El origen de las decisiones del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con relación a la frontera, empiezan a ser cuestionadas en su propio país.
Por Lexander Loaiza
María Corina Machado
Esta semana la dirigente opositora del partido Vente Venezuela, la destituida diputada María Corina Machado, hizo un recorrido por la zona fronteriza del Estado Táchira, vecino del Departamento de Norte de Santander en Colombia y describió como un desierto las calles de la ciudad de San Antonio. Mencionó que tras haber sido durante décadas una bulliciosa población fronteriza, con un enorme intercambio comercial lícito, con almacenes establecidos, hoy es un pesar de silencio y atraso económico.
Machado, una vertical opositora del oficialismo venezolano, encabezado por el presidente Nicolás Maduro, tildó a este de “irresponsable” al tomar la medida de cerrar la frontera con Colombia sin medir las consecuencias que en la propia sociedad venezolana, esto iba a tener. Solo como una estrategia de desviar la atención de la población sobre los graves problemas políticos y económicos que atraviesa el país, según señaló la dirigente política.
Sea o no verdadera la teoría de Machado sobre la estrategia gubernamental, lo cierto es que la agudización del discurso presidencial, incluyendo su aderezo belicista con la movilización de 3.000 tropas del ejército venezolano hacia la zona fronteriza para cerrar pasos legales e ilegales y maniobras de la Fuerza Aérea que han sido identificadas por Colombia como violación a su espacio aéreo, ha coincidido con un hito escabroso dentro de la política de Caracas: la sentencia carcelaria al líder opositor Leopoldo López a casi 14 años de presidio.
Tras año y medio de detención, luego de una entrega voluntaria, un juicio duramente criticado y cuya sentencia era algo esperado por los más escépticos del manejo de la justicia venezolana, López fue sentenciado por la jueza Susana Barreiros a pasar 13 años y nueve meses de prisión. La decisión judicial ha provocado duras reacciones del lado opositor más vertical, que está llamando a movilizaciones de calle.
Leopoldo López, sentenciado a 13 años de prisión.
Dentro de la misma oposición sin embargo, hay posiciones más moderadas y a simple vista, más centradas. El secretario ejecutivo de la Mesa de Unidad Democrática, Jesús Torrealba, ha dicho esta semana a la cadena CNN que “pretendemos mantenernos sanos jurídicamente para llegar a las elecciones”, esto quiere decir, que en virtud de la tesis que según todas las encuestas, el oficialismo se encuentra 20 puntos porcentuales por debajo de la oposición en la intención del voto para las parlamentarias de diciembre, es preferible mantener la calma para no darle un pretexto al Gobierno para declarar un estado de excepción general que impida la cita electoral del 6 de diciembre.
Un estado de excepción que ya se está aplicando, bajo el argumento de la lucha anticontrabando, en 13 municipios de los estados Táchira y Zulia, regiones donde (casualmente) el oficialismo personificado en el Psuv ha obtenido en los últimos 16 años la mayor cantidad de derrotas electorales a lo largo de casi 20 procesos comiciales.
