La norma trata de evitar vergüenzas como los sobornos de Odebrecht y el robo a las acciones de la Triple A de Barranquilla.
Por Rafael Sarmiento Coley
No hay quien tenga la paciencia de Job para contar, una por una, las leyes que nuestros sesudos legisladores sacan de la manga de la camisa como si se les pagara por el número de leyes que ‘fabrican’, y no por el control político al ejecutivo, no dejarse sobornar por los lobistas y comer menos mermelada envenenada que le mandan desde la Casa de Nariño.
Vayamos por parte. Esta ley tuvo que ser de origen ejecutivo. Porque implica manejo de recursos económico, ya sea como recaudo, o como gasto de trámites para quitarles a los rateros de cuello blanco y a los narcotraficantes todos esos bienes estrambóticos adquiridos con dineros cochinos.
Ahora, esta nueva ley que con tanta pompa y bulla presenta el Presidente Santos rodeado de los Ministros con chequera, encabezados por el de la chequera más gorda, Mauricio Cárdenas Santamaría, se dice que es la racamandaca contra los ladrones de cuello blanco y contra los narcos que se cuelan en los cocteles de la alta sociedad junto con sus abogados que son tan bandidos como ellos. ¿Usted no los ha visto? Hablan igualito que sus defendidos. Caminan como ellos. Sus esposas por lo general son las prepagos más caras del país, y su ropa la encargan a los mejores modistos de Paris, por lo que tienen casi en la quiebra a la industria nacional, o de no que lo diga ‘La aguja de oro’ Amalín de Hazun.
Ahora, en cuanto a los Minhacienda, no se sabe por qué extrañas coincidencias todos son comelones. Y tragones de jamones finos traídos de la Madre Patria o brochutti fresco venido de Italia. Por eso las papadas de cuanto Minhacienda cumple 6 meses en el cargo, luce rosa casi como el jamón de cerdo alimentado con flores rosadas.
¿Ayudará a los pobres?
Muy bonita la nueva Ley 1849. Más bonita sería si el día que le apliquen la extinción de dominio a una de esas grandes haciendas de un capo, la dividen en porciones adecuadas y le entregan parcelas a campesinos pobres. Ese sería un día de fiesta. Pero eso es soñar después de tomarse una docena de cerveza, con pesadillas tremendas. Los hijos de los capos, revolver en mano, sacando de la hamaca al pobre campesino “viejo HP lárguese de aquí que esta vaina es mía, es herencia de mi papi que está encanado por un socio que se ‘torció’, pero ya lo tenemos identificado”.
El campesino salta de la hamaca grande (pero no la de Adolfo Pacheco), cae encima de su mujer que duerme con la niña recién nacida y el berrinche de la niña lo despierta sudado y nervioso. “¿Qué le pasa, mijo?”, pregunta la señora atortolada.
“No. Nada mija. Fue una pesadilla por las putas polas demás que me tomé donde Vicenta con el compadre tomas”.

El agricultor John Leiver Muñoz, de quien el Presidente afirmó es “un ejemplo de tanto campesino desplazado”. Muñoz desde este viernes tiene formalizado su predio con lo que mejorará sus condiciones de vida.
El Presidente Santos no sabrá jamás de esas tonterías. Pero sí se enterará de las noticias de que la finca más rentable de un capo del Valle fue rematada y quedó en manos de los Caicedo, los Ardila Lúlle, de los Lloreda, mejor dicho, en ningún caso no quedó ni un metro de la finca en manos de un Juan Pérez.
¿Y si con la Ley 1849 el Fiscal General le metiera el diente a los Montes de María? Si logra expropiar las propiedades excesivas en manos de propietarios de dudosa ortografía, desde ya hay que adelantar una campaña para que, con los hierros de marcar los semovientes y las sillas de montar se haga el más gigante monumento a doctor Nestor Humberto Martínez Neira, el hijo de don Salustiano el pintor de brocha gorda.
Pero no perdamos la esperanza. Dejemos de señor y dejemos que el doctor Santos presente su ley: El Presidente Juan Manuel Santos promulgó este viernes la Ley 1849 que aumenta la eficacia del Código de Extinción de Dominio para combatir al crimen organizado, al narcotráfico y a los corruptos, para lo que la nueva norma acelera los procesos, incentiva la denuncia ciudadana y permite darle mejor uso a los bienes afectados.
El Jefe del Estado afirmó que en esa lucha frontal hay un tema estratégico que es el dinero, “ahí es donde más les duele” y reiteró que el combate en contra de las organizaciones criminales ha sido una prioridad de su gobierno.
La Ley 1849, que fue impulsada por la Fiscalía General, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Hacienda, a través de la SAE, confiere mayor dinámica al Código de Extinción de Dominio.
El Presidente explicó que un primer aspecto de los cambios introducidos es que se aceleran los procesos de extinción, porque se eliminan los 75 días correspondientes a la fase de fijación provisional de la pretensión del proceso.
Además, se garantiza, continuó, que “el juez que esté llevando el caso cuente con la experiencia en este tema” y acotó que si no puede hacer la notificación personal al demandado, se podrá notificar mediante un aviso.
El segundo aspecto destacado por el Mandatario, en el acto efectuado en la Casa de Nariño, es que se incentivará a las personas que denuncien.
“También se recompensará a los ciudadanos con procesos en curso que informen sobre la existencia de bienes de su propiedad o ajenos sujetos de extinción de dominio, estructuras criminales y redes de testaferrato”, indicó.
Precisó que la recompensa será equivalente al 5 por ciento del valor de la venta del bien y que el límite será de 2.500 smlv.
Igualmente, dijo que habrá beneficios para quienes confiesen voluntariamente sus bienes sujetos de extinción de dominio.
El Jefe del Estado señaló que el tercer aspecto de la nueva normativa es que permite darle mejor uso a los bienes afectados por la extinción de dominio.
En esta área el Estado podrá hacer uso temprano de los bienes: podrá distribuirlos, demolerlos o chatarrizarlos.
Tal uso temprano se aplicará cuando, por ejemplo, “representen un peligro para el medio ambiente, amenacen ruina, pérdida o deterioro, o estén generando un costo desproporcionado al Estado”.
Dijo, el Jefe del Estado, que la decisión sobre el uso temprano del bien corresponderá al comité integrado por la Presidencia y los Ministros de Hacienda y Justicia.
Y especificó que “ese comité trabajará de la mano de la recién creada Comisión Intersectorial de Extinción de Dominio, que va a solucionar cuellos de botella de los procesos y la administración de bienes”.
Además, declaró, que la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que depende del Ministerio de Hacienda podrá ejercer las funciones de Policía para recuperar los bienes cuando sea menester.
Con relación a los predios rurales afectados por extinción de dominio pasará a la Unidad de Tierras y del Fondo Nacional de Tierras.
Distribución de recursos

El Presidente Juan Manuel Santos promulgó la Ley 1849, que acelera procesos de extinción de dominio y garantiza que jueces que lleven casos cuenten con experiencia en el tema.
El Presidente explicó también que los recursos del fondo de la SAE se mantendrá el 25 por ciento para Rama Judicial y el 25 por ciento para la Fiscalía General, que “ya no dependerá del Ministerio de Hacienda para ser ejecutado”.
Añadió que el 50 por ciento restante se destinará así: 10 porciento a la Policía Nacional para potenciar las investigaciones de la policía judicial y el 40 por ciento restante para fortalecer la infraestructura penitenciaria y carcelaria, entre otros destinatarios.
Una de las características llamativas de la normativa es que “los encargados de la administración de los bienes van a asumir la responsabilidad por su cuidado correcto y así vamos a poder garantizar que los bienes no se pierdan, no se dañen, no se deterioren”, acotó el Mandatario.
Finalmente, el Presidente aseveró que con la nueva ley “le damos más dientes, más herramientas, más capacidad a las autoridades para combatir el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción”.











