Las dos muertes violentas relacionadas con las protestas por la falta de electricidad en Barranquilla, reflejan el mal gobierno y la corrupción. Sí, pero también refleja que eso no es un problema solo de ellos, sino de todos.
Por Jorge Sarmiento Figueroa – Editor general
Contados por Medicina Legal, van dos muertes violentas ocasionadas alrededor de las protestas por los apagones eléctricos. En otras palabras, dos seres humanos que, de manera directa o indirecta, estaban en las zonas donde arden las manifestaciones por la falta del servicio básico de luz, hoy ya no tienen vida.
Vida que sí tengo yo, que tiene usted, que tienen las autoridades, la alcaldesa de Barranquilla, el alcalde de Soledad, el alto consejero para la seguridad, el Ministro de Minas y Energías, el gerente de Electricaribe y los inversionistas privados dueños de esta empresa concesionaria del Estado colombiano.
Hay testigos directos que aseguran que dichas muertes están relacionadas con la autoridad policial. Es decir, por hombres y mujeres a los que el gobierno paga para proteger la vida, la seguridad y el orden de la ciudad.
Y ese es el punto grave de los hechos que me llamaron la atención de esta semana. En Barranquilla, por tradición, hemos gozado de la «bacanería» de la que hablaba Víctor González, de una sociedad que no se apega mucho al protocolo ni a la autoridad, ni cree en las prosopopeyas de los dirigentes. Pero esos eran otros tiempos. Ahora, si no nos despertamos, pronto la ciudad ya no tendrá ni recuerdos del «remanso de paz».
Hay un problema grave de masa y poder, como diría Elias Canetti, en Barranquilla, que va creciendo como espuma y que amenaza con recrudecerse en la medida en que también crece la complejidad de la ciudad.
El problema de masa y poder significa que cada día en Barranquilla crece el poder y la ostentación de unos pocos que se vuelven millonarios haciendo negocios con el erario (dineros públicos) como contratistas, ordenadores, empresarios o asesores (el ministro Acosta, por ejemplo), mientras que a su alrededor se va apretando el resto en una tensión que Marx llamaría «lucha de clases». Si me pongo en lo alto del puente Pumarejo y veo a la ciudad, claramente en los tres últimos años se ha marcado esta realidad: una Barranquilla plana, sucia y resquebrajada en el sur que se extiende hasta los sectores más vulnerables de la periferia soledeña; una ciudad alta, floreciente y opulenta en el norte.
Esas dos masas son las que están peleando en este momento. Y tratando de sobrevivir como pueden. Unos porque sufren la falta de autoridad que debió poner en cintura a las empresas prestadoras de servicio hace mucho rato, como a Electricaribe, y por eso salen con violencia a protestar, no solo contra la empresa sino también contra el gobierno de los corruptos; y otros porque prefieren pagar para que seres humanos a su servicio se vistan de ley justificada para que esos que protestan no lleguen a afectar su bienestar, el de los que sí tienen servicio y los demás privilegios.
Amilkar Acosta
No es justo que un policía llegue a su casa y vuelva a ser el ciudadano que es y se encuentre cansado, golpeado y sabiendo que han abierto investigaciones contra él o sus compañeros por supuesto asesinato a un prójimo. Mucho menos justo es que él tenga que pelear contra otros ciudadanos por defender una causa, cuando su propia casa, a la que llegó a descansar, también está sin luz. Y, para colmo, encima tiene el peso de un muerto que no quiso matar, y que para su desgracia le pesará para el resto de sus días.
Y mientras tanto, el ministro Amilkar Acosta y sus iguales lanzando la frase que por lo menos suena despiadada: «Electricaribe era un enfermo en cuidados intensivos, ahora pasó a habitaciones de piso». ¿De piso?, suena como un eufemismo para no calificarlo de desahuciado.
¿Que el mundo es así y nadie lo va a cambiar?
No se trata de crear más violencia ni después de un siglo caer en el espejismo de la lucha de clases. Pero no puedo callar la evidencia de los hechos que reflejan que el problema de Barranquilla no se resolverá jamás con más autoridad, sino con una mejor autoridad, mejores gobernantes y una ciudadanía más consciente de que la vía de matarnos ya muchas otras ciudades la han padecido y de todas es la más costosa y dolora solución. Y al final solo queda el reguero de sangre y la solución se ha esfumado.
Matarnos no es solo quitarnos la vida, es también quitarnos, por acción u omisión, los derechos que nos hace llamarnos seres humanos. Y lo estamos haciendo. ¿Es esta la ciudad que queríamos? Es una pregunta para quienes tienen el poder en sus manos, bajo distintos ropajes, desde hace muchos años, tanto en el sector público como en el privado de Barranquilla.
