Se trata de una ocupación ilegal de viviendas de interés social. Fue tema de análisis en Consejo de Seguridad.
Por Chachareros
Ya es el colmo. En varios municipios del Atlántico, las casas que el Estado y el Sector Privado han construido para las familias que carecen de un techo propio, han ido a caer en manos de los corruptos de siempre.
El propósito es acabar con la ocupación ilegal de las viviendas de interés social, ocupadas de manera ilegal por corruptos, mientras que las familias destechadas viven al aire.
Por lo cual, con el firme objetivo de atender los problemas que se han generado en los últimos años con ocupaciones ilegales en los proyectos de vivienda de interés social de los diferentes municipios del departamento del Atlántico, se cumplió en Barranquilla con un Comité de Orden Público Extraordinario, liderado por el secretario del Interior, Guillermo Polo.
“Tenemos proyectos de vivienda tanto en lo privado como en lo público en 17 municipios del Departamento y cada proyecto va a tener un expediente que nos señale la ruta de cómo vamos a atender el problema”, aseguró Polo.
La ruta administrativa para cumplir con esto demanda la vinculación de las autoridades municipales, departamental, de defensa de derechos humanos, así como la Defensoría, el Ministerio Público y la Policía del Atlántico.
La intención de la Secretaria del Interior del Atlántico es no solo atender los problemas de ocupación sino la restricción de derechos. “Queremos establecer un mecanismo que nos permita asumir, de la mejor manera, ambas situaciones: la ilegalidad de la ocupación de los predios, pero también la garantía de no vulnerar los derechos a quienes están en esos proyectos”, destacó el jefe de la cartera.
Del Consejo de Seguridad también hizo parte el comandante de la Policía del Atlántico, coronel Gonzalo Riaño, quien dejó claro que la institución está lista para brindar toda su capacidad en esta problemática en los diferentes municipios.
Según uno de los asistentes a la reunión, «hay que actuar con mano dura y carácter de mucho peso».
“Vamos a hacer un trabajo importante en materia de inteligencia, igualmente vamos a trabajar mucho más, en la parte social, y la asistencia que corresponda en materia de policía frente a los mecanismos que están establecidos legalmente para las sanciones que correspondan frente a la posibilidad de llegar a un desalojo.
Dijo que esto se viene socializando para que hagan los trabajos en coordinación con las alcaldías.
El alcalde de Baranoa, Lázaro Escalante, evidenció este problema en su municipio y el querer hacer un control de las necesidades de la población, más aun, cuando muchas familias son llevadas a estos lotes con otros fines.
“Hay personas inescrupulosas que ya han montado un negocio con estos lotes y queremos garantizarle a nuestra población que no tienen que hacer una invasión ilegal, sino que en nuestra administración vamos a conseguirle casas nuevas para que ellos vivan dignamente” puntualizó el alcalde.
Estos consejos de seguridad se seguirán realizando periódicamente para ir llevando un control de la situación y sus soluciones.
