Un análisis histórico que nos permite reflexionar sobre lo que somos como un país de regiones.
Por Omar José Carrillo Villalobos
Omar Carrillo Villalobos.
Con la primera elección popular de alcaldes hace cerca de 28 años (1.988) sugiero de manera oportuna ese período histórico para destacar los avances que en Colombia ha tenido la descentralización, y nos permite revisar lo que aún pueden ser sus limitaciones y carencias, y en especial para intentar resignificar su valor de cara a los retos de construir regiones y áreas metropolitanas para el Postconflicto, que nos posibilita la Ley Orgánica 1625 del 29 de Abril de 2013.
Sin duda que la elección popular de autoridades locales y la descentralización que profundizamos con la Constitución de 1991 han implicado una “revolución silenciosa” que relegitimó las instituciones, que contribuyeron a superar la crisis de gobernabilidad local que sufría el país, reformas que abrieron el sistema político que estaba enquistado y con altos déficits de representación. Posibilitando, a su vez, asociarse en Áreas metropolitanas en varias regiones del País. Barranquilla no fue la excepción (Puerto Colombia, Soledad, Malambo y por elección popular, Galapa).
Pero a pesar del ímpetu inicial “la descentralización” entró en el letargo durante varios lustros, y han sido los últimos gobiernos y desde el Interior como Ministerio de las Regiones los que han complementado su arquitectura con la aprobación de importantes leyes que amplían las facultades y márgenes de gobernabilidad de los alcaldes, gobernadores y áreas metropolitanas.
Testimonio de ello ha sido la aprobación de una nueva Ley de Régimen Municipal, una nueva Ley de Régimen para los Distritos Especiales, la Ley que vigoriza las Áreas Metropolitanas, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, y, entre varias otras, la expedición de la Ley de Regalías que hizo más equitativa la distribución de estos recursos en el país. Si, por ejemplo, en el 2011 solo 419 municipios recibían asignaciones directas de regalías, en el 2013 un total de 1.046 municipios recibieron recursos de asignaciones específicas y 1.122 se verán beneficiados para amortizar su pasivo pensional, todo ello gracias a una Ley que además busca evitar los malos manejos del pasado y que imprime mayor planeación y coordinación para que los recursos tengan impacto social, regional y metropolitano.
Por si ello fuera poco, el Gobierno ha instituido la figura de los Contratos-Plan, por medio de los cuales la Nación delega algunas de sus competencias en departamentos o municipios y áreas metropolitanas para que juntos le apuesten a megaproyectos regionales.
No obstante, y pese a la consistencia de realizaciones como las comentadas, no es excepcional escuchar inconformidades por los resultados de la “descentralización” y los niveles de desarrollo local en el país.
Al respecto, cabe señalar que la descentralización en sí tiene limitaciones y no puede sustituir los esfuerzos fiscales, de planeación estratégica, de transparencia y, en últimas, de buenas prácticas de gobierno que corresponde no solo al Gobierno Nacional, sino también, a los Departamentos, Municipios y Áreas metropolitanas.
En ese sentido, es conveniente resaltar además que construir regiones fuertes, áreas metropolitanas, departamentos y municipios robustos va mucho más allá de un tire y afloje entre el Gobierno Nacional y los gobiernos locales, debe consolidar una “descentralización” entendida como la solicitud permanente de mayores prerrogativas o recursos del nivel central hacía las Entidades Territoriales.
Ni la forma de Estado ni las formas de organización territorial del Estado sustituyen el necesario y mancomunado trabajo entre el Gobierno Central, sus departamentos, municipios y áreas metropolitanas, para que el desarrollo local-regional de verdad funcione, promoviendo fenómenos de desarrollo comunitario, para generar empleo productivo, innovación tecnológica y que en últimas haya mayor iniciativa local, mayores oportunidades, incidiendo en los logros de la reducción de la pobreza.
Este es un empeño que debe estar acompañado por un mayor esfuerzo fiscal territorial metropolitano, una apuesta que a la postre es una muestra de confianza de los ciudadanos en sus gobernantes. Un empeño que debe estar asociado también a un mejor uso de los recursos que la Nación transfiere a las entidades territoriales, a una mayor transparencia y rendición de cuentas, elementos transversales y vitales de la descentralización, y a una postura más activa de fiscalización y compromiso de la sociedad civil local, metropolitana y regional, las universidades, gremios, industrias, cámaras de comercio, prensa y ciudadanos en general.
Es esta una posibilidad de resignificar el valor y contenido de la descentralización, para relanzar la gobernabilidad territorial en aras del posconflicto y, con el apoyo de los gobernadores y alcaldes, superar las carencias de los territorios metropolitanos donde se observan enclavadas las raíces más profundas de nuestra violencia.
Es esa la perspectiva para afrontar los retos del postconflicto, un desarrollo sostenible y sustentable que tienen en su biodiversidad y políticas estratégicas acerca del Cambio Global Climático, fase en la cual, la paz, va más allá de la ausencia de confrontación armada, en la que hay que hacer un gran esfuerzo de inversión para recomponer el tejido social en aquellas regiones más golpeadas por la violencia, para superar la precariedad económica y social, y el problema agrario, para la reintegración de los excombatientes y la generación de proyectos productivos a efectos de superar las causas de carácter socioeconómico que pudieron en algún momento justificar la confrontación.
Es además la óptica para construir una paz sostenible y duradera de cara al posconflicto, pues la paz va a ser un bien público en los departamentos, áreas metropolitanas y pueblos de Colombia; la paz se va a hacer en las ciudades urbanizadas más afectadas por el conflicto, y la “descentralización” es el instrumento que va a ser muy clave para realizar ese sueño.
