El ex senador publicó vía internet detalles del contenido de lo que sugiere para su consulta popular compuesta por interrogantes fundamentalmente de orden jurídico. La que genera mayor polémica es la derogación de la JEP, pero no es la única que está levantando comentarios.
Lexander Loaiza Figueroa @Lexloaiza
El plato fuerte de la propuesta de referéndum que emitió el ex presidente y ex senador Álvaro Uribe Vélez es sin duda alguna la derogación de la Jurisdicción Especial de Paz para trasladar sus funciones a la justicia ordinaria, aunque se mantienen los beneficios judiciales y que forman parte de los acuerdos de paz firmados en 2016. Esto se lograría creando una sala especial para los miembros de la fuerza pública, con magistrados imparciales que conozcan sus protocolos, estructura de mando y reglas operacionales.
Si el votante no está de acuerdo con esta medida, Uribe Vélez propone como alternativa la reducción de los períodos de los magistrados actuales, que los miembros de las Fuerzas Armadas tengan las mismas garantías judiciales que poseen los ex miembros de los grupos irregulares.
El referendum preguntará si sancionar como homicidios agravados asesinatos de líderes sociales.
También propone que los miembros de la Fuerza Pública, que hayan cometido delitos antes del 1 de diciembre de 2016 y que hayan cumplido cinco años de condena efectiva, pueden solicitar su libertad condicional, exceptuando aquellos que estén incursos en delitos de acceso carnal violento, abuso sexual, secuestro, terrorismo o delitos contra el Estado colombiano.
En el mismo contexto de los acuerdos de paz, Uribe Vélez propone que las personas responsables de delitos de lesa humanidad no podrán ser, bajo ninguna circunstancia, miembros del Congreso de la República.
El delito de líderes sociales sería castigado con mayores penas de cárcel.
Pero el tema de la Jurisdicción Especial para la Paz no es el único mencionado en esta propuesta de referéndum de Álvaro Uribe Vélez. También propone que el asesinato de líderes sociales sea sancionado como homicidio agravado.
El tema del consumo de droga también forma parte de las propuestas. Uribe pone en el tintero que, aunque las autoridades pueden decomisar las porciones para el consumo, no podrá judicializar a los consumidores quienes no podrán ser sancionados penalmente.
Menos congresantes y menos salarios
Una de las propuestas que promete dar más que hablar y que podría generar mayores simpatías en el electorado es la reducción en un 30% de la cantidad de congresistas. Además, se propone la congelación por seis años de sus salarios, los cuales no podrán ser incrementados ni siquiera en relación a la inflación.
El proyecto promueve cerrar las puertas del congreso a ex guerrilleros incursos en delitos de lesa humanidad.
El ex senador dijo este martes en la cadena de noticias Blu Radio, que la medida no tendría por qué generar mayor vulnerabilidad de los congresistas a las llamadas ‘mermeladas’ ya que se ejercería mayor control por parte de los organismos supervisores.
Ayudas sociales
El referéndum propone la entrega de bonos a las personas con mayor vulnerabilidad. Para ello el Estado tendrá que identificar a aquellas familias que estén por debajo de la línea de pobreza monetaria, para lo que se establecerá la medida oficial para definir el status de cada una de las familias que sea candidata a recibir este beneficio.
El ex senador propone la implementación de subsidios directos a familias vulnerables.
Un aspecto llamativo de la propuesta Uribe es la entrega de un bono para los recién nacidos de las familias vulnerables. Solo se reconocerá un bono por familia. El monto de los bonos será determinado por las posibilidades fiscales del Estado.
La propuesta de Uribe también tiene su versión de la llamada ‘matrícula cero’. En esta propuesta se propone que el Estado garantizará la promoción de la gratuidad de la educación según el nivel de ingresos donde los beneficiados podrán elegir entre instituciones públicas, mixtas o privadas.
La ley de referéndum
Dentro del proyecto de ley de referéndum constitucional de iniciativa popular para reformar la justicia, para lo cual se establecería una o dos corporaciones judiciales, sin funciones electorales para la composición de los magistrados de las otras ramas judiciales.
El proyecto también contempla la creación de una Comisión Especial Legislativa, integrada por 30 miembros que serían elegidos por el Senado. Estos serían los encargados de implementar los acuerdos del referéndum.
Si las medidas adoptadas por el referéndum no son aplicadas en los siguientes seis meses, el presidente en turno podrá hacerlo vía decretos con fuerza de ley.
