Este documento se convirtió en una ventanilla siniestra para la extorsión flagrante de agentes de transito y policías para todo tipo de conductores.Hasta para los carros de mula. ¿Se les acabará el sucio negocio para aseguradoras y para los agentes?.
Por Rafael Sarmiento Coley
Rafael Sarmiento Coley, director de www.lachachara.co
A pesar de tratarse de una vieja polémica, el abogado internacionalista Max Galeano insiste en que la venta del Seguro Obligatorio de Accidente de Transito (Soat) por parte de varias aseguradoras privadas, y la exigencia de las autoridades policiales y de tránsito a conductores de vehículos, motos y hasta carros de mula, es una “estafa y se ha prestado para que reine la total corrupción en el personal de la Fuerza Pública que en la práctica extorsiona a quien no porte este documento o lo tenga vencido”.
Y en forma categórica afirma que “el Soat es un documento prohibido de emitir y, mucho menos, exigir, por el Estado Colombiano o funcionarios a nombre de éste, de conformidad con una Orden Internacional pactada en el Derecho a la Salud. Pacto vigilado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Consejo Económico de la Organización de Naciones Unidas (ONU)”.
Galeano sostiene que “ninguna persona, natural o jurídica, tiene obligación de comprar un seguro obligatorio de accidente de tránsito. Eso es una estafa concertada entre el gobierno, el congreso que aprueba las normas y las aseguradoras, para hacer creer a los ciudadanos que las compañías de seguro cubren los daños corporales causados a las personas en un accidente de tránsito, siendo que tal cubrimiento se realiza con recursos del presupuesto nacional decretado en la ley anual de apropiaciones”.
Max Galeano, explica su iniciativa en la que cuestiona el recaudo por el seguro de accidentes. El Gobierno y el Congreso tienen la palabra.
Gobierno y Congreso, que digan algo
Si todo lo que viene planteando Galeano desde hace cerca de 10 años ha sido tema de polémica sin que haya sido desvirtuado, es tiempo de que tanto el Gobierno del Presidente Iván Duque como el Congreso de la República, en especial los miembros de las comisiones económicas, le digan la verdad a los colombianos.
Un representante a la Cámara de las comisiones económicas admitió que “sí es cierto que el Soat se ha convertido en una vagabundería que irrespeta la dignidad del pueblo colombiano. A tal punto que hay aseguradoras que viven de ese seguro, y hay clínicas que solo atienden a accidentes de transito con daños físicos y materiales de por medio. Un accidente de una moto en cercanías de Monómeros no puede ser atendido en la Porto Azul, así el paciente se esté desangrando. Hay que llevarlo por allá por murillo porque ese herido, o muerto, le pertenece a esa clínica, cuyos propietarios se han vuelto multimillonarios, tanto así, que patrocinan a candidatos al Congreso, a la Asamblea, al Concejo y hasta la Presidencia, para tener vigente el Soat”.
Uno de los argumentos absurdos que esgrimen los defensores del Soat es que, gracias a su existencia, han disminuido en un 90 por ciento los accidentes de tránsito. Falso. La accidentalidad ha bajado por las campañas educativas del Ministerio de Transportes y Tránsito y de las secretarías seccionales.
Y, si como dice un exministro de transporte consultado, es cierto que en el presupuesto anual en el rubro de apropiaciones están asignadas suficientes partidas para contingencias por accidentes de tránsito, los colombianos estarían pagando dos veces por un mismo servicio, más la extorsión de la cual son víctima por parte de inescrupulosos agentes uniformados de la ley y el orden y, los peores de todos ellos, ‘los agentes de tránsito’, que pareciera ser que los jefes inmediatos les pusieran tarifas por día. Y si no la cumplen, no salen al día siguiente a patrullar. ¡Por Dios, presidente Duque, senador Cepeda, presidente del Senado Arturo Char, presidente de la Cámara Germán Blanco, acaben con ese obsceno que enriquece a unos pocos, y empobrece a unos 30 millones de colombianos, peor si el carrito ya es de 10 o quince años! El valor del Soat se eleva casi a lo que cuesta el carrito viejo de vender guarapo.
No es cualquier Juan de los Palotes
Max Galeano, director de la organización Salud Colombia y gestor de la iniciativa de ‘Transparencia presupuestal de rendición de cuentas y participación’, califica como un “robo” el recaudo hecho por el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat), contra el cual emprendió una lucha frontal desde 2006 al afirmar que afecta la legalidad de los tributos y por considerar que las únicas beneficiadas con este cobro han sido las aseguradoras.
“En lo corrido de 2016 recaudaron 3,7 billones de pesos por la venta de estos seguros y desde su creación ese monto supera los 20 billones de pesos”, dice Galeano. Según su versión, en este mismo periodo ningún accidente de tránsito ha sido cubierto por las aseguradoras, sino por el Sistema de Seguridad Social, con recursos del Presupuesto Nacional. ¡Cojame ese trompito en la uña!, como dice don Chelo de Castro.
Una cuenta muy distinta es la de Fasecolda (la Federación de las aseguradoras del país), pues sus reportes (desde 1988 y hasta el 25 de febrero pasado) dicen que por siniestros sus afiliadas han cancelado 7 mil 087 millones de pesos. ¡Pura paja! Para eso les pagan. Para maquillar cifrar de manera descarada y cínica.
Galeano apoya su alegato en que el Presupuesto Nacional de 2016 apropió, para cubrir los servicios de salud y prestaciones de víctimas de accidentes de tránsito (Ley 1769 – 2016), más de 220 mil millones de pesos, monto que también se especifica en el decreto de liquidación del presupuesto. La polémica está planteada. Y aunque la Federación de Aseguradoras de Colombia (Fasecolda), por intermedio de su presidente Jorge Humberto Botero, diga que “esos son embelecos sin fon legal” de Max Galeano, hay muchas más verdades que embeleco. Debe ser que al señor Botero los agentes de transito ni de policía nunca le han inmovilizado su carro blindado por tener el Soat vencido, ni se lo han llevado a los ‘parqueaderos’ de los concesionarios de esta estafa, que son unos verdaderos matorrales al aire libre, convertidos en lastimosos cementerios de miles de carros y motos cuyos dueños no reclaman porque vale más la multa y el parqueo (en pleno rastrojo a sol y agua), que el vehículo. Además, ¿para qué lo va a reclamar, si ya lo que queda del carro o la moto es el esqueleto, pues, con la complicidad de los celadores, han sido ‘desguazados’?
