¿Tenemos que indemnizar a los españoles por dañarle el negocio a una empresa privada que administra un servicio público con el que estamos totalmente insatisfechos?
Por Soledad Leal
La Constitución colombiana de 1991 establece en el Capítulo 5 del Título XII que “los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado” y que “el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado”.
Podemos entonces decir que es en la prestación de los servicios públicos donde el Estado social de derecho se hace tangible, reconociendo a cada ciudadano como tal, como ‘un sujeto de derecho’; y definimos además como servicios públicos básicos, el agua, el alcantarillado, el transporte, el aseo y, por supuesto, ¡la luz!
Por lo tanto, los servicios públicos básicos deben estar al servicio del sujeto, del ciudadano, es decir tú, mi vecino, yo, el otro, en fin, cada uno de nosotros. La ley establece además que dicha prestación del servicio es ‘un deber’, ya sea que el servicio lo preste directamente el Estado o un particular.
Si las cosas son así y la Constitución no nos engaña, el servicio de energía domiciliaria que presta Electricaribe debe contribuir al bienestar de la población, es decir, de nosotros, los costeños. Y además somos los usuarios o beneficiarios del servicio, el objeto de dicha empresa. Es decir, Electricaribe debe estar al servicio de nosotros, debe proveer la mejor calidad de servicio de energía a nuestros hogares. Es un derecho que tenemos, no es un favor, no es que le compremos la luz a Electricaribe.
Electricaribe ‘administra’ (está al servicio ad minister) un servicio que le pertenece al público, a nosotros, a los usuarios, a los asociados a este Estado de derecho que se llama Colombia.
Nuestro rechazo como usuarios
Puestas en orden las cosas, estamos hablando de mis derechos como ciudadano colombiano y no simplemente de un negocio entre particulares; y en este caso, nosotros como usuarios del servicio público administrado por Electricaribe lo rechazamos masivamente, no lo queremos, no confiamos en su gestión de administración de lo público, no contribuyó a nuestro bienestar, no le tenemos confiabilidad; nos perjudicó económicamente con millones en pérdidas en alimentos dañados en la nevera, en pequeños electrodomésticos, en las noches de insomnio por no contar con un abanico en estas muy calurosas tierras que se tradujeron en un bajo rendimiento laboral, en las actividades de un comercio a medias; y no sigo contando los innumerables percances que las súbitas y continuas idas de la luz nos causan a los ciudadanos del caribe colombiano.
Entonces podríamos adelantar millones de demandas individuales cada uno de los que nos sentimos perjudicados por el pésimo servicio de Electricaribe, cada uno de los enfermos que se quedó horas enteras sin sus aparatos de ayuda electromecánica, cada uno de los que perdimos horas de descanso, cada uno de los que tuvo que darle mantenimiento a sus aparatos eléctricos cada 8 días y comprar costosos reguladores por la inestabilidad del fluido eléctrico.
Y cuando por fin el Estado se acuerda que se debe a nosotros y le quita la administración de la prestación del servicio a Electricaribe, el Gobierno español amenaza con demandarnos y pide una millonaria indemnización, en euros, claro, porque perjudicamos el negocio de una de las empresas más grandes e influyentes de su país. Y yo me pregunto: ¿los españoles son más ciudadanos que nosotros?, ¿tenemos que indemnizarlos por dañarle el negocio a una empresa privada que administra un servicio público con el que estamos totalmente insatisfechos? Se protege allá el bien privado en detrimento de lo público y de unos ciudadanos de menos categoría (léase, nosotros los costeños colombianos).
Esto me sigue oliendo a colonialismo, a añoranzas de aquellos viejos tiempos en que los españoles nos trajeron unos espejitos muy brillantes y se llevaron a cambio nuestro oro, de esos viejos tiempos en que bajo el pretexto de ‘civilizarnos’ arrasaron nuestros pueblos y exterminaron etnias enteras sin que nadie hasta ahora lo haya calificado como un genocidio.
No acabo de entender cómo es que ahora dos Estados soberanos –Colombia y España- van a disputar y gastar miles de millones de euros –pagados por nosotros los bobos, sufridos y víctimas colombianas- ya sea en pleitos inacabables, costosísimos abogados internacionalistas, exhaustivas comisiones bipartitas o en indemnizaciones inimaginables, porque un negocio entre particulares se acabó, fue liquidado o frustrado abruptamente.
Tenemos derecho a lo público: a nuestros servicios, a nuestro patrimonio y a nuestro bienestar. Otra cosa es que el Estado se haya dejado engañar con espejitos.
