El gobierno venezolano se propone ahora bloquear la señal de CNN en español que los venezolanos siguen por internet, luego de que ordenara el cese de transmisiones a través de las operadoras de televisión paga en este país.
Lexander Loaiza Figueroa @Lexloaiza
En 2017 se cumplen 10 años de la salida del aire del canal de señal abierta Radio Caracas Televisión –Rctv-, que hasta ese momento (2007), sumaba 52 años de operaciones ininterrumpidas en Venezuela. En ese entonces, la reacción del público por la orden del entonces presidente Hugo Chávez, quien culpaba a la estación televisiva de parcializarse a favor de los opositores y ser un enconado ‘enemigo’ de su gobierno, generó una ola de protestas y reacciones adversarias que dejó sumamente fatigada la imagen democrática del mandatario.
Pero era solo parte del inicio. Con anterioridad y con el apoyo de una totalmente roja Asamblea Nacional, había aprobado una nueva Ley de Telecomunicaciones, la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión y en el Código Orgánico Procesal Penal, había tipificado como delitos la ironización, o emisión de adjetivos contra los funcionarios públicos a diversos niveles. Incluso la nueva legislación atribuía responsabilidades a los entrevistadores que en vivo, permitiesen de sus invitados, elucubraciones que el Gobierno pudiera en un momento determinado considerar ofensivas para sus intereses.
En la reforma también se incluyó un nuevo condicionamiento para el otorgamiento de concesiones a las cadenas de radio y de televisión con señal abierta. Entre sus aspectos más importantes, redujo sustancialmente la vigencia de esas concesiones, en el caso de las televisoras, de 20 a solo cinco años. Inició con las emisoras de radio un proceso de renovación de documentación que sacó del aire, por supuesta ilegalidad, a 34 emisoras radiales solo en ese año de 2007.
El Gobierno de Maduro se ha valido de un Poder Judicial parcializado para presionar a los medios.
La apertura de ‘procesos administrativos’ y aplicación de cuantiosas multas contra las estaciones de televisión, especialmente a la cadena de noticias Globovisión, (antes que sus antiguos dueños la vendieran), se convirtió en tema de todos los días. Tras el triunfo de Chávez en las presidenciales de 2006, los dueños de los canales de televisión fueron llamados a Miraflores a reuniones ‘de acercamiento’, que como efecto inmediato, redujo severamente los programas de opinión, que fueron progresivamente sustituidos por contenido de variedades.
A los periódicos también les llegaría su turno. Aunque ya venían confrontando una baja sustancial en sus pautas publicitarias del gobierno y de aquellas empresas que fueron sumándose a la ola de expropiaciones y nacionalizaciones que hubo después del año 2006, el mayor reto lo enfrentarían con su principal materia prima: El papel.
El oficialismo ha movilizado a sus seguidores para respaldar la medida contra la cadena CNN.
La creación del Complejo Editorial Alfredo Maneiro, ordenada por Hugo Chávez, tenía el objeto de monopolizar la venta en el país del papel y de otros insumos para la elaboración de periódicos. Sobra decir que aquellos que tenían una línea editorial crítica al gobierno, no eran prioritarios a la hora de recibir los vitales suministros. Entre 2011 y 2012, dos de los principales grupos editoriales del país pasaron de manos en procesos de venta realizados en dólares y cuyos nuevos propietarios nunca fueron dados a conocer.
La Cadena Capriles, cuyo producto bandera Últimas Noticias, era el rotativo más vendido en el país. El otro fue El Universal, el más antiguo de los periódicos nacionales también fue vendido en una operación que se concretó en Nueva York. Paralelamente, los periódicos de provincia que no se habían amoldado a los requerimientos gubernamentales, acusaron cada vez más, problemas para obtener dólares preferenciales para pagar sus insumos a los proveedores en el exterior. Para ellos recurrir a la vendedora gubernamental de papel tampoco era una opción, ya que los pedidos nunca eran satisfechos en cantidades, ni en el tiempo requeridos. El cierre de periódicos, también se volvió parte de la cotidianidad.
Con Maduro en el poder, la política hacia los medios no ha variado, de hecho parece solo haberse radicalizado más. Su primer bloqueo fue contra la cadena NTN24, asentada en Bogotá y con transmisiones para toda Latinoamérica a través del cable. Durante los casi cuatro años de gobierno, los cierres de emisoras y periódicos han continuado. Tras las elecciones legislativas del año 2015, en el que la oposición logró una mayoría apabullante de diputados, la televisora de la Asamblea Nacional, fue desmantelada por el Gobierno y su señal confiscada a través de una controvertible decisión del parlamento anterior.
CNN es apenas el último de los casos en los cuales el Gobierno se ha enfrentado a un medio de comunicación.
Un desolador informe del Instituto Prensa y Sociedad –Ipys- contabiliza 57 casos que han anulado o restringido acciones contra medios radioeléctricos entre 1.999 y 2016. 130 acciones contra medios de comunicación de radio o televisión han afectado, solo durante el gobierno de Nicolás Maduro a 46 medios de comunicación. De las acciones cometidas contra medios de comunicación, 26 de ellos son televisoras, 87 emisoras de radio, 2 portales web y 16 empresas de telecomunicaciones.
La última de las acciones ha sido contra la cadena norteamericana CNN, luego de difundir un reportaje basado en la investigación que desarrolló sobre la presunta venta ilegal de pasaportes venezolanos y usurpación de identidades que se habría gestado desde una sede diplomática de Oriente Medio. El gobierno negó las afirmaciones, aunque nunca concedió una entrevista a los productores del reportaje para confrontarla con las acusaciones.
El bloqueo de CNN ha reavivado el debate sobre la libertad de expresión en Venezuela, pero su historial reciente demuestra que no es una medida aislada, y que por el contrario, apunta a ser una política de Estado, dirigida a desviar el foco de los múltiples puntos oscuros que tiene la gestión socialista en el país sudamericano.
