Autoridades capturaron a Héctor Manuel Vergara Barboza en zona rural de San Onofre. Críticas a gerente de recuperación de San Andrés.
Por Chachareros/Macondoprss
Héctor Manuel Vergara Barboza, tercero de izquierda a derecha, con tapabocas blanco, es el presunto homicida del líder social Ovidio Baena, dirigente de la Unión Sindical Obrera.
Héctor Manuel Vergara Barboza es sindicado por las autoridades como el presunto asesino del líder social de la Unión Sindical Obrera de la industria del petróleo Ovidio Baena; fue capturado en zona rural del municipio de San Onofre. Tras las respectivas audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento, el indiciado fue enviado a la Cárcel Nacional La Vega de Sincelejo.
Van más de 250 este año, según Indepaz. ¡Solo este año! Y lo extraño es que se incrementa la política del miedo a medida en que se acerca un debate presidencial, que se presagia será muy polarizado entre una ultraderecha que ha ganado siempre con la política de su lucha contra el terror. Un terror que ella misma genera para justificar su hegemonía en el poder, y para sembrar el pánico colectivo entre la población civil. Así ocurrió cuando en el inicio de la hegemonía del Centro Democrático hubo autoatentados, autobombas, misiles contra la Casa de Nariño, todo ello con el fin de justificar un gobierno guerrerista que dio como resultado los falsos positivos, las miles de fosas comunes, desplazamientos forzados, campesinos despojados de sus tierras y la criminalidad brutal contra el campesino para despejar tierras de cultivo de coca, y rutas para el narcotráfico para los carteles mexicanos sin ‘sapos campesinos’ a la vista.
Con todo el aparato militar, policial y de inteligencia es una muestra deplorable de la absoluta ineficacia del Gobierno en la salvaguarda de la vida y honra de los ciudadanos. Es una vergüenza mundial que, después de casi 300 líderes sociales asesinados este año, apenas se haya capturado a un pobre diablo con pinta de soldado adiestrado para matar a mansalva.
Según los reporteros del diario El tiempo, María Isabel Ortiz y Julián Ríos Monroy, en lo que va corrido de este año han sido asesinados más de 250 líderes sociales’, según Indepaz. ¿Quién los mata? ¡Esa es la pregunta del millón!
A orillas del mar de Nuquí, donde Juana Perea se opuso a que construyeran el puerto de Tribugá, hallaron su cuerpo en la madrugada, con un disparo en la cabeza. Cuatro días después, el primero de noviembre, los armados llegaron hasta un caserío en el municipio caucano de López de Micay, y descargaron sus fusiles contra el líder afrodecendiente Audberto Riascos y Rocío Alomina Mantilla.
No habían pasado 48 horas de ese hecho cuando sicarios llegaron hasta la casa de Jorge Solano Vega, delegado de la Mesa de Víctimas de Ocaña (Norte de Santander) y lo asesinaron. A casi 600 kilómetros de allí está ubicado El Peñol (Antioquia), donde ese mismo día acribillaron a Luis Gonzalo Hincapié, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Cristalina.
Guerra por territorios, tras masacres que dejan 15 muertos
Estos cinco nombres son los más recientes del desgarrador listado de asesinatos a líderes y defensores de derechos humanos que ha documentado el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), que el martes pasado llegó a los 251 registros en 2020, siendo Cauca (84) y Antioquia (26) los departamentos más afectados. Esto significa que, en promedio, según las cifras de Indepaz, cada semana mataron a 6 defensores.
A la sombra de esta situación aparece una paradoja: los crímenes contra líderes aumentaron luego de la firma del acuerdo de paz con las Farc, muy a pesar de que en la negociación se previeron estas violencias y se dejó consignada la creación de mecanismos de protección, así como la implementación de una comisión para desmantelar a los grupos ilegales que hostigan a los líderes y defensores.
Las demoras en la puesta en marcha de esas estrategias y la ineficacia de otras que se han dispuesto han derivado en una masacre a cuentagotas que deja un saldo condenable: 1.055 asesinatos entre el 24 de noviembre de 2016, cuando se suscribió el acuerdo, y el 3 de noviembre de 2020, según datos de Indepaz.
Y ni siquiera el confinamiento por covid-19 les bajó el ritmo a las agresiones. Por el contrario, según el programa Somos Defensores, los asesinatos aumentaron un 61 por ciento entre enero y junio del 2020, en comparación con el 2019.
Estas cifras son mayores a las reportadas por la ONU -que es con las que trabaja el Gobierno-, y que este año ha registrado 49 homicidios de líderes sociales, o mayor a las entregadas por la Defensoría del Pueblo.
¿Por qué los matan?
Leonardo González, coordinador del Observatorio de Conflictividades de Indepaz, asegura que entre las razones están los atrasos en la implementación integral del acuerdo de paz.
Según explica, las zonas en las que operaban las Farc no fueron copadas por el Estado, tarea que requiere, más allá de la presencia de la Fuerza Pública, la ejecución de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis), un fortalecimiento en educación y salud, entre otras apuestas.
Uno de los temas centrales en la discusión son las causas que motivan estos crímenes, y aunque el Gobierno ha señalado al narcotráfico como la principal razón, para el investigador de Indepaz, “la gran mayoría de asesinatos no tiene nada que ver con narcotráfico, sino con otros conflictos por tierras, minería, ganadería, entre otras cosas”.
La gran mayoría de asesinatos no tiene nada que ver con narcotráfico, sino con otros conflictos por tierras, minería, ganadería, entre otras cosas”
González también indicó que los grupos ilegales operan en estructuras más pequeñas y, con un sicario y una moto, por ejemplo, pueden ejercer control. No obstante, explicó que aunque son redes ilegales las que principalmente ejecutan los asesinatos: “En la mayoría de los casos el grupo no es el autor intelectual”.
El efecto de la pandemia
Somos Defensores, en su informe ‘El virus de la violencia’, reveló un incremento del 61 por ciento en los homicidios contra líderes durante el primer semestre de este año, con 95 asesinatos, frente a 59 en el mismo periodo de 2019.
Una de las explicaciones de este aumento, señala, es que la cuarentena por covid-19 limitó la movilidad de los líderes y defensores y los obligó a estar de manera permanente en sus casas, lo cual lleva a que “sean fáciles de identificar por los actores que buscan silenciar sus luchas”. Durante el confinamiento se reportó el asesinato de 46 personas con liderazgo social, que corresponden al 48 por ciento del total de homicidios del semestre.
Para Lourdes Castro, coordinadora de Somos Defensores, otro de los factores que dificultan las garantías a los líderes es “el discurso negacionista desde el Gobierno sobre la situación de derechos humanos” y en particular el deterioro de entornos seguros para ejercer liderazgos. Castro reitera que en el acuerdo de paz se establecieron mecanismos claves “que no han funcionado como deberían”, por ejemplo, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, la cual tenía que diseñar la política pública para el desmonte de grupos armados ilegales, que es “un fenómeno fundamental que se alinea con las agresiones a los líderes y defensores”.
De hecho, según Somos Defensores en 14 de los 95 homicidios en el primer semestre, los presuntos responsables son paramilitares; en 12, disidencias de las Farc; y en 4, el Eln. Una de las situaciones más preocupantes es que en 59 muertes (el 62 por ciento) se desconoce el autor. Pero hay un punto adicional: la Fuerza Pública aparece como presunta responsable en 6 casos.
Sobre los crímenes que no paran, Carlos Camargo, defensor del Pueblo, indicó que la entidad ha exigido a las autoridades el cumplimento de su obligación de proteger y velar por la seguridad de los líderes. Señaló además que con un préstamos del BID para modernizar la entidad, esperan desarrollar un Sistema de Alertas Tempranas “basado en tecnología de inteligencia artificial para asegurarnos de que es posible no solo reaccionar, sino anticiparse a los hechos con toda la oferta institucional y de protección”.
En todo caso, Somos Defensores apunta que solo en el 15 por ciento de los asesinatos de líderes sociales que investiga la Fiscalía se ha llegado a sentencia, por lo que las posibilidades de que estos crímenes queden impunes son altas.
Las cuentas diferentes
Mientras Indepaz reporta 251 líderes sociales asesinados en 2020, ONU Derechos Humanos registra 49 este año, y la Defensoría habla de 139 casos hasta septiembre.
Según Leonardo González, de Indepaz, la razón de las diferencias en las cifras tiene que ver con las fuentes de información y los criterios que usa cada organismo. Por ejemplo, dijo que la ONU ha dicho que no tienen la capacidad de “hacer el análisis caso a caso en todo el territorio”, mientras que Indepaz recibe información directa de las organizaciones sociales a lo largo del país. Otras oenegés, como Somos Defensores, sistematizan las agresiones cada cierto tiempo.
Frente al homicidio de los líderes y las críticas por fallas en su protección, el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, señaló que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad ha sesionado en 49 oportunidades y ha avanzado en la construcción de la política de desmantelamiento de las estructuras armadas.
También resaltó que el Gobierno “ha dado golpes contundentes a los cabecillas de los grupos armados, dando de baja a varios de los principales autores de los crímenes contra líderes y defensores”.
Otro alto funcionario del Gobierno dijo: “Los grupos armados atacan a los líderes de manera cobarde, para proteger el narcotráfico y la extracción ilícita de minerales a los que estas personas se oponen”.
Los grupos armados atacan a los líderes de manera cobarde, para proteger el narcotráfico y la extracción ilícita de minerales a los que estas personas se oponen
Sobre las críticas por la implementación de los Pdet, Emilio Archila, consejero para la Estabilización y la Consolidación, aseguró que la Agencia de Renovación del Territorio terminará el año habiendo entregado 900 obras en municipios priorizados. Agregó que se han obtenido logros importantes en materia presupuestal: “Cambiamos la Constitución para que se permitiera el adelanto de regalías para los Pdet. Vamos a tener alrededor de $ 4,5 billones para sumarle a lo que ya estamos haciendo”.
Por su parte, la Fiscalía explicó que está trabajando para actuar en tiempo real y lograr la identificación de los determinadores y el desmantelamiento de las estructuras criminales.
En la actualidad hay 398 casos abiertos por crímenes ocurridos entre 2016 y octubre de 2020, en los cuales se han logrado avances en 241 casos (60,45 por ciento), incluyendo 54 condenas y 2 sanciones, 84 procesos en juicio, 35 en investigación y 51 indagaciones con orden de captura o imputación.
Sobre este año, la Fiscalía reportó avances en 20 de los 49 casos que le ha reportado la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los DD. HH.
Por otro lado, el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, anunció que fueron creados 11 nuevos juzgados para conocer procesos por homicidio de líderes y defensores. Los juzgados estarán en Buenaventura, Santa Marta, Riohacha, Tumaco, Valledupar (2), Medellín, Cúcuta, Montería, Popayán y Quibdó.
Y la Consejera Presidencial para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, aseguró que hay una «correlación estrecha» entre las acciones de los grupos armados organizados que intervienen en cadenas productivas ilícitas, con las zonas en donde hoy se están presentando la mayoría de los asesinatos de líderes sociales.
«Son las dinámicas delincuenciales de dichas estructuras armadas las que ponen en riesgo la integridad y la vida de los líderes sociales, comunales y defensores de derechos humanos», afirmó Gutiérrez, señalando que, según el reporte de la Fiscalía a octubre de este año, los mayores perpetradores de violencia contra los líderes son las disidencias de Farc, y después vienen grupos de delincuencia común con alcance local, el ‘Clan del Golfo’, el Eln, Epl, y los ‘Caparros’.
Son las dinámicas delincuenciales de dichas estructuras armadas las que ponen en riesgo la integridad y la vida de los líderes sociales,
La consejera para los derechos humanos también asegura que una de las acciones que han desarrollado para proteger a los líderes consiste en la creación de un índice de riesgo de afectación contra líderes sociales y defensores de DDHH’ «que permite focalizar los municipios de mayor riesgo, y articular acciones».
Dudas sobre la gerente de San Andrés
Susana Correa Borrero, designada por el presidente de la República, Iván Duque, como gerente para la reactivación de San Andrés y Providencia, luego del desastre causado por el huracán Iota.
Según el periodista y politólogo Moisés Pineda Salazar, la ausencia de prevención frente a una tragedia anunciada desde junio obligó al que dijo Uribe a nombrar una gerente para la reconstrucción del olvidada archipiélago de San Andrés: la caleña Susana Correa Borrero, uribista de extenso prontuario, funcionaria coherente con el corrupto estilo clientelista del máximo caudillo de la extrema derecha.
En diciembre del 2018, cuando Duque pregonaba que no repartía «mermelada», simultáneamente Susana Correa, en calidad de directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), fue sacada del Congresos tres veces por extorsionar a los congresistas que no querían votar positivamente la fracasada reforma política. Su amenaza era clara: «Si no votas a favor, no te puedo ayudar en tu departamento». La cosa no pasó a mayores, simplemente porque junto a ella estaban la consejera para las regiones Karen Abudinen y el consejero político de presidencia Jaime Amín.
Desde el comienzo de su vida política peló el cobre del uribismo: en junio de 2006 la Superintendencia de Servicios Públicos la nombró gerente interventora de la empresa de aseo Emsirva que recolectaba 1.800 toneladas diarias de basura de Cali. La forma en que liquidó la empresa en 2009 creó las condiciones para que el relleno sanitario de Yotoco fuera adjudicado a Interaseo, de William Vélez, íntimo amigo de Uribe y testaferro del jefe narco paramilitar Vicente Castaño Gil, según testimonio de varios ex comandantes de las AUC.
Esta tarea fue hecha en contubernio con el corrupto ex senador narco parapolítico, Juan Carlos Martínez Sinisterra, condenado a 7 años y 5 meses de prisión por sus nexos con el bloque Calima de las AUC, a 4 años por fraude electoral en las elecciones del 2012, y nuevamente condenado por recibir $300 millones de Hernando Gómez, alias Rasguño, cuando era congresista.
Animada con el odio de clase característico del uribismo, desde ese cargo impidió la participación de los recicladores en la licitación para el manejo de basuras. Por esa razón la Corte Constitucional tumbó la convocatoria.
Es importante destacar que mientras liquidaba la empresa, el grupo ingenio Mayagüez, del cual es socio su padre, Álvaro Correa Holguín, recibió cerca de 3.000 millones de Agro Ingreso Seguro, cuando era ministro de Agricultura el delincuente Andrés Felipe Arias, como contraprestación a dos chequecitos metidos a su campaña, por debajo de la mesa como les gusta a los uribistas, para su precandidatura a la presidencia. Igualmente, su tío Álvaro Correa Holguín, antiguo presidente y miembro de la junta directiva de Mayagüez, su papá y su hermano Álvaro José, recibieron más de $700 millones destinados a campesinos pobres.
Dos años más tarde fue nombrada gerente general de la empresa de servicios públicos, Emcali, y dos después renunció al cargo para aspirar a la alcaldía de Cali, con la asesoría del polémico Juan José Rendón, venezolano experto en propaganda sucia. Pero más sucia resultó la candidata porque le descubrieron un soborno a la Registraduría para que aceptara firmas chimbas como aval, hecho que la obligó a renunciar a su pretensión.
Finalmente, en octubre de 2014, Susana Correa tuvo que presentarse a la Fiscalía porque el hacker ecuatoriano Daniel Bajaña, socio del hacker Andrés Sepúlveda que trabajó en la campaña presidencial del uribismo en 2014 haciendo espionaje y propaganda sucia, declaró que ella lo presionaba para hacer una declaración juramentada en la que debía decir que no conocía al candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga.
Para un poco de tranquilidad de los damnificados de San Andrés y Providencia, el presidente Duque, tal vez para curarse en salud, le pidió a la dinámica Mintic, la barranquillera Karen Abudinen, que se quedará parqueada en el archipiélago, poniéndole el pecho a la brisa y que se trepara hasta a los techos a vigilar las obras de restauración.
Esta es la encargada de reconstruir el archipiélago de San Andrés, una mala persona que además de corrupta, maltrata y humilla a sus subordinados, como cuentan cercanos colaboradores. Su abultado prontuario que demuestra una inexistente escala moral de valores y el fracaso de la actual vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, en la reconstrucción de Mocoa que se quedó en el 20% ejecutado por la administración Santos, no nos permiten hacer un buen augurio a los compatriotas damnificados del huracán Iota. Menos mal que al presidente de la República se le ocurrió enviar a la dinámica y eficiente Karen Abudinen, la ministras de las nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Mintic, para que ponga su sello y su catadura moral al frente de las tareas monumentales que requieren San Andrés y Providencia para salir de la grave tormenta que viven.
