Las centrales obreras y los empresarios se enfrentan a una segunda mesa de concertación en posiciones encontradas. Tras el primer encuentro, no ha habido en ninguna de las dos partes el menor atisbo de ceder en sus pretensiones…y son más de 10 puntos porcentuales de diferencia.
Lexander Loaiza Figueroa @Lexloaiza
Para el 17 de diciembre se podrían reunir nuevamente gremios y centrales de trabajadores en el marco de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, cuando ya se agotan las posibilidades de una concertación sobre el salario mínimo que estará vigente para el año 2021.
Propuesta empresarial
La posición de los gremios ha sido clara: El incremento del salario debe ser 2%, lo que significa un ajuste de 17.500 pesos al mes y dejaría el monto del salario en 895.363 pesos mensuales que más el subsidio del transporte (104.911 pesos), dejaría el ingreso integral del trabajador en 1 millón de pesos netos.
El sector empresarial, argumenta que un incremento salarial más allá del 2% afectaría la generación de nuevos empleos y terminaría afectando el poder adquisitivo de todos por el impulso a la inflación. Hasta aquí, son más o menos los mismos argumentos que esgrimen los empresarios año tras año.
Pero en un año marcado por la pandemia del Covid-19, una larga cuarentena y una baja sustancial en la productividad laboral superior al 8%, los empresarios no desaprovecharon la oportunidad para sumar estas circunstancias extraordinarias a la mesa de discusión y con láminas en mano, plantearon la inviabilidad de un incremento superior al propuesto, ya que eso atentaría contra la estabilidad del propio aparato productivo nacional. “Las empresas también han sido afectadas por la pandemia”, fue el argumento central de los patronos.
Propuesta de las centrales
Con 11,6 puntos porcentuales arriba de la propuesta patronal está la de los trabajadores, quienes buscan un ajuste del 13,6% para llevar el salario mínimo en 1 millón de pesos y el auxilio de transporte en 120 mil.
La posición de las centrales obreras también tiene sus argumentos de peso. El principal es que el costo de la canasta básica familiar está en el orden de los 1,2 millones de pesos mensuales, por lo que un salario integral inferior a eso sería insuficiente para una familia. La propuesta de las centrales admite que ha habido una caída en la economía y una baja en la inflación, pero responsabilizan de ello al hecho que la mayoría de los colombianos no tiene con qué comprar.
A favor y en contra
En la reunión prevista para esta semana, de darse, se contaría con la asistencia del Gobierno, representado por el Ministerio del Trabajo en plan de concertación. No obstante, ya el presidente Iván Duque adelantó su posición en cuanto a que es necesario en primer término proteger el empleo.
La preocupación del Gobierno luce legítima, si se toma en cuenta que para septiembre el desempleo se mantuvo en un 15,8%, mientras que la economía registró un crecimiento negativo del -9%, lo que se traduce en menor capacidad del aparato productivo para generar nuevos puestos de trabajo.
Con estos dos elementos, la mayoría de los analistas coincide que la posición y decisión del gobierno se acercará mucho más a la propuesta empresarial que a la de los trabajadores, tomando en cuenta que la inflación esperada para este 2020 podría cerrar entre un 2 y un 2,5%.
Si el gobierno de Duque corre con la responsabilidad de decidir el incremento del salario mínimo deberá sopesar también el factor político. Con una creciente impopularidad y un año preelectoral en puertas, lo menos que necesita son más protestas como las escenificadas entre 2019 y 2020. Protestas que fueron aplacadas más por el impacto de la pandemia que por acuerdos con el Gobierno.
El gobierno además tendría que responder, vía decreto, por otras peticiones incluidas dentro del pliego de los trabadores. Entre ellas está una renta básica para quienes no tienen ni siquiera un salario mínimo o que hayan perdido sus empleos y un subsidio a la nómina de las micro, pequeñas y medianas empresas.
