Gina y Cecilia no se dejan echar vainas de Uribe

Lo acusan de defenderse con cortinas de humo cuando se ve en apuros. Nada dice de sus familiares metidos en los líos jurídicos. 

Por Chachareros/Agencias

Tratándose de dos mujeres Caribe sin pelos en la lengua, era de esperarse que no se quedaran como una ostra después de los insultos del expresidente y Senador Álvaro Uribe Vélez, quien salió dando palos de ciego a raíz de que varios de sus más cercanos colaboradores y hasta familiares suyos, se vieron enlodados en el escándalo de la multinacional brasilera Odebrecht por los presuntos sobornos por más de once millones de dólares. Aunque Gina y Cecilia fueron leales ministras de Uribe cuando fue Presidente, y sudaron la camiseta en sus campañas políticas como fieles escuderas, ahora le dijeron, nanai cucas, siga su camino y desenrédese solo, que a nosotras no nos dieron ni un grano de ese maíz. Eso dicen ellas., Uribe dice otra cosa. ¿Quién dice la verdad? Habrá que buscar lo último en detector de mentiras.

Álvaro Uribe no niega que, cuando estuvo de inquilino en la Casa de Nariño, se reunió con Marcelo Odebrecht, pero para hablar del Mundial de Fútbol.

Lo peor es que, aunque el exmandatario se muere de la rabia como el toche, desde Brasil siguen echándole leña a la hoguera con las declaraciones de Marcelo Odebrecht, el presidente de la compañía y amigo de Uribe, quien prendió el ventilador para salvar su pellejo. Y quién dijo miedo. ¡Salve quien pueda!.

El expresidente Álvaro Uribe reaccionó en la mañana de este miércoles, a través de un extenso documento, a los pronunciamientos del presidente Juan Manuel Santos, en el sentido de que las familias de los mandatarios no deben participar en negocios con el Estado. Eso es una verdad de Perogrullo que casi nadie respeta. Que lo digan Jerónimo y Tomasito Uribe.

Uribe comenzó por afirmar que “la impunidad total al terrorismo niega credibilidad a cualquier expresión de luchar contra la corrupción”.

Durante la posesión del procurador Fernando Carrillo, el pasado lunes, el presidente Santos subrayó que ningún miembro de su familia ha tenido negocios con el Estado ni tampoco ninguno de los funcionarios de su gobierno ha sido condenado por corrupción.

“Ninguno de mis hijos o hermanos, ni mi señora ni mis cuñados, ninguno ha tenido el más mínimo cuestionamiento”, manifestó el Jefe de Estado.

A todas estas, el infeliz perjudicado será el puerto cesarense de Gamarra, sobre el Río Magdalena, porque, a lo mejor, terminan sepultar el proyecto de conexión.

Aunque no lo mencionó directamente en algunos círculos políticos esta afirmación fue interpretada como una alusión a su antecesor Álvaro Uribe, quien tiene en este momento en la cárcel a su hermano Santiago –investigado por vínculos con paramilitares– y quien ha debido salir en defensa de sus hijos por el caso de Odebrecht.

Esta miércoles, Uribe volvió a defender la acusación de la Fiscalía al exviceministro de Transporte de su gobierno Gabriel García Morales, primer exfuncionario confeso de haber recibido sobornos de la firma brasileña Odebrecht a cambio de la adjudicación de obras, pero a renglón seguido acusó a funcionarios del gobierno Santos de supuestos actos de corrupción en este mismo caso.

Uribe dijo, por ejemplo, que el Gobierno Santos adicionó 600.000 millones de pesos en el contrato de la Ruta del Sol tramo dos en “vísperas de la campaña presidencial de 2014”.

“Este trayecto habría necesitado contrato independiente y licitación pública. Se ha denunciado que en un principio la ministra Cecilia Álvarez y los directivos de la Agencia Nacional de Infraestructura estuvieron en desacuerdo, pero finalmente aceptaron la adición y por monto muy superior al inicialmente propuesto de 300.000 millones”, manifestó Uribe.

El exmandatario agregó sobre este mismo caso: “Esta transversal favorece el puerto cercano a Gamarra, en el cual tiene intereses la exministra Gina Parody. El documento Conpes se aprobó sin que las ministras se declararan impedidas, lo que presuntamente constituiría otra irregularidad”.

Por estos motivos, el hoy senador pidió a la Fiscalía investigar si este contrato y la adición presupuestal violaron la ley de garantías electorales.

A través de su cuenta de Twitter, Parody y Álvarez le respondieron a Uribe con un extenso comunicado en el que calificó de «calumnias» las afirmaciones del senador.

El comunicado de Uribe

Varias almendras: Primera Parte Bogotá, 18 de enero de 2017 (CD). La impunidad total al terrorismo niega credibilidad a cualquier expresión de luchar contra la corrupción. 1. Odebrecht: He condenado sin vacilación que personas vinculadas a mi Gobierno, como Gabriel García, hubieran sido sobornadas. La Ruta del Sol estuvo siempre asesorada por la Corporación Financiera internacional del Banco Mundial. En el tramo dos participaron tres proponentes, incluso por reclamo de uno de ellos hubo nuevas audiencias públicas, modalidad introducida por nuestro Gobierno para asegurar transparencia.

A Gabriel García no lo nombré por recomendación clientelista. Pedí candidato para Vice Ministro a la Cámara de Comercio de Cartagena, tal cual lo ha certificado la doctora Silvana Giaimo, quien fuera directora de la entidad. García era ingeniero civil de la Universidad de los Andes con maestría en materias afines en la Universidad George Mason de los Estados Unidos. El Ministro Andrés Uriel Gallego, fallecido, era una persona íntegra. Yo he manejado con pulcritud y austeridad los recursos del Estado, desde la Jefatura de Bienes de Empresas Públicas de Medellín hasta la Presidencia de la República. He pedido a la Fiscalía las más estrictas decisiones sobre alguien de mi Gobierno que hubiera recibido sobornos.

2. Odebrecht y el Gobierno Santos: El Gobierno Santos adicionó este contrato en una suma aproximada a 600 mil millones de pesos, lo hizo en vísperas del proceso electoral de 2014. La Ruta del Sol, Tramo Dos, es una vía Troncal o Longituinal Sur-Norte, luego el objeto de la adición, que es una transversal Este-Oeste, comprendida entre Ocaña en Norte de Santander y Gamarra, puerto sobre el río Magdalena en el César, sería ilegal.

Cecilia aceptó por monto superior

A pesar de todo, Uribe sigue metiendo las manos al fuego por su protegido exviceministro de Transporte Gabriel García. ¿Será porque era el peón de brega del difunto Mintransporte Andrés Uriel Gallego? ¡Quién sabe!

Este trayecto habría necesitado contrato independiente y licitación pública. Se ha denunciado que en un principio la Ministra Cecilia Álvarez y los directivos de la Agencia Nacional de Infraestructura estuvieron en desacuerdo pero finalmente aceptaron la adición y por monto muy superior al inicialmente propuesto de 300 mil millones. Además esta Transversal favorece el puerto cercano a Gamarra, en el cual tiene intereses la Ministra Gina Parodi. El documento Conpes se aprobó sin que las ministras se declararan impedidas, lo que presuntamente constituiría otra irregularidad. Se pide a la Fiscalía investigar si este contrato y la adición presupuestal violaron la ley de garantías electorales. Se pide a la Fiscalía constatar si Enrique Riveira, funcionario actual de la Presidencia de la República, antes alto directivo de la campaña de reelección, llamó a Luis Fernando Andrade, director de la Agencia de Infraestructura, para urgirlo sobre este contrato. Es necesario conocer qué relación tuvieron estos dineros con la campaña de 2014. También se requiere aclaración de las denuncias que medios regionales de comunicación han hecho sobre el proceso de contratación de la navegabilidad del río Magdalena.

3. Los candidatos y Odebrecht: Sobre el tema Odebrecht el entonces candidato doctor Óscar Iván Zuluaga ha sido claro. Hasta la fecha no se ha informado si Odebrecht hizo aportes directos a la campaña de Juán Manuel Santos. Sobre los aportes indirectos a través de políticos ya hay algunas luces en la investigación. He publicado tres comunicados sobre el tema Odebrecht. Se encuentran en nuestras publicaciones de redes y en la web. 4. Reficar: Nuestro Gobierno contrató la Refinería de Cartagena, vieja aspiración de la ciudad y del País, necesaria para generar empleo en la cadena petroquímica y abastecer las necesidades de combustibles de óptima calidad. Me referí ampliamente al tema, en presencia del Contralor General, durante reciente debate en el Senado de la República.
4. ¿Por qué se eligió Glencore como socio? La búsqueda del socio para la construcción de la Refinería de Cartagena no fue improvisada; se inició con la invitación enviada a 38 firmas internacionales para que conocieran el proyecto, 11 de las cuales fueron a los dos eventos que se realizaron, uno en Nueva York y otro en Bogotá, para dar detalles y explicarlo. Posteriormente se fijaron por parte de Ecopetrol, ABN AMRO Bank, la consultora Sumatoria y la firma de abogados Herrera, Pose y Ruiz, los requisitos habilitantes para participar en la subasta: tener un patrimonio neto de al menos USD$500 millones y que hubiesen obtenido financiación en proyectos de infraestructura similares de por lo menos USD$1.000 millones en los últimos 5 años. Sólo 4 de las firmas cumplieron con las exigencias, de las cuales dos presentaron oferta, Petrobras y Glencore, quien ofreció USD$ 630.7 millones, USD$ 35,7 millones más que PETROBRAS Y USD$ 5 millones por encima del precio de reserva que era de USD$ 625 millones. Un mes después, se incrementó en USD$25 millones el monto a pagar, con lo cual el precio total desembolsado por el 51% de las acciones de Reficar fue de USD$656 millones más el capital de trabajo que le correspondía, que era USD$135.1 millones, para un total de USD$791.5 millones. Glencore era el mayor comercializador de combustibles del mundo, abastecía de metales, minerales, petróleo y sus derivados, carbón y productos agrícolas a clientes industriales; poseía activos por 23,5 billones de dólares y tenía presencia en 60 países y plantas de producción en 14 naciones. En conclusión, Glencore era un socio que no sólo cumplía con todos los requisitos sino que además tenía voluntad clara para dicha participar en la sociedad. 6. Recompra por parte de Ecopetrol: Glecore alegó la crisis económica de 2008 para justificar sus incumplimientos. En Davos, Suiza, me reuní con el presidente de Glencore, en presencia de tres altos funcionarios de mi Gobierno, y le exigí cumplir o compensar a Ecopetrol como condición para permanecer en el país. Le agregué “Yo apoyo la inversión privada pero no la corrupción ni forma alguna de defraudación al Estado” La salida de Glencore de Reficar le generó un castigo económico. Ecopetrol recompró en el 2009 el 51% de Reficar a Glencore por USD$544 millones, USD$246.5 millones menos que lo pagado por la firma suiza años antes. Ecopetrol consideró como “buen negocio” la recompra de Reficar y corroboró en su momento que la suma pagada estaba cubierto por caja, inventarios y un valor auditado del proyecto. El Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, en entrevista con Yamid Amat para El Tiempo, afirmó que siendo miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol estuvo de acuerdo con la recompra de las acciones. 7. ¿Por qué CB&I? CB&I fue contratada en 2007, cuando Reficar estaba bajo control de Glencore, y al recomprarla Ecopetrol era muy costoso cambiar el contratista. Si bien CB&I no había construido una refinería, si había desarrollado obras de ingeniería de gran envergadura, muchas de ellas relacionadas con el sector de hidrocarburos y gas. 8. ¿Por qué se cambió la modalidad del contrato de “llave en mano” a “costos reembolsables”? La falta de control en la ejecución y la tardanza para reclamar. El cambio de la modalidad de pago del contrato, de “llave en mano” a “costos reembolsables”, se dio siguiendo las recomendaciones de varias firmas consultoras – Pathfinder, Nexidea y Linklaters- y de la misma CB&I , que afirmaban que con ello se lograría un ahorro entre USD$500 y USD$900 millones. El ahorro era posible si se contaba con un equipo sólido de control, motivo por el cual se contrató con la firma Foster and Wheeler la gerencia del proyecto y el control de ejecución. Adicionalmente se determinaron medidas de seguimiento y control que permitieron, según lo manifestó el mismo gobierno, desde mayo de 2011, detectar y prender alarmas sobre las falencias del contratista CB&I y se consideró necesario empezar a documentar las fallas desde septiembre de 2011. ¿Por qué si desde 2011 se detectaron y documentaron las irregularidades e incumplimientos de CB&I, se esperó hasta 2016 para demandarlo ante el tribunal de arbitramento? ¿Por qué nunca se denunció ante los organismos de control? El actual Gobierno anunció con bombos y platillos la inauguración de la Refinería y cuando se denunciaron los sobrecostos se dedicó a acusar nuestra contratación y quiso ignorar su incuria durante la ejecución. 9. Hacker y la cortina al pago del narcotráfico a dos asesores del Gobierno. Y Andrómeda: Dos testigos, ex miembros de las Fuerzas Armadas, me contaron cómo fue la treta del Gobierno y su inteligencia contra la campaña de Óscar Iván Zuluaga, persona íntegra. Uno de ellos reconoció haber tenido participación directa. No aceptaron que yo lo comunicara. También escuché al doctor Quintana, ex director del CTI de la Fiscalía, quien confirmó la versión, nunca sorpresiva, que intuimos desde el comienzo. Pedí, a través del abogado, que la Corte Suprema decretara unas pruebas. En la Corte Suprema porque allí hay una investigación en mi contra desde el segundo semestre de 2014, por un hacker promovido por medios gubernamentales, hacker que no conocía y de cuya existencia me enteré al estallar el escándalo. Ya el Gobierno, por intermedio de una ola periodística, había creado la versión, en plena campaña al Senado, que yo era el responsable de Andrómeda, la agencia de inteligencia militar, que supuestamente estaría en tareas de espionaje contra las actividades de la FARC en Cuba. Esta agencia de inteligencia no la conocí ni en el ejercicio presidencial. Todo lo he enfrentado, presente en el País y ante la justicia. El Fiscal Montealegre solía aparecer en cada campaña electoral con un motivo de acusación en mi contra. Sin embargo, con qué rapidez, en semanas, el Fiscal Montealegre dijo que nada había que investigar del Gobierno en relación con las acusaciones, que afloraron en la prensa, sobre 12 millones de dólares que habrían recibido dos asesores políticos del Gobierno, a quienes se les permitió actuar como intermediarios para una negociación con el narcotráfico. El Gobierno mantuvo en silencio esa gestión que no pudo negar ante la revelación periodística. La Fiscalía fue dolosamente negligente, desestimó las pruebas que presenté, con fuentes serias, sobre 2 millones de dólares, originados en los 12 millones mencionados, que pudieron llegar a pagar deudas de la campaña Santos. El Hacker fue la nube política para distraer a la opinión pública y evitar que esta castigara a Santos por el tema de los asesores políticos, que el Gobierno aceptó como gestores del narco tráfico.

Gina y Cecilia contra-atacan

«Nadie en Colombia se sorprende de ver a Álvaro Uribe lanzando cortinas de humo con artimañas mentirosas y cargadas de odio», dice el comunicado de Cecilia Álvarez Corre y Gleen y Gina Parody E’cheona.

Sobre el tema puntual del caso Odebrecht, el texto hace referencia a las dos personas que según la justicia colombiana están involucradas en el escándalo de corrupción.

«(Esas dos personas) trabajaron en su gobierno (el de Uribe) o tienen vínculos con su familia. Eso está claro. ¿Por qué no responde a lo que debe responder, senador Uribe?», se puntualiza en el texto.

Y agrega: «El país nunca ha visto al senador Uribe mover un dedo para que sus hijos aclaren líos con la justicia ni para responder por los hechos de corrupción que ocurrieron durante su administración. Todo lo contrario. Su estilo es dilatar, esquivar y distraer a la opinión pública. No será su primera mentira ni la última», precisa el comunicado firmado por ambas políticas.

Finalmente, Parody agregó en otro tuit que Uribe «no le perdona» que haya denunciado el paramilitarismo ni que «conozca los desmanes de su vida privada».

La exministra Álvarez también se comunicó por sus redes sociales y afirmó que aunque aún no ha recibido una comunicación oficial por parte de la Fiscalía, «ofrece toda su colaboración cuando se requiera».

El exmandatario también se refirió a la participación de su gobierno en la construcción de la Refinería de Cartagena Reficar, en la que la Contraloría denunció una millonaria defraudación, pero Uribe responsabilizó al gobierno Santos de haber sido negligente sobre este tema.

“El actual gobierno anunció con bombos y platillos la inauguración de la refinería y cuando se denunciaron los sobrecostos se dedicó a acusar nuestra contratación y quiso ignorar su incuria durante la ejecución”, mencionó.

Uribe también acusó a Santos de que dos asesores políticos de la campaña presidencial de 2014 del Jefe de Estado supuestamente habrían recibido 12 millones de dólares por haber sido “intermediarios para una negociación con el narcotráfico”.

Sin embargo, a pesar de que se conocieron las denuncias en el 2014, hasta el momento ni la Fiscalía ni la Corte Suprema de Justicia, encargada de juzgar a los presidentes, han hecho algún pronunciamiento al respecto”.