Cada vez es más frecuente ver o escuchar en las noticias que uno o varios policías activos participaron en algún delito menor o mayor, lo cual hace que la indignación de la ciudadanía se incremente al mismo tiempo que la desconfianza en esta institución tan importante que – paradójicamente – tiene como misión principal nuestra seguridad.
Por: Victor Herrera
Victor Herrera Michel
Y si bien ello se da a nivel nacional, en el caso de nuestro territorio hemos asistido a una serie escalonada de crímenes en donde son protagonistas algunos “agentes del orden”.
Es así como hasta hoy por ejemplo no se ha aclarado que pasó, hace apenas un año, con las 51 armas de fuego – 38 revólveres y 13 pistolas – que fueron robadas de la Escuela de Policía ‘Antonio Nariño’ en Soledad. Esto es de la mayor gravedad: “desaparecieron”, sin dejar rastro alguno, más de medio centenar de armas de dotación oficial de una unidad policial. Lo más curioso es que este robo de armas se descubre al ser capturado por hurto, con una de ellas, un auxiliar que había ingresado a esta escuela y se encontraba, hace un mes, en etapa de instrucción.
Poco antes se había descubierto en Santa Marta la extracción de 234 armas de la bodega de evidencias de la Policía de esa ciudad que había resultado de la captura de cinco agentes activos y un civil. La evidencia apunta a que esas armas fueron vendidas a la banda criminal de “Los Pachencas” al servicio del denominado “Clan del Golfo”.
Y que tal el caso de la denominada banda de los “Plaqueteros” en Barranquilla en la que participaban 15 policías y tres civiles y que chantajeaban a los conductores a través de la violación de la base de datos del Registro Único Nacional de Transito (RUNT).
O el de los 2 policías en servicio en el municipio de Sabanalarga acusados hace 3 meses de abusar sexualmente de una joven madre de dos niños que acababa de llegar de Venezuela. Lo inaudito es que los presuntos responsables habrían hecho llegar a la víctima el mensaje de que le darían $10 millones para que retirara la respectiva denuncia ante la Fiscalía.
El caso más reciente es el del joven realizador audiovisual Ángelo Alzamora asesinado para robarle un celular y en cuyo crimen participaron cinco delincuentes, de los cuales uno era un agente de policía suspendido hacía 45 días.
La ciudadanía se pregunta, con razón, si será entonces mera coincidencia que tantos delincuentes (la propia policía dice que es el 80% de los capturados) sean dejados en libertad luego de que las autoridades judiciales argumentan que hubo una aprehensión irregular. O sí después de 10 años de entrada en vigencia el nuevo sistema penal acusatorio en nuestra ciudad aún los agentes de Policía no sepan “realizar una captura legal”.
En este punto también cabría pensar, como lo advirtió Gómez Hurtado hace más de 20 años: “Hemos llegado a una situación escandalosamente paradójica en la que nuestro sistema de justicia parece estarse pasando al bando de los criminales”
Consuela saber que la Institución Policial asegura que se encuentra en una lucha frontal contra los actos de corrupción de sus integrantes a través del denominado “Plan Transparencia” y que, por fortuna, son pocas las “manzanas podridas” que hay dentro de la entidad. Lo cierto es que las últimas encuestas señalan que la imagen favorable de la Policía es de apenas el 58%. Menor que la de las Fuerzas Militares o los Medios de Comunicación, entre otros.
@vherreram
