La semana pasada había decidido que mi siguiente columna sería algo más alegre y menos crítica o analítica, pero en un país como Colombia esto parece una idea imposible.
Por María Angélica Borja Pérez , Sincelejo sucre
Tan imposible y de no creer como el caso de los 7 soldados pertenecientes al Batallón San Mateo, que violaron a una menor de edad del Resguardo Indígena Embera Chamí, en el corregimiento de Santa Cecilia, municipio de Pueblo Rico (Risaralda).
En ninguna cabeza cabe la idea de que 7 hombres que juran defender su patria y a sus compatriotas sean capaces de ultrajar la dignidad de una niña, y a esto se le agrega el trino desatinado de la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, en el que alerta al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, para que el caso de la menor no sea un falso positivo. La verdad es que es vergonzoso e inadmisible no creerle a la víctima que ha vivido una situación como esta.
Los menores en este país son las presas fáciles de los desalmados que los eligen sin remordimiento para hacer con ellos actos aberrantes. Según el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entre enero y mayo de 2020 se han practicado 7544 exámenes médicos legales por presunto delito sexual, que representan el 43 % de las lesiones no fatales en el país; de estos, 6479 fueron realizados a menores de edad.
Pese a que el comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro, manifestó en su cuenta de Twitter que apoya a las autoridades en el desarrollo de las investigaciones en el caso de la menor y que ordenó tomar las medidas administrativas contra los uniformados, no dejan de ser cuestionables las acciones que en el último mes se han registrado en las filas militares. Por un lado, los casos de periodistas que fueron blanco de perfilamientos y vigilancias ilegales por parte de miembros de inteligencia y, por el otro, los cuatro soldados que lanzaron al vacío un indefenso perro en zona rural del municipio de Puerres, al sur de Nariño.
Pero no siendo poco lo anterior, según El Tiempo, la Fiscalía de Medellín y Contrainteligencia Militar estarían investigando sobre una presunta red de tráfico de armas y de irregularidades en la obtención de permisos especiales para el porte, que involucraría sectores del Ejército tanto en Bogotá como en Medellín.
La verdad es que estos acontecimientos nos llevan a reflexionar sobre qué le queda a los colombianos, si quienes deberían protegerlos son los mismos que en los últimos días han sido los protagonistas de las noticias más reprochables del país.
