En la medida en que se vislumbra una larga incertidumbre por los resultados de las elecciones en Estados Unidos, las miradas se fijan en la reacción del actual presidente, quien ha dicho que no está dispuesto a reconocer de manera temprana una derrota.
Lexander Loaiza Figueroa @Lexloaiza
La compleja forma en que muchos estados totalizarán los votos anticipados y los votos presenciales, la engorrosa manera en que algunos de ellos validarán los sufragios que llegaron por correo, la distribución de las preferencias entre votos anticipados y votos presenciales y la legislación particular que tiene cada estado para la etapa de totalización, prometen unos resultados definitivos tardíos y conflictivos.
La instalación de barricadas restringiendo el acceso a las adyacencias de la Casa Blanca y la colocación de parte de comerciantes de andamios de madera para proteger vitrinas y fachadas de edificios da la impresión de que las expectativas de la población civil no son buenas frente a lo que podría ser el tiempo post electoral en Estados Unidos.
La ambigüedad de Donald Trump en afirmar que aceptará los resultados electorales aún si le son adversos tampoco ha contribuido a una sensación de tranquilidad. Demasiado egocéntrico para admitir por adelantado la posibilidad de ser derrotado para su reelección, el candidato republicano se ha negado sistemáticamente a admitir la posibilidad de un resultado contrario.
¿Podría comprometerse a una transferencia de poderes pacífica después de las elecciones? –le preguntaba un periodista en una rueda de prensa realizada el pasado 23 de septiembre. “Tendremos que ver qué pasa” –respondió Trump, con una expresión circunspecta.
Situación inédita
Trump es el personaje más autocrático que ha pasado por la residencia ubicada en el 1.600 de la avenida Pensilvania. Su estilo de mandato ha sido profundamente concentrado en su persona y ha tenido injerencias más allá que cualquiera de sus antecesores. Sus casos más sonados han sido el de la intervención en la estructura de la CIA, su continuo ataque a medios de comunicación que le son contrarios o la gestión evidente para colocar como miembro de la Corte Suprema a Amy Coney Barrett, una aliada vital para el control republicano de esta máxima instancia judicial.
Como preparando a la opinión pública, también ha venido hablando de fraude electoral por parte de los demócratas al menos desde el mes de junio de este año. El 17 de ese mes dijo textualmente: “La única forma en la que podemos perder estas elecciones es si cometen fraude”, sostuvo entonces sin presentar ninguna prueba o introducir ninguna denuncia formal. Ha continuado con estas afirmaciones a pesar de que las encuestas nunca le han sido favorables frente al candidato demócrata Joe Biden.
La siembra de dudas frente a la alternabilidad en el poder ha generado reacciones negativas, incluso desde el conservador Partido Republicano donde líderes como el ex candidato presidencial Mitt Ronney (2012) ha calificado las advertencias del presidente como “inaceptables”.
A regañadientes
El senador republicano Mitch McConnell ha minimizado estas advertencias de Trump señalando que “el ganador del 3 de noviembre jurará en el cargo el 20 de enero”, a través de Twitter.
Pero si llega el 21 de enero de 2021 y Trump se niega a salir de la Casa Blanca, la Constitución establece que el presidente en ejercicio, en el caso que sea juramentado Joe Biden, ya habría asumido el mando de todas las instituciones federales, del gabinete Ejecutivo y de las Fuerzas Armadas, incluyendo el Servicio Secreto.
Esto quiere decir que constitucionalmente, estos organismos tendrían que obedecer las órdenes de Biden y no de Trump, aunque éste se mantenga atrincherado en la Oficina Oval.
Uno de los mayores temores de Trump si pierde las elecciones, es que quedaría mucho más vulnerable a una decena de juicios e investigaciones que tiene pendientes. Algunos analistas en política norteamericana sostienen que, en un escenario de derrota electoral, el presidente renunciaría en su cargo para que en las semanas restantes de su período asuma el vicepresidente Mike Pence, con quien negociaría un indulto presidencial para librarse de todas esas querellas judiciales.
Para tomar en cuenta
Trump también ha dicho en las últimas horas que en caso de que se evidencie una derrota “dudosa” en su contra, activaría a su equipo de abogados para impugnar esos resultados. Esto hace pensar que resolver la disputa electoral en el terreno jurídico no es una hipótesis descabellada.
Amy Coney Barrett, la jueza que entró el pasado 26 de octubre en la Corte Suprema de Justicia, es una ficha republicana a toda prueba. Esta magistrada se juramentó tras la repentina muerte a los 97 de la jueza Ruth Bader Ginsburg, una progresista abanderada de los derechos feministas.
Aunque Coney Barrett cumple con las credenciales para ser magistrada, la muerte de su antecesora en un año electoral trastocó las formas de su nombramiento. Su antecesora murió el 18 de septiembre. En una semana, Trump nominó a Barrett y presentó su nombre al Senado, encabezado por el republicano Mitch McConnell. El proceso para la revisión de sus credenciales fue expedito y en apenas 27 días, fue juramentada como nueva magistrada vitalicia de la Corte Suprema.
El antecedente más inmediato de esta situación ocurrió en 2016, cuando el presidente Barak Obama estaba en su último año de mandato. A 10 meses de las elecciones, en febrero de ese año, falleció el juez conservador Antonin Scalia. Obama nominó como su candidato a Merrick Garland, un militante demócrata.
En ese momento el Senado, bajo el argumento de que estaban en año electoral, se negó a tramitar la nominación de Obama y recomendó que esa facultad se dejara en manos del ganador de las elecciones presidenciales de noviembre de ese año. A principios de 2017, Donald Trump como triunfador de los comicios nominó al conservador Neal Gorsuch y el Senado rápidamente lo confirmó. El líder del Senado en ese entonces es quien sigue en el mando de la Cámara alta ahora, el republicano Mitch McConnell y quien avaló la rápida nominación y confirmación de Barrett.
Así las cosas, el Máximo Tribunal de la democracia más poderosa del mundo, conformado por nueve magistrados vitalicios, tiene seis miembros republicanos y tan solo tres demócratas, por lo que un eventual escenario judicial al más alto nivel para resolver un posible conflicto electoral, garantizaría al menos en el papel, un triunfo para los republicanos.