Tras cuatro días de infructuosas reuniones entre representantes del Gobierno nacional y Fenosa, empresa española matriz de la comercializadora eléctrica, se decidió la toma de posesión de los activos de Electricaribe. ¿Se alejará el fantasma del apagón?
Lexander Loaiza Figueroa @Lexloaiza
Este martes, los colombianos que residen en la costa Caribe, al regresar muchos de un fin de semana largo, fueron recibidos por las imágenes de uniformados de la Policía rodeando algunas de las oficinas de la empresa Electricaribe.
El operativo comenzó muy temprano en la mañana, justo al inicio de la jornada laboral. La explicación sería difundida por el Gobierno nacional unos minutos más tarde, a través de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios; anunciando que a las 8:00 am de este martes 15 de noviembre, había empezado la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de la sociedad Electrificadora del Caribe (Electricaribe) S.A. E.S.P.
Muchos analistas habían definido la intervención como la solución lógica a la crisis.
“Esta medida busca asegurar la prestación del servicio de energía eléctrica en los departamentos abastecidos: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre”, explica el comunicado.
De acuerdo con la Resolución, «la toma de posesión de Electricaribe S.A. E.S.P. se ejecuta porque la compañía está actualmente incursa en dos de las causales previstas para el efecto en la Ley 142 de 1994».
Las dos causales a las que hace mención la resolución son la “inminente cesación de pagos” y la “incapacidad” de Electricaribe de prestar un servicio adecuado a más de 2,5 millones de personas, algo que la gente de ciudades como Barranquilla, Santa Marta, Valledupar y Riohacha pueden dar fe.
Previo a la ejecución de la intervención, se habían desarrollado entre el Gobierno y Fenosa, la empresa matriz de Electricaribe, cuatro días de reuniones que buscaban fórmulas para la recapitalización de la operadora, ante la creciente amenaza de la generadora MX, de limitarle la venta de energía por las deudas pendientes.
Electricaribe resultaba económicamente inviable por la acumulación de deudas.
Se calcula que las deudas de Electricaribe a las generadoras y proveedores en general, ascienden a los 4 billones de pesos. Solo este miércoles 16, Electricaribe debía pagar 40.652 millones de pesos, que no tenía disponibles en sus cuentas.
«Buscamos solucionar este problema histórico de la mano de Gas Natural Fenosa accionista mayoritario de Electricaribe, pero no logramos en esta ronda de negociaciones un acuerdo para la capitalización de la empresa. Sin el financiamiento del plan de inversiones requerido, la única opción para proteger a las familias del Atlántico, Bolívar, La Guajira, Magdalena, Córdoba, Cesar y Sucre es la toma de posesión», dijo el ministro de Minas y Energía, Germán Arce, desde Barranquilla.
Respaldo a la intervención
La decisión de intervenir a Electricaribe ha contado hasta ahora con respaldo de la opinión pública en general y de distintas autoridades que se han mostrado a favor de la decisión.
Gobernadores y otras personalidades de la región Caribe habían solicitado una medida como esta.
Oficializada la intervención, congresistas de los partidos Conservador, Liberal, la U y Centro Democrático comenzaron a trinar respaldando la medida. El representante barranquillero por el partido de la U, Armando Benedetti, dijo por Twitter que el “Gobierno no se va a dejar mangonear más por los españoles y por eso la intervención”. Más optimista trinó el liberal Mauricio Gómez Amín, quien dijo por la red del pajarito que “hoy se acaba la pesadilla de ElectricaribeSA para la costa Caribe”. Los alcaldes de Cartagena y Valledupar también se pronunciaron a favor de la medida.
Facturas pendientes
La intervención de Electricaribe implica que el Gobierno se hará responsable por sus deudas y sus facturas, y gestionará el cobro de los usuarios. La decisión es coherente con la promesa asumida hace una semana por Juan Manuel Santos de que no habría apagón en el Caribe. Pero para lograrlo, solo este mes su gobierno deberá afrontar pagos por el orden de los 165.902 millones de pesos.
Por lo pronto, y ahora más que nunca, el Gobierno requerirá que los usuarios paguen sus facturas. Especialmente los mayores deudores, que son precisamente, los entes oficiales.
