Casos como el de Jairo Zapa y el robo de las regalías en algunas regiones del país ocurren porque los entes de control se distraen en peleas entre sí. Parecen comadronas.
Grave antecedente del homicidio del jefe de regalías Jairo Zapa y la urdimbre tejida en Córdoba para robarse las regalías por un monto que se calcula en $500 mil millones. Acto despreciable, condenable e inadmisible.
Lo ocurrido en Córdoba debe activar las alarmas para que en otros departamentos del país no ocurra lo mismo. O a lo mejor ya está ocurriendo, lo cual es muy triste para un país que no encuentra la forma de hacer un reparto con equidad y justicia de los ingresos por la explotación de los recursos naturales no renovables.
Los episodios de Montería son espeluznantes. El jefe de regalías fue sacado de su casa con engañifas. Lo llevaron a una reunión en un escondite y de allí al cadalso para morir estrangulado, mientras rogaba, en medio del llanto, que le respetaran la vida. Es, de verdad, desgarrador.
Como es natural, el suceso ha sido divulgado y comentado de manera intensa y detallada por los medios locales, regionales y nacionales. En especial, por los denominados orientadores de la opinión pública.
Aquí nos detenemos para recordar las burlas que despertó el entonces presidente de la República, Julio César Turbay Ayala, quien al posesionarse acuñó la siguiente frase que ha pasado a la historia del país: “Hay que reducir la corrupción a sus justas proporciones”. Cada quien la interpreta a su manera. Este portal considera que la corrupción en el país debe ser combatida hasta acabarla de manera rotunda y total. Que “no se puede” (otra frase célebre, esta vez de López Michelsen sobre las casas sin cuota inicial). “Sí se puede” (frase célebre con la cual Belisario Betancur le ganó la presidencia a López Michelsen). ¡Claro que sí se puede fumigar la corrupción, si los organismos de control hacen bien su tarea!
Pues bien. A los orientadores de la opinión pública –y se asume como un mea culpa- se nos ha escapado la liebre. Algunos están despistados. Otros están apuntando por el ojo tuerto. Los hay que están aprovechando el caso para justificar que todos los recursos del Estado deben manejarse desde Bogotá. Y no faltan quienes están meando fuera del tiesto.
Y entremos al por qué. Los organismos de control como la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría existen para controlar a los funcionarios y los dineros públicos. Para evitar que se roben la plata del Estado, que es de todos los ciudadanos de un país, sin distingo de región.
En la práctica, eso no funciona. En las narices de todas las “ias” en el proyecto de la represa del Guavio, hubo un desfalco que, a precios de hoy, serían billones de pesos. La banda de ladrones eran pesos pesados, por lo cual solamente pusieron como principal ladrón a Fabio Puyo Vasco, a quien le facilitaron la fuga del país.
Durante el gobierno del presidente que iba a reducir la corrupción a “sus justas proporciones”, Jairo Soto Prieto se robó del Banco de la República, mediante una extraña transferencia vía Nueva York, la módica suma de 13,5 millones de dólares. Nadie es tan bobo para creer que Soto Prieto actuó en solitario. Ese cuento no se lo traga nadie. Tanto así, que al ladrón le facilitaron el escape y el traslado de país en país con los cuales Colombia no tenía tratado de extradición. Eso no lo hace nadie, sino tiene detrás unos capos, unos cómplices y unos padrinos de raca mandaca.
Ahora aterricemos en el caso del carrusel de los contratos en Bogotá. Un Alcalde preso. Otro en el tibiritabara. Concejales, contratistas, funcionarios de alto y bajo nivel de la Alcaldía, todos ellos, en La Picota. Se cree que en el caso de la Alcaldía durante la desastrosa y vergonzante administración de Samuel Moreno Rojas y en asocio con su hermano el entonces senador Iván Moreno (ambos presos) el robo al erario supera los 21 billones de pesos.
Y de allí saltemos al caso de los graves escándalos con contratistas que cobraban los anticipos, hacían creer que las obras avanzaban, hacían otrosi tras otrosi y todo eso se lo pagaban, por lo cual le robaron al Estado una suma que, según algunos, supera los 28 billones de pesos.
Una fuente de entero crédito ha señalado que en ese robo participaron pesos pesados muy allegados a la administración nacional de entonces, el mismo durante el cual se desplomaron las pirámides de David Murcia Guzmán, hombre amigo de una célebre Ministra que lo llevó a la Casa de Nari y lo comprometió para que prestara toda la logística de sus miles de carros que tenía para recoger la plata de los bobos que creyeron en su DMG, con el fin de recoger los formularios de las firmas de la reelección.
Ahora aterricemos de nuevo en la falta de foco de los orientadores de la opinión pública. Es de verdad una vergüenza para el país, que durante todos estos años en que han ocurrido tantos desfalcos, despilfarros y tropelías en Bogotá, en Montería y en casi toda la geografía del país, los entes de control se hayan dedicado a maricadas.- La Procuraduría, a pelear contra los gay que se quieren casar y adoptar hijos.
Y el colmo de los colmos, es la decepción que produce el deprimente espectáculo de la Fiscalía y la Contraloría, peleando entre ellas mismas, autoespiándose, insultándose en los medios, sacándose los trapitos al sol, en vez de estar pendiente del manejo de la cosa pública en Bogotá y todo el país. Y lo más deprimente es que hayan elegido en la Fiscalía al principal asesor “y amigo personal e íntimo” del responsable de la muerte de miles de personas en el país por la desatención o no entrega oportuna de medicamentos de la máquina infernal llamada EPS Salucoop cuyo principal accionista es presuntamente Carlos Palacino Antia, de quien se asegura es tan astuto que desde hace años logró incluir como socios principales de su patibularia empresa a gente muy allegada al círculo más íntimo del anterior gobierno.
Entonces, es verdad que lo ocurrido en Córdoba da asco. Eso es muy evidente. Como asco y condena produce que los entes de control vivan de espaldas a la realidad del país y se dediquen a figurar en los medios con chismes de cocinera, mientras los corruptos “elevan la corrupción a sus justas proporciones”.
Por todo lo anterior no es bueno que ciertos orientadores de la opinión pública –lo más triste es que algunos de ellos son costeños cachaquizados- magnimicen lo de Córdoba y minimicen la ceguera de los entes de control por estar peleándose entre ellos. No es bueno que se repita y remache con el sambenito de que las regiones se roban las regalías y no hacen nada con esos dineros. Bogotá también se roba el erario y nada hace con los cuantiosos recursos que recibe.
¿Qué se debe hacer? En vez de volver con el cuento del gallo capón de retornar al centralismo perverso, egoísta e inequitativo, por el caso de Jairo Zapa, exigirles a los entes de control que riñan menos entre sí, y controlen con lupa lo que se hace con los dineros públicos en todos los rincones del país. Comenzando por Bogotá, por supuesto.












