Más allá de los resultados, la contienda electoral de 2026 dejó una serie de controversias que reabrieron debates de fondo sobre la independencia, la transparencia y la responsabilidad de los medios en Colombia.
El presidente electo Abelardo De la Espriella en la instalación de su comité de empalme. Foto: Facebook Abelardo De la Espriella.
Red Ética
La campaña presidencial colombiana de 2026 tensionó al periodismo nacional como pocas veces en su historia reciente. Abelardo de la Espriella, un abogado litigante de derecha sin trayectoria política previa, terminó venciendo en segunda vuelta a Iván Cepeda, el candidato de izquierda respaldado por el gobierno de Gustavo Petro, por el margen más estrecho que registra el país en su historia reciente, en una campaña marcada por la ausencia de debates entre los candidatos y por ser la primera elección presidencial celebrada después de la llegada masiva de chatbots como ChatGPT o Gemini a la vida cotidiana.
En el contexto electoral, se acumularon controversias que pusieron a prueba algunos de los principales principios éticos del periodismo: la independencia frente al poder, la separación entre información y militancia política, la responsabilidad al publicar señalamientos, el uso de la inteligencia artificial, la libertad de expresión frente al acoso judicial, la fiabilidad del sistema de medición de opinión pública y el deber de transparencia ante las audiencias.
Los siete casos que siguen exploran estos dilemas desde perspectivas distintas y muestran cómo decisiones editoriales, institucionales y tecnológicas terminaron condicionando el ejercicio del periodismo durante la campaña. Al final, la pregunta sobre la salud del periodismo colombiano ya no pasa únicamente por saber si un medio es de izquierda o de derecha. Pasa por saber si todavía queda, en algún rincón del periodismo colombiano, un espacio que le rinda cuentas al público sin depender de quien lo financia, lo regula o lo amenaza con una demanda.
1. El canal de todos que empezó a trabajar para unos pocos
RTVC, el sistema de medios públicos de Colombia, se financia con recursos públicos y, como todo medio público en una democracia, debería servir al conjunto de la ciudadanía antes que al gobierno de turno. Pero, a diferencia de la BBC en Reino Unido, o el ARD y la ZDF en Alemania, su gerente es nombrado directamente por el presidente y no cuenta con garantías institucionales de independencia editorial. Durante esta campaña, distintas organizaciones documentaron que esa debilidad se tradujo en una cobertura funcional a dos objetivos: hacer propaganda favorable a la administración de Gustavo Petro y, durante la contienda electoral, respaldar la candidatura del candidato de gobierno, el senador Iván Cepeda.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) documentó presiones sobre la pauta oficial, hostigamiento laboral a periodistas no alineados y un desvío discrecional de publicidad estatal que castigaba a la prensa independiente y premiaba a la afín; su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión advirtió que el sistema público estaría “omitiendo temas percibidos como desfavorables para la administración del presidente” y concentrando la pauta oficial casi exclusivamente en mensajes alineados con el gobierno. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), por su parte, contabilizó más de treinta episodios de censura y vetos explícitos contra analistas críticos desde el nombramiento de Hollman Morris como gerente en abril de 2024, y describió el resultado como “una plataforma al servicio del gobierno nacional”. El propio presidente reforzó esa lectura al calificar a RTVC como el “faro de la verdad” mientras denigraba a los medios críticos, y al respaldar sin fisuras a Morris en lugar de corregir su gestión, algo que la FLIP comparó con el precedente de Juan Pablo Bieri bajo Iván Duque, el único caso en que la Corte Constitucional había condenado ese tipo de censura en RTVC.
Otro eje de esta controversia surgió con la alianza operativa que RTVC formalizó con Revista Raya, que mediante el programa Señal Investigativa obtuvo acceso a la pantalla de Señal Colombia a cambio de contratos de coproducción por más de 400 millones de pesos. En los meses de campaña, ese espacio produjo una serie de investigaciones que convergían en una misma narrativa: la de un “complot de la ultraderecha” que involucraba a empresarios, funcionarios del expresidente de derecha Álvaro Uribe y periodistas. El propio Cepeda convirtió esa narrativa en eje de su discurso electoral.
Su pieza sobre el llamado Proyecto Júpiter, que presentó al excanciller de Uribe, Jaime Bermúdez, como arquitecto de una estrategia de comunicación presuntamente orientada a favorecer a la candidata uribista Paloma Valencia y a perjudicar a Cepeda, señaló a la directora de La Silla Vacía, Juanita León, como partícipe de esa trama. La Silla Vacía calificó la asociación de falsa y pidió rectificación por vía de tutela, que la justicia negó en junio de 2026, fallo que RTVC y Raya celebraron como una victoria del periodismo investigativo.
El reportaje en cuestión fue criticadocomo una acumulación de imágenes y datos sueltos —desde los computadores de Raúl Reyes hasta menciones a Cambridge Analytica— que no lograba probar que los contratos entre La Silla Vacía y el centro de pensamiento ProBogotá, gestionados por intermedio de Bermúdez, formaran parte de una estrategia electoral. La crítica concluyó que, aunque era plausible que sectores de derecha impulsaran estrategias de comunicación digital, esos contratos eran, según el medio, circunstanciales y ajenos a fines políticos. Revista Raya, por su parte, señaló que Juanita León había dado versiones cambiantes sobre el alcance de su relación con Bermúdez.
Según una respuesta del maestro Javier Darío Restrepo en el Consultorio Ético, es un error común atribuirle a un medio financiado con recursos públicos una función de propaganda hacia quienes lo administran: esos medios, escribió, “se deben al público, no a las entidades y mucho menos a los funcionarios”, porque la información que procesan —los asuntos que conciernen a la sociedad— son “un elemento que es de todos” y que, convertido en propaganda en lugar de información, termina negándole la verdad a quienes debía servir.
2. La sombra de las FARC que dividió al periodismo independiente
El 22 de febrero de 2026, La Silla Vacía publicó, con apoyo investigativo de La Liga Contra el Silencio, un reportaje sobre la mención del entonces candidato Iván Cepeda en los llamados “archivos de Raúl Reyes”: los computadores atribuidos al segundo al mando de la guerrilla de las FARC, recuperados tras el bombardeo de 2008 a su campamento en Ecuador. La investigación sostenía que la explicación defendida por Cepeda durante años —según la cual su nombre había sido “sembrado” por el DAS (antiguo servicio de inteligencia colombiano) en esos archivos— no encontraba respaldo en la evidencia documental revisada por el medio. Uno de los mensajes citados por el reportaje fue escrito el 18 de febrero de 2008 por alias “Ingrid Storgen”, presentada en los archivos como una integrante de las FARC responsable de gestionar apoyos internacionales de la guerrilla: “Por pedido del compañero Iván Cepeda estoy coordinando la unidad de las marchas que se harán en todos los países el próximo 6 de marzo”.
La publicación reabrió una controversia de larga data. Aunque la Corte Suprema concluyó que el contenido de estos archivos no fue manipulado ni falsificado, los descartó como prueba judicial debido a la forma en que fueron obtenidos, sin coordinación con las autoridades ecuatorianas. Esa distinción jurídica, sin embargo, suele perderse en el debate público, donde sectores de derecha aprovecharon el reportaje para reforzar narrativas que asociaban al senador Cepeda con la antigua guerrilla.
Incluso dentro del propio medio hubo discrepancias: una columna de opinión en La Silla Vacía cuestionó que una inferencia tan fuerte —que “Cepeda tuvo contactos por lo menos en esa oportunidad con las FARC”— se sostuviera en el testimonio de una sola fuente de fiabilidad discutida, sin otro registro independiente que la confirmara. La dirección del medio rechazó esa lectura y defendió el rigor de su verificación documental.
Pero el punto más controvertido del reportaje no fue la mención a Cepeda, sino un señalamiento colateral. La investigación advirtió que la misma “Ingrid Storgen” publicó —con su nombre real, Inés Graciela Dorado— un par de columnas de opinión en el portal Agencia Prensa Rural. A partir de ese dato, y de menciones cruzadas en otros archivos de excomandantes de las FARC, el texto calificó a Prensa Rural, junto con los portales Kaos en la Red y Rebelión, como medios “orgánicos” de las FARC.
Esa etiqueta desató un rechazo generalizado. Prensa Rural —fundada por la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC), organización reconocida en 2010 con el Premio Nacional de Paz del PNUD— calificó el señalamiento de calumnioso y pidió una rectificación, que La Silla Vacía rechazóargumentando que los archivos de la guerrilla corroboraban su afirmación. El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo se sumaron al reclamo, advirtiendo que en el contexto colombiano esa etiqueta ha precedido, históricamente, detenciones arbitrarias, montajes judiciales, atentados y exilios forzados contra periodistas y líderes sociales en zonas rurales golpeadas por el conflicto.
La controversia fracturó, además, la solidaridad dentro del propio gremio. La Liga Contra el Silencio —la alianza de 16 medios independientes que había respaldado editorialmente la investigación— optó por retractarse públicamente el 27 de febrero, reconociendo que el señalamiento a Prensa Rural, Kaos y Rebelión no había sido conocido ni avalado por todos sus medios miembros antes de la publicación, y pidió disculpas explícitas a las audiencias y a los medios estigmatizados. La Silla Vacía mantuvo su versión original.
Ese episodio terminó golpeando también a la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). La ausencia de un pronunciamiento público frente al señalamiento a Prensa Rural motivó, el 24 de marzo de 2026, la renuncia de dos periodistas de larga trayectoria en la organización, Claudia Julieta Duque y Claudia Báez, quienes calificaron ese silencio de “una forma de aval” y cuestionaron lo que describieron como una influencia desproporcionada de La Silla Vacía y su directora dentro de la Asamblea y la Junta de la Fundación. La FLIP respondió una semana despuésexplicando que sí había actuado, aunque de forma reservada —con una reunión directa con Prensa Rural para evaluar riesgos y activar rutas de protección ante la Unidad Nacional de Protección—, y que la decisión de no pronunciarse públicamente había sido objeto de un largo debate entre quienes exigían una condena pública y quienes temían que la FLIP terminara actuando como árbitro censor de la prensa.
Como advirtió Javier Darío Restrepo en el Consultorio Ético, “es particularmente apremiante someter a una rigurosa comprobación toda afirmación contra el buen nombre o la fama de alguien”. Cuando esa comprobación se hace, añadía, es igual de necesario darle al acusado «oportunidad de responder al acusador, antes de cualquier publicación”. El episodio deja sin resolver esa tensión entre el derecho de un medio a defender, con evidencia documental, una afirmación que considera sustentada, y el peso desproporcionado que esa misma afirmación puede tener sobre quienes la reciben cuando no hay una instancia —judicial o gremial— capaz de zanjar la disputa de forma definitiva.
3. La máquina que firmó una columna
El 7 de junio de 2026, El Espectador publicó una columna titulada “Abelardo: el cirujano que Colombia necesita”, firmada por “Felipe Zuleta Lleras y Gemini IA”. Zuleta declaró haberla escrito “a cuatro manos” con el chatbot de Google y reprodujo cinco párrafos generados por el modelo suscribiendo sin más intervención editorial que estar de acuerdo con el resultado. El texto, alineado con la candidatura de Abelardo De la Espriella, recurrió a una retórica clínica y punitiva con llamados a “extirpar el cáncer de la complacencia” y a la necesidad de una “medicina amarga (…) para frenar la extorsión y el narcotráfico”.
El ejercicio fue altamente cuestionado. La periodista investigativa Laura Ardila lo describió en su cuenta de X como “una renuncia explícita a la función que da sentido al oficio del columnista: mirar el mundo, explorar argumentos, analizar, interpretar”, y advirtió que la garantía de estar «integralmente» de acuerdo con la IA no bastaba como defensa, pues “los modelos conversacionales suelen adaptarse al marco de la pregunta”. La filósofa Laura Quintana Porras agregó que “’escribir’ un prompt para que arroje una respuesta y publicarla no es escribir a cuatro manos” y lo presentó como un nuevo ejemplo de la “renuncia al periodismo a la que se arrojan los medios colombianos”.
Siete meses antes, el mismo diario había enfrentado un episodio de naturaleza técnica similar. En noviembre de 2025, un pasante en periodo de prácticas fue descubierto usando IA generativa para fabricar decenas de artículos, con citas atribuidas a expertos y profesores inexistentes; el engaño salió a la luz por un lector que detectó las inconsistencias. El director Fidel Cano describió entonces la conducta como obra de “una creación de su mente perversa” y calificó de “imperdonable” que los contenidos hubieran pasado los filtros editoriales. El diario retiró en su totalidad los artículos del practicante.
Frente al caso de Zuleta, la respuesta de la dirección fue distinta. En su espacio semanal Redacción al desnudo, Cano reconoció los “jalones de orejas” y expresó que un columnista “pisotea ese privilegio si se limita a reproducir lo que le diga a su agente de inteligencia artificial». Sostuvo, sin embargo, que Zuleta había advertido de antemano que reproduciría la respuesta del modelo, la puso entre comillas y la avaló como su propia opinión, lo que “cumplía con la primera premisa y la más importante de nuestro manual de uso de inteligencia artificial y es la transparencia total con la audiencia”. Bajo ese criterio, dijo, «cabía dentro de la libertad casi absoluta que tienen columnistas y caricaturistas permanentes de este periódico de opinar libremente en sus espacios”, aun cuando eso significara que el columnista estuviera “en realidad renunciando a opinar” y le hiciera “daño, por supuesto, al periodismo de opinión”.
Ese mismo argumento de libertad lo usó Cano, una semana después, para justificar la continuidad de Zuleta como columnista pese a una serie de videos de tono violento que este difundió en sus redes personales como parte de su respaldo a De la Espriella.
Wilson Vega, editor de Xataka Colombia —medio especializado en tecnología—, cuestionó, sin embargo, que la declaración de transparencia fuera suficiente. Reconoció que informar que el texto “era producto de un chatbot de IA es un paso indispensable», pero advirtió que «no puede haber transparencia sin dar a conocer el prompt que llevó al chatbot a generar el texto”, ya que el ejercicio carecía de «un proceso editorial en el que el texto sea contrastado con lo que piensa un cerebro humano”. No es lo mismo, escribió, “pedirle una columna sobre cuál es el candidato que debe llegar a la Presidencia en Colombia que pedirle explicar por qué Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda debe ganar”.
Sobre el uso de inteligencia artificial en la labor periodística, la periodista Yolanda Ruiz planteó en el Consultorio Ético de la Fundación Gabo un límite: “Siempre que se trate de apoyar y reforzar el trabajo hecho por periodistas que tienen la capacidad de verificar, filtrar, dar contexto a la información, no hay razón para desechar posibilidades tecnológicas que pueden ayudar al trabajo. Lo que no se puede hacer es considerar que la inteligencia artificial puede reemplazar al periodista para hacer todo el trabajo”.
4. El litigante contra la prensa, ahora presidente electo
Abelardo de la Espriella llegó a la contienda electoral de 2026 con un historial de más de una década de litigios contra la prensa que, según organizaciones como la FLIP y Reporteros Sin Fronteras, no se interrumpió tras el lanzamiento de su candidatura por firmas el 16 de julio de 2025. Entre 2008 y 2019, la Fiscalía registró 109 casos en los que De la Espriella figuraba como denunciante por los delitos de injuria y calumnia, cifra citada por la FLIP; de esos, 22 habrían sido específicamente contra periodistas, columnistas y activistas, según reportes del propio despacho de De la Espriella, y de manera independiente, La Silla Vacía documentó 28 demandas civiles contra ese mismo grupo. La mayoría de estos procesos terminó archivada, desistida o fallada en su contra. El efecto, según sus críticos, no se mediría en los resultados judiciales sino en el efecto intimidatorio del litigio mismo.
Según La Silla Vacía y Vorágine, la estrategia habría evolucionado con los años: de la solicitud de rectificación y la denuncia penal —recursos que, según el periodista Ignacio Gómez, rara vez avanzaban porque los reporteros contaban con soportes documentales sólidos— hacia la vía civil, que el propio De la Espriella describió como más eficaz. “Me he dado cuenta de que nada le duele más a ese periodismo independiente que el bolsillo. El dolor de bolsillo es peor que un dolor de muela”, dijo en 2018 en una entrevista con Carlos Alonso Lucio, quien luego fue jefe programático de su campaña y hoy dirige el empalme del gobierno entrante.
El patrón identificado por ambos medios incluye medidas cautelares que restringen la disposición de bienes de los demandados durante años, la elección de juzgados en Barranquilla, que, según periodistas demandados, encarece la defensa de quienes viven en otras ciudades, e indemnizaciones reclamadas de entre 35 y 130 millones de pesos. En varios casos, además, De la Espriella retiró la demanda después de obtener el embargo cautelar, lo que los periodistas consultados por La Silla Vacía interpretan como indicio de que el objetivo era desgastar y no ganar el proceso.
La Corte Constitucional, en la Sentencia T-452 de 2022, definió el acoso judicial como el uso del aparato de justicia “con el propósito de silenciar la expresión, en especial, cuando esta resulta de interés público», aprovechando un desequilibrio de poder entre las partes, definición que la FLIP y RSF han invocado para caracterizar este patrón.
Durante la campaña, esa relación con la prensa tuvo también una dimensión digital. Un análisis de La Liga Contra el Silencio sobre el total de menciones a De la Espriella en X entre noviembre de 2025 y febrero de 2026 —cerca de 35.000 publicaciones— encontró que el 91,3 % eran retuits y apenas el 0,5 % trinos originales: una amplificación coordinada por un grupo reducido de cuentas vinculadas al entorno de la campaña, más que un debate espontáneo. Entre los mensajes que impulsaba, el estudio documentó montajes hechos con IA contra periodistas y columnistas como Daniel Coronell, Cecilia Orozco y Ana Bejarano, presentados como una “bodega” alineada con la izquierda y al filántropo George Soros, con un componente de connotación sexual dirigido específicamente a periodistas mujeres.
Durante los primeros meses de campaña, De la Espriella sostuvo que no veía en sus litigios una contradicción con la libertad de prensa, ni una conducta que vaya a cambiar en la Presidencia. En una entrevista con Vanguardia, en septiembre de 2025, distinguió entre el periodismo que, a su juicio, “dice la verdad” —al que dice no tener nada que objetar— y el que practica, según él, un grupo reducido de periodistas “ideologizados”. Contra estos últimos ha litigado, afirmó, porque atacan su honra con mentiras: “el mecanismo que te da la Constitución y la ley es la acción judicial. Eso no puede ser considerado una persecución”. Preguntado explícitamente por cómo manejaría las críticas de la prensa una vez en el cargo, respondió tajantemente: “Si a mí, como presidente, me inventan una mentira, voy y presento mi acción legal”.
En junio de 2026, ya convertido en el candidato más votado de la primera vuelta y favorito para llegar a la Casa de Nariño, moderó parcialmente el énfasis de su discurso, aunque no su planteamiento de fondo. En una entrevista con Caracol Radio, advirtió sobre “una amenaza grave contra el periodismo colombiano” y dijo que había que fortalecer los esquemas de protección, agilizar la respuesta de la Fiscalía ante ataques a periodistas y reafirmar “la libertad de prensa, el respeto al trabajo periodístico independiente”. Sin embargo, volvió a diferenciar entre los periodistas y un pequeño grupo de “activistas que fungen periodistas”, a quienes acusó de difamar e inventar sin consecuencias legales. Insistió en que “los periodistas no están por encima de la ley” y defendió las demandas que ha promovido, precisando que ha tenido conflictos “con 12 o 14 periodistas, o más bien activistas” que, según él, lo han difamado.
Tras la confirmación oficial de su triunfo el 25 de junio de 2026, RSF emitió un comunicado expresando su preocupaciónpor el futuro de la libertad de prensa en Colombia, país que ocupa el puesto 102 de 180 en su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa. La organización recordó que dos periodistas fueron asesinados en el país desde comienzos de año —Cristian Herrera y Mateo Pérez Rueda— en circunstancias vinculadas al ejercicio del periodismo, y llamó al nuevo gobierno a garantizar que ninguna investigación periodística sobre asuntos de interés público sea objeto de represalias o presiones judiciales.
Sobre esa tensión entre la crítica legítima al poder y el uso del poder para intimidar a quien la ejerce, Yolanda Ruiz, corresponsable del Consultorio Ético de la Fundación Gabo, ha trazado una distinción pertinente. Aunque los periodistas, dice, “no somos infalibles” y «tenemos que estar abiertos al escrutinio público”, ese escrutinio corresponde, en primer lugar, a los pares, a la academia, a las audiencias y, cuando haya vulneración de derechos, a los mecanismos previstos por la ley. De hecho, recuerda, “no toda crítica a los medios de comunicación o a los periodistas es un atentado a la libertad de prensa”, y la autocrítica gremial fortalece el oficio. Lo que no puede ocurrir, advierte, es que “los Estados o los gobiernos se sientan con el derecho de censurar simplemente porque no les gusta el trabajo que hacen los medios de comunicación”: ese uso del poder deja de ser control ciudadano y se convierte en censura, un riesgo que, señala, trasciende gobiernos y colores políticos.
Está por ver qué efectos tendrá la llegada del nuevo presidente: si las redacciones sostienen el mismo estándar de cobertura en defensa del interés público, o si, por el contrario, el riesgo ya conocido termina condicionando cada vez más las decisiones editoriales sobre qué se investiga y cómo se publica. Lo que sí parece claro es que esa pregunta no la resolverá el periodismo que se acomode al poder, sino el que se atreva a investigarlo y a asumir las consecuencias.
5. El respaldo que rompió un tabú del periodismo colombiano
Abelardo de la Espriella tuvo, antes de ser candidato, una relación de años con El Heraldo como columnista: entró al diario de Barranquilla a principios de la década pasada, cuando Ernesto McCausland era su director, y salió en 2017, cuando su sucesor, Marcos Schwartz, decidió suspender su espacio semanal después de que De la Espriella publicara el texto “Muerte al tirano” —en el que planteaba la necesidad de asesinar a Nicolás Maduro—, por considerar que ese contenido “no encajaba con los principios del periódico”. Volvió a escribir en el diario en 2020, bajo la dirección de Érika Fontalvo, quien sigue al frente del periódico, hasta que se despidió ese mismo año dejando entrever una futura aspiración presidencial.
Ese antecedente es el trasfondo de lo que ocurrió en mayo de 2026: a una semana de la primera vuelta, El Heraldo publicó un editorial titulado “Abelardo De la Espriella, el candidato del Caribe, es la mejor opción a la Presidencia de Colombia”, en el que respaldó explícitamente su candidatura invocando la identidad regional caribeña (De la Espriella es de Montería, otra capital costeña) frente al centralismo bogotano y su promesa de mano dura frente al aumento de la violencia en el departamento del Atlántico.
El hecho llamó la atención porque el endoso editorial directo a un candidato presidencial no es una práctica extendida en el periodismo colombiano, a diferencia de Estados Unidos, donde diarios como el Washington Post o el New York Times respaldan candidaturas en cada elección. El precedente más cercano en Colombia había sido el editorial “Motivos de un respaldo”, publicado por El Tiempo en 2018 a favor de Iván Duque, en el que el diario argumentó que su falta de “equipaje político” le permitiría gobernar sin ataduras clientelistas. Ese respaldo fue cuestionado en su momento por críticos de medios como el español Paco Gómez Nadal, quien planteó que no había sido el resultado de una deliberación editorial independiente, sino una operación de comunicación corporativa al servicio de su propietario mayoritario, Luis Carlos Sarmiento Angulo, cuyo conglomerado financiero e inmobiliario tenía intereses directos en el resultado de la elección.
Ocho años después, el respaldo de El Heraldo a De la Espriella reabrió ese mismo debate. El periodista Sebastián Nohra escribió en X que “nunca me parecerá respetable que un medio se ponga la camiseta de un candidato y haga militancia política”. Por su parte, la abogada y columnista Ana Bejarano calificó la decisión de “indolencia y falta de conciencia gremial”, y cuestionó que el diario apoyara formalmente a un personaje al que catalogó como un “hostigador de la prensa en Colombia”
La pregunta de fondo —qué tan lejos puede ir un medio en su respaldo a un candidato sin comprometer su credibilidad— no es nueva, y el Consultorio Ético de la Fundación Gabo la ha abordado recientemente. Su corresponsable, Yolanda Ruiz, explica que “la total objetividad no existe” y que todos los medios tienen, en mayor o menor medida, una posición editorial; sin embargo, advierte que “una cosa es tener una línea editorial y otra es desconocer que hay otras posiciones políticas que un medio serio debe tener en cuenta”, y que ahí “se puede cruzar una línea peligrosa” hacia el activismo político.
Para Ruiz, lo determinante no es tanto si el respaldo se hace público, sino cómo se ejerce el periodismo durante la contienda más allá de esa línea editorial: si se da espacio a las distintas voces políticas, si se separa con claridad la información de la opinión y si se informa con base en hechos y no en el prejuicio. Ruiz añade una advertencia para el contexto actual: en tiempos de polarización y “gobiernos autoritarios”, asumir públicamente una posición política puede terminar estigmatizando a un medio o incluso exponerlo a riesgos.
6. La puerta giratoria
La tensión entre opinión corporativa e independencia periodística alcanzó su forma más extrema en el tránsito de Vicky Dávila entre la dirección de la revista Semana y la arena electoral. Desde febrero de 2024, Semana se convirtió abiertamente en caja de resonancia de las posturas personales de su directora contra el gobierno de Petro, e incluso de sus propuestas de corte político, hasta que Dávila renunció formalmente en noviembre de ese año para lanzar su candidatura presidencial por firmas.
La señal había llegado meses antes de la renuncia. En agosto de 2024, la columnista Ana Cristina Restrepo escribió en El Espectador sobre una encuesta presidencial de Guarumo, comisionada por la propia Revista Semana, en la que su directora en ejercicio figuraba como posible candidata. Esto llevó a la Red Ética de la Fundación Gabo a publicar un hilo advirtiendo que “ni el activismo político, ni el proselitismo, ni la propaganda son periodismo”, y que un medio o periodista cuya independencia editorial dependa de su interés político de turno “no puede ofrecer un servicio real de veeduría y control político a la sociedad”.
Tras lanzar su candidatura, Dávila fue consultada directamente, en una entrevista en La FM, sobre un eventual respaldo económico de Gabriel Gilinski, su antiguo jefe y propietario de Semana, y respondió que, de recibirlo, sería limitado: «Si en un momento dado yo le pido algún aporte a Gabriel Gilinski —que además los aportes van a tener un límite— esto no es, pues, que a mí me van a dar 1.000, 3.000, 15.000 millones [de pesos]». Ese mismo mes, ante señalamientos sobre su cercanía con el empresario, dijo en La W que no era «ficha de ningún grupo económico en Colombia”.
La investigación de la financiación de su campaña de recolección de firmas desmontó por completo esas declaraciones: de los 2.378 millones de pesos reportados al Consejo Nacional Electoral (CNE), 2.100 millones —el 88 % del total— provinieron directa o indirectamente de Gilinski a través de aportes personales, de la empresa GGKB Investment y de la propia Publicaciones Semana S.A.
Su campaña se estancó en una guerra de descalificaciones personales contra De la Espriella —acusaciones sobre sus vínculos con Álex Saab (señalado testaferro de Nicolás Maduro), cuestionamientos a su coherencia ética y hasta a su fe religiosa— y perdió la Gran Consulta de centroderecha frente a Paloma Valencia el 8 de marzo de 2026, con apenas 238.000 votos, muy por debajo de las 686.768 firmas que había reportado ante el CNE para inscribir su candidatura.
Tras esa derrota, Dávila rompió el compromiso de disciplina de coalición que la obligaba a apoyar la candidatura de Valencia, y regresó a Semana como entrevistadora para impulsar precisamente al candidato que meses antes había atacado con dureza. La entrevista de reconciliación, transmitida horas antes de la segunda vuelta desde Barranquilla, careció por completo de ese rigor fiscalizador: la periodista le entregó a De la Espriella una estatuilla religiosa como gesto de complicidad simbólica, y ambos compartieron risas y vallenatos ante las cámaras mientras el candidato exponía sin contradicción sus propuestas más polémicas. Esa vuelta de “360 grados” —de periodista a candidata financiada por su propio medio a entrevistadora complaciente con el rival que antes atacó— normaliza una puerta giratoria que erosiona la posibilidad misma de que la audiencia distinga entre el ejercicio informativo y la militancia política encubierta.
Pero aquella fue solo una expresión más del respaldo que Semana le brindó a la campaña de Abelardo De la Espriella. Según reportó La Silla Vacía, entre la primera y la segunda vuelta —un lapso de apenas 21 días—, las cuentas oficiales de la revista en redes sociales publicaron más de un centenar de videos de campaña de De la Espriella. Estos reproducían íntegramente contenido proselitista, sin intervención editorial, edición ni marca de publicidad política pagada, y con un alcance que supera ampliamente al de las cuentas propias del hoy presidente electo. Varios de esos videos incluían incluso la pieza final donde el candidato pide marcar el tarjetón con su nombre. Ningún contenido equivalente de la campaña de Iván Cepeda recibió un tratamiento similar.
Esa amplificación sostenida y desequilibrada dejó abierta la pregunta de si constituye propaganda electoral coordinada que, según la legislación colombiana (Ley 1475 de 2011 y la Resolución 0481 de 2026 del CNE), debería haberse reportado como donación en especie, lo que sugiere un posible financiamiento no registrado de la campaña.
7. Encuestas opacas y apuestas disfrazadas de información
Durante el tramo final de la primera vuelta, las encuestadoras tradicionales proyectaron de manera consistente un escenario favorable para Iván Cepeda que la realidad electoral desmintió de manera contundente. Invamer, con más de 32 años de trayectoria ininterrumpida en el país, había dado a Cepeda como ganador con 44,6 % frente a 31,6 % de De la Espriella. El resultado real invirtió esas posiciones: 43,74 % para De la Espriella contra 40,9 % para Cepeda. Poco después, Caracol Televisión decidió prescindir del estudio de Invamer para la segunda vuelta, tras más de tres décadas de cobertura ininterrumpida.
Ese vacío dejó el terreno prácticamente monopolizado por Atlas Intel, encuestadora digital brasileña en estrecha alianza comercial con la revista Semana, cuya metodología de reclutamiento por internet resultaba más barata que el trabajo presencial, aunque también menos transparente. Una auditoría de sus microdatos entregados al CNE, revelada por La Silla Vacía un mes antes de la elección, mostró que la firma modificaba de manera arbitraria la composición demográfica de su muestra entre encuestas —inflando la proporción de votantes de 45 a 59 años del 21 % al 26 %— y que esos ajustes alcanzaron su punto más alto justo antes de la consulta de coalición de derecha del 8 de marzo de 2026, sobre los segmentos donde el voto de De la Espriella era más fuerte. Con las ponderaciones estándar de sus propias mediciones anteriores, su intención de voto en esa encuesta previa al 8 de marzo no habría superado el 22 %, en lugar del 31 % que la firma le atribuyó.
El director de Atlas Intel, Andrei Roman, agravó el problema al abandonar la neutralidad técnica del gremio para predecir, en una entrevista con El Tiempo, que Paloma Valencia no tenía ninguna opción de pasar al balotaje, mientras defendía sus ajustes apelando a una “fórmula secreta” que nunca compartió con el órgano electoral. Al inflar la competitividad de De la Espriella desde el inicio, esas cifras alimentaron un relato de “voto útil” que contribuyó a desactivar la candidatura de Valencia. El CNE llegó a decretar medidas cautelares contra Atlas Intel y Semana por seis infracciones graves a la Ley de Encuestas, pero la revista Semana apeló, y el pleno del CNE tumbó la medida ocho días despuéspor haber sido tomada por una sola magistrada sin el aval de sus colegas, dejando a ambas empresas en libertad de publicar hasta la víspera de la votación.
Junto a ese colapso emergió Polymarket, una plataforma donde cualquiera puede apostar dinero real sobre el resultado de un evento futuro, como una elección. El precio de cada apuesta funciona como un porcentaje de probabilidad que sube o baja según cuánta gente apuesta a cada opción. Vicky Dávila y De la Espriella empezaron a promoverla en Colombiacomo un termómetro más confiable que cualquier encuesta, siguiendo la premisa de que arriesgar dinero propio obliga a brindar un pronóstico más certero. Polymarket es la más grande de toda una industria de los llamados mercados de predicción, que ha tenido su auge desde mediados de 2025, impulsado principalmente por los ciclos electorales y eventos de gran impacto mundial.
Ante los primeros indicios del uso de Polymarket para posicionar candidaturas en Colombia, La Silla Vacía encontró, en una investigación publicada en septiembre de 2025, que solo 82 cuentas en el mundo habían participado en el mercado presidencial colombiano en Polymarket. De ellas, 15 apostaban por De la Espriella y una sola concentraba el 40 % de todo el dinero invertido a su favor —más de cien mil dólares—; esa misma cuenta fue la que solicitó que se incluyera a De la Espriella como opción de apuesta. La investigación clasificó a varias de esas cuentas como “infladoras”, es decir, perfiles que no eran apostadores habituales, sino simpatizantes que usaban la plataforma como vitrina política.
En marzo de 2026, la propia campaña de De la Espriella denunció el escenario inverso: que terceros estaban usando bots y compras automatizadas para hundir su cotización. Dos meses después, un análisis de Factchequeado documentó que Polymarket pagaba publicidad a cuentas de alta influencia para presentar a De la Espriella como el “Bukele o Milei colombiano” frente a un Cepeda calificado de “comunista”, un patrón que la plataforma repitió en Perú y Brasil.
Aun así, varios medios integraron esas cifras como si fueran un dato periodístico más, en línea con lo que ya hacían grandes medios de EE. UU. como CNN, que se alió con Kalshi para incorporar gráficos de probabilidades en sus transmisiones, y el Wall Street Journal, cuya matriz, Dow Jones, cerró un acuerdo para llevar los datos de Polymarket al periódico. Ejemplo de ello en Colombia es La República, que combinó cifras de distintos mercados de predicción como una especie de «termómetro de las expectativas«, aclarando apenas al pasar que no equivalen a una encuesta.
Esa validación mediática ha abierto la puerta a que políticos de todo el mundo les den credibilidad a estos mercados: por ejemplo, en Perú, el candidato presidencial Rafael López Aliaga citó las cuotas de Polymarket sobre su propia contienda electoral como si fueran una “encuesta internacional” de una «casa de apuestas”. Y esto, por supuesto, conlleva riesgos serios: un corresponsal militar en Israel recibió amenazas de muerte de apostadores en Polymarket tras reportar sobre un ataque de misiles iraní el 10 de marzo. También existe el riesgo de que alguien con información privilegiada apueste antes de que se conozca un resultado. Así pasó con la operación que extrajo a Nicolás Maduro de Venezuela en enero de 2026: un soldado estadounidense que ayudó a planearla apostó en Polymarket usando esa información clasificada y ganó más de US$400.000. En abril fue imputado por ello.
En una guía sobre encuestas electorales, la Red Ética de la Fundación Gabo advierte que “los periodistas experimentados saben que las mejores encuestas son producidas por organizaciones electorales independientes, no partidistas, sin ningún interés personal en el resultado de los hallazgos”, mientras que las de actores partidistas —empresas de consultoría política, gremios, campañas— “deben ser examinadas cuidadosamente y, cuando sea posible, compararlas con los resultados de las encuestas no partidistas”. Ese examen cuidadoso no ocurrió. El deterioro conjunto del sistema de medición de opinión pública —el fracaso de las encuestadoras tradicionales, la controversia de Atlas Intel, la entrada caótica de Polymarket como sustituto— no recae solo en quienes produjeron datos opacos, sino también en los medios que los replicaron sin plantear las preguntas básicas.
