La barranquillera, actual Ministra de Justicia, competirá con Wilson Ruiz y Juan Carlos Cortés en la puja que definirá el Senado.
Por Rafael Sarmiento Coley
La barranquillera Margarita Cabello Blanco, actual Ministra de Justicia, fue seleccionada este viernes por el presidente de la República, Iván Duque Márquez, como su candidata para ser la próxima Procuradora General de la Nación, con lo cual se completa la terna de la cual el Senado en pleno deberá escoger el reemplazo de Fernando Carrillo Florez, a quien se le vence el periodo de cuatro años.
Cabello Blanco ostenta una de las trayectorias más brillantes en su carrera al servicio de la rama judicial. Comenzó como Juez en Sabanalarga, Atlántico; Magistrada del Tribunal Superior del Atlántico; Magistrada de la Corte Suprema de Justicia y presidenta de la misma corporación. Ha sido distinguida con el máximo reconocimiento que otorga la rama judicial, como es la Medalla José Ignacio de Márquez. Y también ha sido honrada como miembro de la mesa directiva de la Corporación Rodrigo Lara Bonilla.
Wilson Ruiz Orejuela, caleño, ex magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, fue ternado por la Corte Suprema de Justicia.
Margarita Cabello Blanco compite con los otros dos ternados ya escogidos: el caleño ex magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Wilson Ruiz Orejuela, ternado por la Corte Suprema de Justicia.
Juan Carlos Cortés,izquierda, fue hasta hace poco viceprocurador, al lado del actual titular, Fernando Carrillo Florez, quien deja el cargo por que vence su periodo de cuatro años.
Y Juan Carlos Cortes exvieprocurador, (coequipero de Fernando Carrillo Florez), seleccionado por el Consejo de Estado.
En caso de ser escogida Margarita Cabello Blanco, sería la primera vez que en la historia de la Procuraduría General de la Nación una mujer llega a ese alto cargo, desde el 11 de mayo de 1830, cuando fue creada esa figura, que se abroga el control autónomo, se encarga de investigar, sancionar, intervenir y prevenir las irregularidades cometidas por los gobernantes, los funcionarios públicos, los particulares que ejercen funciones públicas y las agencias del Estado colombiano.
En la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, que redacto la nueva Constitución que rige en el país, se le dieron más dientes y poderes a la Procuraduría para que pudiera reducir el alto índice de inmoralidad que reina en la administración pública colombiana.
Pero esa corrupción a calado tan hondo en el alma colectiva de la administración pública y de muchos sectores de la ciudadanía en general, que ese cáncer en vez de disminuirse crece como la verdolaga. Ya ha hecho metástasis.
Es posible –y es lo que los colombianos esperan—que, por tratarse de una mujer que en su larga carrera en la rama judicial ha demostrado carácter y catadura moral a toda prueba, por lo menos logre reducir la corrupción “a sus justas proporciones”, según la célebre frase del desaparecido presidente de la República Julio César Turbay Ayala. Frase que aún en nuestros tiempos causa cierta hilaridad. Porque él nunca explicó hasta donde llegaban esas “justas proporciones2, cuál era su Tamayo, qué entendía él por ‘justas proporciones’.
