La Contraloría General prepara un reporte sobre las irregularidades que se han venido cometiendo en los trabajos de infraestructura en la terminal aérea. El aeropuerto Ernesto Cortissoz tiene fallas de todo tipo, incluso en la rendición de cuentas.
Lexander Loaiza Figueroa @Lexloaiza
La Contraloría General de la República le tiene el ojo puesto a los contratos de obras en el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla. La investigación se adelanta desde hace un mes y va en dos direcciones, según dijo el contralor delegado Luis Fernando Mejía a Blu Radio.
Las dos líneas de investigación están sobre el “contrato de concesión para la construcción de obras (…) y al contrato de interventoría”. El delegado de Infraestructura añadió que las pesquisas comenzaron desde hace aproximadamente un mes.
Millonaria inversión y obras inconclusas
En el aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla se iniciaron obras de refacción y ampliación desde hace seis años. Hasta ahora se han invertido alrededor de 700 mill millones de pesos y la situación del aeródromo comercial sigue siendo caótica.
A principios de junio, miembros de la Asamblea del Atlántico reclamaron a la Agencia Nacional de Infraestructura –ANI- explicaciones sobre el “avance” de las obras. Exigieron que se hicieran cumplir las garantías de los contratos porque la millonaria inversión no se aprecia en la obra.
Resultados para noviembre
“Estamos actuando en estos momentos, revisando todos y cada uno de los elementos del desarrollo del contrato de concesión” agregó el funcionario. También dijo que revisan cómo se han celebrado ocho “otros íes” a los contratos de concesión, es decir, cómo se han cambiado condiciones.
Otro punto de la investigación de la Contraloría es cómo han sido los procesos de sanciones “si es que las ha habido” al concesionario. “Estamos actuando en una etapa bien importante de fiscalización”, indicó Mejía.
La Contraloría revisa la ejecución por parte del contratante y el contratista. Hasta ahora han verificado “importantes modificaciones de los plazos” originalmente pautados. El funcionario declinó ahondar en detalles sobre lo que se ha encontrado hasta ahora en la indagatoria.
Lo que sí dijo es que para el mes de noviembre se tendrán los resultados de esta investigación. Luis Fernando Mejía también aclaró que la Contraloría General ha realizado actuaciones de fiscalización desde los años 2017 y 2018. “En estas actuaciones ha habido hallazgos de índole administrativo y disciplinario que han sido trasladados a los organismos competentes”, añadió.
La Contraloría se encuentra revisando de forma integral la actuación de cada uno de los actores de los contratos de obras y de interventoría. Se están verificando si las obras y los acabados se han realizado de acuerdo a lo previsto en los contratos.
Negada la indemnización
La investigación involucra al Grupo Aeroportuario del Caribe SAS, empresa que cuenta con la concesión para estos trabajos. Esta contratista está reclamando a la ANI una indemnización por 720 mil millones de pesos por afectaciones económicas. Los perjuicios, según la solicitud del grupo empresarial, se derivan de los efectos de la pandemia.
Durante una reunión que se llevó a cabo esta semana en Barranquilla, encabezada por el alcalde Jaime Pumarejo, se cuestionó esta pretensión. El director de la ANI, Manuel Felipe Gutiérrez, dijo que desde el Gobierno nacional, también se oponen a esta indemnización a la concesionaria. La empresa deberá cumplir con el contrato tal y como lo había pactado.
Empresas en quiebra
En el año 2015, el Ministerio de Transporte entregó en concesión el aeropuerto Ernesto Cortissoz por un lapso de 20 años. El trato, por $610 mil millones, incluyó que el grupo beneficiado con la concesión, adelantaría los trabajos de modernización de la terminal. Seis años después, el grupo dice haber invertido 349,5 mil millones de pesos y las obras siguen inconclusas.
El Grupo Aeroportuario del Caribe tiene mayoría accionaria del empresario Julio Gerley y creó a su vez la empresa Nuevo Aeropuerto de Barranquilla SAS. Esta sería la encargada de realizar los trabajos de modernización del terminal aéreo. Pero ahora se ha declarado en quiebra, en medio de cuantiosas deudas que tiene con sus proveedores y subcontratados.
El operador argumenta que “el proyecto no recibe ingresos provenientes de entidades públicas para efectos de la obra”. Esto a pesar de que el contrato se ha hecho bajo el formato de alianza público-privada.
También se declaró afectado por la suspensión y reducción del tráfico aéreo como consecuencia de la pandemia del Covid-19. Por ello reclaman que se aplique la “terminación anticipada” del contrato, que incluye devolver el dinero invertido. No obstante, la indemnización solicitada por la operadora de la concesión, implica el doble del monto que dice haber invertido en las obras.
Los acreedores de Nuevo Aeropuerto de Barranquilla denuncian que los retrasos en los pagos se vienen presentando desde el año 2018. Esto quiere decir, que los incumplimientos se vienen dando desde antes de comenzar la crisis por la pandemia. Con la quiebra la empresa dejaría de responder por pagos pendientes de 20 mil millones de pesos.
