Los pacientes, a nombre de quienes se efectuaron los millonarios cobros, dicen que jamás han sido diagnosticados con hemofilia y que nunca recibieron las medicinas que figuran en los reportes.
Por Chachareros/Daniel Coronell/semana.com
En Colombia no se sabe quiénes son peores, los viejos políticos o el llamado relevo generacional. No es un mal exclusivo de la Costa Caribe. Es un mal de todo el país. El caso de Córdoba es patético. Hubo una época, hace un poco más de medio siglo, en que recién segregado el Departamento de Bolívar Grande (de donde también pocos años más tarde se desprendió Sucre), en que no se movía un portero si no era con el visto bueno de los López Gómez. Libardo, José María y Edmundo. Cuál de los tres ambiciosos de poder y burocracia.
Notaría Primera de Montería, cuya titular es Luz Helena Muskus, madre del exgobernadorAlejandro Gómez Muskus.
El paso y peso inexorable de los años fue mermando su poder político, económico y social. Sumado a ello, lo que en su momento, cuando se sintieron atacados por una nueva clase dirigente, los López Gómez se darían el lujo en llamar “el advenimiento de la Lorica saudita”. Con los Jattin, los Nader, Elías, Muskus, llegaron con la fuerza de una manada de leones del desierto y fueron aplastando a los López Gómez, a quienes acusaban de lo mismo que ahora se les acusa a los apellidos políticos de origen sirio-libanés…corrupción “y podredumbre en todo lo que tocan”.
Por estos días el brillante colega columnista estrella de la revista semana, Daniel Coronell, se refiere a uno de los tantos casos de corrupción desenfrenada en Córdoba. Y se refiere al descubrimiento de un nombre que une a cobradores y pagadores del multimillonario fraude al sistema de salud conocido como “El cartel de la hemofilia”. Se trata del ex gobernador de Córdoba Alejandro Lyons Muskus. Los secretarios de salud que pagaron son subalternos suyos. Los empresarios de la salud que cobraron son aliados políticos suyos.
La defraudación supera los 44.000 millones de pesos y fue denunciada por la Contraloría General de la República.
Todo empezó cuando los investigadores se percataron de un sensible aumento en los casos de hemofilia y enfermedad de Von Willebrand en Córdoba. Los casos pasaron de 44 en 2013 a 117 en 2014. Lo curioso es que los enfermos relacionados en los cobros no aparecían como hemofílicos en las bases de datos de sus Administradoras de Riesgos de Salud (ARS).
Más de 35.000 millones de pesos fueron pagados a una empresa llamada “Unidos por su bienestar SAS”. La Contraloría señala en su informe que “No se encontraron soportes o documentos en los que constaran que mediaba una relación de carácter contractual entre la IPS unidos por su bienestar y la Gobernación de Córdoba, ni la justificación de los pagos realizados a la IPS por los pacientes”.
Es decir, la Gobernación de Lyons efectuó multimillonarios pagos a una entidad con la que no tenía ningún contrato.
Alejandro Lyons Muskus, exgobernador de Córdoba.
Pero, ahí no terminan las irregularidades. Las medicinas para la hemofilia no están cubiertas por el Plan Obligatorio de Salud (POS), por eso deben ser autorizados por un Comité Científico Técnico o un juez debe ordenarlo mediante acción de tutela. En el caso de los hemofílicos, fantasmas de Córdoba, no ocurrió ni lo uno ni lo otro.
Los pagos están respaldados por los exámenes de sangre presuntamente efectuados por el Laboratorio Clínico Bernardo Espinosa. Cuando la Contraloría le preguntó los directivos de ese laboratorio por estos exámenes, la respuesta reveló otro delito: “No concuerdan con exámenes practicados a pacientes nuestros”. Los resultados fueron creados por alguien a la medida para reclamar los cobros fraudulentos “revisados los exámenes contra la base de datos encontramos que son falsos”.
El médico hematólogo cuyo nombre fue usado para ordenar las costosas medicinas le dijo a la Contraloría que la firma que aparece en las recetas no es la suya, fue falsificada.
Los pacientes, a nombre de quienes se efectuaron los millonarios cobros, dicen que jamás han sido diagnosticados con hemofilia y que nunca recibieron las medicinas que figuran en los reportes.
La mayor receptora de estos cobros fraudulentos fue la IPS Unidos por su bienestar S.A.S. Encontré un acta de la Asamblea de accionistas en la que consta que, la empresa pertenece a los señores Iván Darío Ardila Pastrana y Guillermo José Pérez Ardila.
El representante legal de la sociedad es un hermano de este último llamado Eder Antonio Pérez Ardila. El señor Pérez Ardila se identifica en su cuenta de Facebook como enfermero jefe de la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Cardiovascular de Montería.
La Silla Vacía descubrió que el gerente enfermero y su hermano empresario han sido financiadores de campañas políticas de miembros de la cuerda del gobernador Alejandro Lyons Muskus.
Para cerrar el círculo de las conexiones, los secretarios de salud que hicieron los pagos fraudulentos durante la gobernación de Alejandro Lyons son Alexis Gaines Acuña y Edwin Preciado, quienes no solo han sido subalternos de Lyons sino que son miembros de su grupo político.
La IPS Unidos por su Bienestar SAS convenientemente cambió su nombre en febrero de este año por “Comunidad Sana SAS”. En estos días la boyante empresa está empeñada en contradecir la investigación de la Contraloría con declaraciones extrajuicio efectuadas –como no- en la Notaría primera de Montería cuya titular es la doctora Luz Helena Muskus, la madre del gobernador Lyons, quien ofició como primera dama del departamento de Córdoba durante el mandato de su hijo.
