El 6 de noviembre de 1985 Colombia vivió uno de los momentos más aciagos de su historia. La toma del Palacio de Justicia por parte del M-19.
Por Chachareros y agencia EFE
En los meses previos a la toma del Palacio de Justicia en Bogotá, Alfonso Jacquín era un muchacho amante del diálogo, del buen café y la lectura. Por esos días frecuentaba las oficinas de redacción regionales de un diario capitalino, en donde alrededor de media docena de tintos los contertulios discutían de lo divino y de lo humano.
Alfonso Jacquín, obra de su hermana, la pintora samaria Josefina Jacquín.
Muy discretamente se iba sabiendo a qué corriente política pertenecía cada uno de los frecuentes visitantes. Casi todos de izquierda. Casi todos de grupos dedicados a la lucha armada “ante la falta de canales democráticos para llegar al poder fáctico”, pregonaba Jacquín.
Por esos días un tal ‘Andrés Almarales’ vino a “dictar unas conferencias a un grupo de ‘compas’ en la Universidad del Atlántico”. Nos invitó. Y fuimos. Entre otros ‘Alvaro ‘Alvarado, Horacio Brieva y unos tres periodistas más.
“Compañeros, aquí no hay de otra que recurrir de nuevo a las armas, ya nos mamamron gallo con el acuerdo que habíamos pactado y no nos han cumplido nada”, despotricaba Almarales con firmeza pero con la actitud de un maestro de escuela. Una actitud muy académica, a la altura del lugar en donde dictaba la conferencia, a un costado de la cafetería de la vieja sede de la Universidad del Atlántico en 20 de Julio (carrera 43).
Almarales era cienaguero, en su juventud estudiante de derecho de la Universidad del Atlántico. Alfonso Jacquín, de familia samaria, se consideraba más barranquillero que el bollo de yuca, abogado de la Universidad Libre y catedrático muy fogoso, hasta cuando todos ellos se nos perdieron de vista.
La sorpresa mayor
La mayoría de los contertulios de aquella oficina periodística de la calle 40 con carrera 43 no teníamos la menor idea de lo que realmente estaban planeando desde aquí Andrés Almarales y Alfonso Jacquín. La sorpresa mayor fue cuando radio y televisión tronaron con la noticia de la Toma del Palacio de Justicia.
Era el 6 de noviembre de 1985. Gobierno conservador de Belisario Betancur. Este viernes se cumplieron 30 años de esa sangrienta toma guerrillera del Palacio de Justicia y de la recuperación del edificio por parte de las fuerzas del orden,
En la medida en que avanzaban los sucesos, de repente escuchamos la voz de Alfonso Jacquín firme, dando órdenes como cualquier militar de alto rango. Todos acá en el grupo de tertulia quedamos blancos como una hoja de papel. “¿Jacquín en esa vaina? ¿Jacquín como uno de los altos jefes de esa increíble toma de la Majestad de la Justicia?
Imagen tomada de Caracol Tv en la cual se ve el ingreso de dos tanques ‘cascabel’ con los cañones prestos a vomitar fuego. Pegados a la pared, una fila de asustados rehenes rescatados o escapados en medio de las balas de parte y parte.
Era algo insólito, si se miden las consecuencias de, más que una osadía, un claro desafío el establecimiento colombiano. El Palacio de Justicia queda en una de las esquinas en donde se juntan las tres ramas del poder público en Colombia: la Casa de Nariño (donde reside el poder Ejecutivo), el Capitolio (casa del Congreso, el poder legislativo) y el Palacio de Justicia (el poder judicial). El Capitolio y el Palacio de Justicia mirando de frente a la emblemática Plaza de Bolívar, amplia y llena de palomas. Como si cada baldosa guardara un pedazo de la memoria de la República de Colombia.
Ese día, del cual este viernes hicieron 30 años, cada baldosa de la Plaza de Bolívar quedó con una indeleble mancha de sangre y Colombia toda quedó con heridas que no cicatrizan, porque lo más grave es que nadie sabe con certeza qué pasó en aquellos dos días que cambiaron la historia reciente de este país insólito. Son muchas las verdades que faltan por saberse.
“Hermano, se jodió esta vaina”
Uno de los pocos ‘Compas’ que aparecieron al segundo día de la toma, o sea el 7 de noviembre, fue guerrillero semiurbano a quien llamábamos ‘El Comandante Tifo’, porque en una de sus pocas incursiones en zona rural pescó esta enfermedad que por poco lo deja en un hueco en los Montes de María con una cruz de palo encima. Quedó en puros huesos, tal como lo trajeron sus compañeros a Barranquilla.
La balacera era incesante. El incendio ya había estallado. El ‘eme’ no se rendía. Y los militares estaban “arrechos porque les habíamos agarrado las pelotas”, decía ‘El Comandante Tifo’, quien a renglón seguido sentenció en su lenguaje ‘sin afeitar’: “hermano, esta vaina se jodió”. Y se fue no se sabe para dónde. Lo cierto es que han pasado 30 años y no lo hemos vuelto a ver.
Años después, la reconstruído el Palacio de Justicia, el M-19 participó, junto con centrales obreras, en una jornada por reconquistas civiles y sociales.
Para refrescar la memoria de las nuevas generaciones, el 6 de noviembre de 1985, un comando de 35 integrantes del Movimiento 19 de Abril (M-19) –encabezados por Andrés Almarales y Luis Otero, quien cuatro años atrás había planeado la toma de la Embajada de República Dominicana y el robo de la espada de Bolívar– asaltó el Palacio de Justicia para hacerle un juicio público al entonces presidente Belisario Betancur Cuartas (1982-1986), por lo que consideraban incumplimientos del mandatario.
Sorprendido por lo que sucedía, en especial por el respeto que en ese entonces existía por la Corte Suprema, el país se paralizó por completo. Con estupor estos hechos eran seguidos por la televisión y la radio.
Un título de Jacquín
Con el nombre ‘Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre’, (léxico indiscutible de Alfonso Jacquín), el M-19 planificó lo que pensó sería otro golpe audaz ante la opinión pública para mostrar su inconformismo frente al Estado. Aprovechando la escasa vigilancia, a las 11 de la mañana el guerrillero barranquillero Alfonso Jacquin ingresó con seis de sus compañeros al Palacio de Justicia. Todos llevaban armas escondidas.
Tras ubicarse en diferentes sitios, le avisaron a Otero y Almarales que estaban adentro. Los dos comandantes, junto con 26 guerrilleros más, salieron de una casa en el barrio Calvo Sur y en media hora ingresaron a la sede judicial, también fuertemente armados con fusiles y abundante munición.
De esta manera, el grupo guerrillero tomó como rehenes a, por lo menos, 350 personas, entre magistrados de la Corte Suprema y el Consejo de Estado, funcionarios judiciales, empleados administrativos y abogados visitantes.
En respuesta, el Gobierno nacional ordenó la recuperación del edificio y el Ejército lanzó el ‘Plan Tricolor’. Para ello utilizaron tanques Cascabel y Urutú, de transporte de tropas, y helicópteros.
A lo largo de 28 horas de fuego cruzado, murieron casi un centenar de personas, entre ellas todos los guerrilleros y 12 de los 24 magistrados de la Corte.
Otras 11 personas fueron reportadas como desaparecidas, la mayoría empleadas de la cafetería de la sede judicial, y la guerrillera Irma Franco.
Hoy todavía se recuerda la respuesta del coronel Alfonso Plazas Vega, comandante de la Escuela de Caballería, quien comandó la recuperación del Palacio, a los reporteros de televisión que lo abordaron cuando comenzó la retoma: “Aquí estamos, defendiendo la democracia, maestro”.
Un valiente jurista desesperado
También, a través de la radio, el país, estremecido, escuchó al presidente de la Corte Suprema, el magistrado Alfonso Reyes Echandía, quien pidió un alto el fuego: “Necesitamos dramática y urgentemente que cese el fuego por parte de las autoridades (…)”. “¡Que el presidente de la República de la orden de cese el fuego, inmediatamente!”. Reyes fue uno de los magistrados asesinados.
En las horas siguientes, el Gobierno, a través de la ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín, suspendió la transmisión de televisión sobre lo que sucedía en la Plaza de Bolívar y en su lugar aparecieron imágenes de un partido de fútbol. Esta decisión le valió duras críticas.
Un perdón muy tardío
Analistas y las familias de las víctimas han sostenido que durante la peor tragedia de la justicia colombiana hubo un vacío de poder, lo que ha sido negado por Betancur.
“Han sido 30 años de más mentiras que verdades”, dijo Rosa Milena Portela, hermana de Luz Mary Portela, quien durante tres décadas figuró como desaparecida y cuyos restos óseos fueron exhumados recientemente de una fosa común en un cementerio de Bogotá. “Por eso es que no hemos podido sanar las heridas”, agregó la mujer de 36 años.
Esta semana, y por primera vez, Betancur, de 92 años, dijo: “Si errores cometí, pido perdón a mis compatriotas”, una frase histórica que tardó 30 años. Pero Portela no está preparada para perdonar hasta que su familia reciba los restos de su hermana y “nos digan la verdad, porque Luz Mary salió viva del Palacio”.
Los primeros condenados
Durante 20 años la investigación permaneció estancada en los despachos judiciales hasta que en 2005 la entonces fiscal Ángela María Buitrago se dio a la tarea de reconstruir la historia de los desaparecidos para llevar al banquillo a los responsables.
Tras meses de investigación, Buitrago consiguió condenar al general (r) Jesús Armando Arias, comandante de la XIII Brigada del Ejército, y al coronel Plazas Vega a 35 y 30 años de prisión, respectivamente.
Los uniformados, presos en guarniciones militares, alegan su inocencia y están a la espera de que la Corte Suprema revise sus casos.
“Nos acabaron la vida con todo esto”, manifestó la congresista Tania Vega, esposa de Plazas, preso desde 2008, quien es senadora del Centro Democrático.
A principios de 1990 el M-19 entregó las armas. Ninguno de sus rebeldes pagó un día de cárcel por la toma del Palacio y, por el contrario, varios de ellos, no involucrados en el asalto a la justicia, terminaron como ministros, congresistas, gobernadores y finalmente consiguieron el segundo cargo más importante del país de elección popular: la Alcaldía de Bogotá. “La toma fue un error garrafal”, sostiene Everth Bustamante, ex guerrillero del M-19 y también senador del Centro Democrático.
Tres décadas después por el holocausto de la justicia no hay reconciliación. Grupos de derecha sostienen que los militares defendían la institucionalidad y terminaron condenados; los de izquierda aseguran que hubo abusos de poder, desapariciones y torturas que merecen ser castigadas.
Mientras, en cada aniversario se ven contrapuestas estas posiciones, las víctimas siguen reclamando la verdad. La abogada Alejandra Rodríguez dice que su corazón no alberga odio, pero pide que “me respeten el derecho de no olvidar”. Ella es hija de Carlos Rodríguez, quien trabajaba en la cafetería y, según las autoridades, salió vivo del edificio. “Buscaré a mi papá hasta el último día de mi vida”, expresó.
El tema de los desaparecidos volvió a la escena pública dos semanas atrás cuando el fiscal Luis Eduardo Montealegre anunció el hallazgo de tres osamentas. De inmediato los familiares de casi todas las víctimas que murieron quemadas han pedido que se establezca científicamente si en verdad les entregaron el cadáver de sus seres queridos.
En noviembre de 2014 la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció que el Estado colombiano era responsable por los desaparecidos del Palacio de Justicia y por las torturas que sufrieron los rehenes después de la retoma. Con base en ese fallo, la Fiscalía investiga a 14 militares. El caso del Palacio de Justicia aún no está cerrado.
