063 que tiene fecha de inicio enero de 2019.
Confirman las fuentes internas que ambos abogados se mueven en el tribunal administrativo del atlántico encargadas de lagartear si se permite el término en los despachos del tribunal para obtener favorecimientos en los procesos en los que es parte la universidad del Atlántico, con el propósito de obtener fallos judiciales a favor de esta.
Es importante la oferta laboral que la universidad ofrece a los empleados de la rama judicial para vincularlos en calidad de docentes catedráticos para que se desempeñen en la facultad de ciencias jurídicas, es cierto que la Ley 270 de 1996 articulo 151 parágrafo 2 establece “que los funcionarios y empleados de la rama judicial podrán ejercer la docencia universitaria en materia jurídica hasta por 5 horas semanales, siempre que no se perjudique el normal funcionamiento del despacho judicial, igualmente con las mismas limitaciones puede realizar labores de investigación jurídica”
Sin embargo, la vicerrectoría de docencia por razones extrañamente administrativas explica que no es posible la asignación de 5 horas que establece la Ley, si no que entrega a estos funcionarios más horas laborales a las legalmente establecidas por ejemplo: el magistrado del Tribunal Superior del Atlántico Sala Civil Abdón Sierra; el magistrado Omar Mejía Amador del Tribunal Superior del Atlántico Sala Laboral; Edgardo Noriega, Juez Penal del Circuito; Josías Mojica Domínguez, Juez Penal Municipal; Néstor Ochoa Andrade, secretario de un Juzgado de Cartagena; incluido el Magistrado Adjunto de la Corte Suprema de Justicia Elvis Jiménez Vasco en la especialización en derecho laboral.
Estos funcionarios de la rama judicial son vinculados a dedo sospechosamente en la universidad muchas veces por politiqueros como lo son el ex rector Prasca y un ex miembro del consejo superior, vinculaciones que han servido para construir el cartel de la toga que hoy opera al servicio de la universidad del atlántico.
‘Ruta de la Participación’
Y mientras la Universidad del Atlántico sigue paralizada por el capricho de un grupito de malandrines politiqueros (y tanto que ellos mismos critican a los politiqueros del Concejo, la Asamblea y el Congreso, y ellos son peores), la gobernadora Elsa Noguera prosigue su tarea incansable con la gente del departamento.
Con asesorías y acompañamiento integral, la Gobernación del Atlántico apoyará a líderes sociales y comunales en la preparación para las próximas elecciones de Juntas de Acción Comunal, previstas para el mes de abril próximo.
En un primer ejercicio, la secretaría del Interior reunió a líderes de los municipios de Soledad, Malambo y Sabanagrande en dos reuniones en las que brindó asesoría con jornadas de apoyo psicosocial, acompañamiento jurídico, técnico, asistencial y promoción de la participación comunitaria.
Los invitados a este ejercicio, que coordina la subsecretaría de Participación Comunitaria y Convivencia Ciudadana, son líderes comunales, sociales y comunitarios de todo el departamento para que participen de manera coordinada y efectiva en las elecciones de los dignatarios de las JAC para el periodo 2020-2024, y que se llevarán a cabo el próximo 26 de abril.
Jaime Navarro, titular de la dependencia señaló que se aspira a beneficiar unos 2.700 líderes comunales pertenecientes a las 661 JAC legalmente reconocidas en el Departamento, y que en cada una de las reuniones, además de impartir pedagogía se busca resolver todas las inquietudes que tengan los líderes respecto al proceso democrático comunal.
“La invitación es a participar de este importante espacio donde daremos a conocer todos los lineamientos y la normatividad en materia comunal para que se desarrolle un proceso eleccionario democrático, transparente y que las JAC mejoren la gestión en sus barrios y sigan consolidándose como una organización comunal sostenible y competitivas”, añadió el funcionario, quien exaltó la importancia de estos actores participativos y su dedicación por proteger los intereses de la comunidad.
