En el Gobierno de Pastrana, el Minhacienda (Santos) recortó las transferencias para enfrentar la inseguridad. Y en los dos mandatos de Uribe nos terminó de fregar porque raspó hasta la olla.
Por Rafael Sarmiento Coley, Director
La Constitución del 91, en un afán de iniciar un proceso de descentralización a paso lento pero firme, estableció la descentralización administrativa y fiscal de distritos (especialmente el de Bogotá), municipios y departamentos.
Juan Manuel Santos
El argumento de los delegados de la periferia era que no se justificaba que desde Bogotá, unos funcionarios que no conocían a Río de Oro, determinaran en las partidas del presupuesto nacional que se le asignaba a dicho ente estatal $700 millones para un parque recreativo, cuando en realidad lo que necesitaban en ese pueblo eran dos escuelas.
En otro caso se comprobó que tal vez los mismos funcionarios enchaquetados y corbatudos, a más de mil kilómetros de distancia, y sin conocer al pueblo, decidieron incluir en las cifras de las transferencias $900 millones para un colegio de bachillerato para el municipio de Salamina. Que lo que necesitaba con urgencia era un muro de contención porque todos los años la creciente del río Magdalena se lo llevaba todo, y un acueducto.
¿Por qué nos comemos las S?”
Porque los salamineros estaban tomando agua no apta para consumo humano, pues la tomaban directamente del río, con los detritus que recoge este afluente a lo largo y ancho del país. Por eso es que Juan Gossaín dice que los costeños “no nos comemos las S, sino las heces que nos vienen de toda Colombia hasta Bocas de Ceniza”.
Se creó el Sistema General de Participación. La Constitución dejó mecanismos para que fueran los distritos y municipios, las células vivas de una Nación, los que decidieran las obras prioritarias por hacer. Y que los departamentos también se fortalecieran fiscalmente para que fueran coordinadores y cooperantes de todos los municipios para la gestión en Bogotá.
Todo eso marchó viento en popa. Hasta cuando llegó el Gobierno de Andrés Pastrana, y siendo ministro de Hacienda Juan Manuel Santos, le dio el primer tijeretazo a las transferencias y a las partidas para el Sistema General de Participación. El manido y trillado argumento es que, a más recursos, mayor corrupción en los entes territoriales del país. Además, se argumentó en ese momento que la Nación necesitaba sanear sus finanzas para enfrentar la ola de inseguridad y cumplir las directrices de la banca mundial.
Luego, durante los dos períodos de Álvaro Uribe Vélez, nos terminó de fregar con cuatro ministros de Hacienda centralistas hasta los tuétanos. Roberto Junguito, Alberto Carrasquilla (quien hasta el salario mínimo quería rebajar a la mitad) y la medio pendejaita de Óscar Iván Zuluaga, que, simplemente hacía, y hace, lo que le dice el jefe, Uribe Vélez.
Oscar Iván Zuluaga
Todo sigue peor que antes
Hasta ahí llegaron las ilusiones de las regiones, que como la Costa Caribe, sueñan con ser un territorio con plena autonomía fiscal y administrativa, aunque la política, es decir, la cabeza de los tres poderes públicos (el Ejecutivo, el Legislativo y el Fiscal), siga siendo centralista. Y más que centralista, presidencialista, como se ha venido reforzando en los últimos años, más, durante la década uribista.
Estas fueron algunas de las principales conclusiones del Taller Balance de la Descentralización en Colombia, organizado por el Grupo Focal de la Escuela Superior de Administración Pública (Esap), seccional Atlantico, que dirige Tomás Rodríguez Ching.
El panelista central fue el exministro de Gobierno (en la administración de Belisario Betancur), Constituyente del 91 y exalcalde de Bogotá, Jaime Castro Castro, uno de las más autorizadas voces en materia de administración pública, descentralización y organización del estado regional.
También hicieron parte del panel el Constituyente del 91, exministro de Medio Ambiente y exgobernador de Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa. Y el connotado analista económico y catedrático Jairo Parada. El evento contó con muy buenas acotaciones y preguntas del auditorio, entre ellas las del abogado constitucionalista Juan Pavón y el investigador social y periodista Raimundo Alvarado.
Verano insiste en que, mientras la Costa Caribe no haga respetar su peso político expresado en las urnas, nunca alcanzará la mayoría de edad para administrar su propio desarrollo. “Es que los altos funcionarios del Gobierno Central nos miran como minusválidos mentales, como corruptos de nacimiento, cuando la mayor corrupción la tienen en sus narices”. Claro, Eduardo Verano es muy decente. Porque la verdad es que ellos sí saben que la corrupción se les pasa por sus narices, pero se hacen los pendejos. Ellos saben que se mueven muchos millones en los contratos de toda índole que maneja el Estado Central. Y todos pagan comisión.
La cínica frase de Fabio Echeverri
Otra de las propuestas escuchadas en el encuentro es que “si ya estamos embarcados en una nueva reelección, que sea la última. Y que el Congreso tenga la voluntad política para presentar y aprobar el Acto Legislativo que establece la no reelección en Colombia. Nunca más. Lo que se puede hacer es que se extienda el periodo presidencial a cinco o seis años”. Porque varias de las voces del foro coincidieron en que es cierto que el esquema de descentralización iniciado con la Constitución del 91 fue pervertido. Se corrompió. Porque hubo clanes, mafias familiares, que capturaron el poder local y se perpetuaron en él para robarse todo dinero que llegara.
Pero la mayor perversión que le ocurrió al país fue lo que se inició con la cínica frase de Fabio Echeverri Correa, uno de los consejeros de Uribe, al decir que para la reelección “basta con reformar un articulito, para qué tanta pendejada”.
Y ese articulito, el de la no reelección, (que se incluyó en la Constitución de 1991 por mandato del presidente de la República de ese momento, César Gaviria Trujillo), fue el que abrió el boquete de la mayor corrupción que ha vivido el país en toda su historia: se cambiaron centenares de notarías por votos del Congreso a favor de reformar el “articulito”. Luego, para intentar un tercer periodo de Uribe, se acudió a sectores del narcotráfico para que, sin que nadie viera nada, ayudaran a empujar ese fallido intento, que nos dejó el triste recuerdo de la yidispolítica, los Teodolindos, los jefes del DAS huyendo de la justicia como hampones o amparándose injustamente en países vecinos como perseguidos políticos, cuando la verdad es que, como cualquier criminal, como lo hizo el Sepúlveda de turno, lo que hacían era espiar a todo el mundo a través de las tristemente célebres chuzadas y las grabadoras y micrófonos pequeñitos en las salas de reuniones de los magistrados de las altas Cortes.
Los secretos de David Murcia Guzmán
Y los “servicios” conseguidos por una ministra costeña de Uribe para que DMG (la ilícita “pirámide» de David Murcia Guzmán, extraditado a Estados Unidos) prestara toda su logística (numerosos furgones y camiones y centenares de empleados), para recoger los millones de formularios con las “firmas” que aprobaban el Sí por una segunda reelección para Uribe. Se dice que, incluso, DMG, del dinero de los cándidos ahorradores que depositaron sus ahorritos en DMG con la ilusión tonta de multiplicar su plata, aportó cerca de dos mil millones de pesos para todo ese proceso. Y el pago es que está preso en norteamérica. No ha hablado. Ha aceptado con resignación expiar todas sus culpas. ¿Hablará algún día? Es lo deseable. Lo mejor sería que saque a la luz pública en un buen libro todas las porquerías que hizo por enriquecerse él en forma rápida y por ayudar a otros a trepar en lo económico y social, y a un Gobierno a querer perpetuarse en el poder, algo que tanto le criticaba a los vecinos, por lo cual las fronteras colombianas vivían encendidas.
Un compromiso en plaza pública
Rachid Nader y Danka Bolivar
Jaime Castro y Jairo Parada
Ese es, en síntesis, el panorama que tiene Colombia para la elección presidencial de este 15 de junio. Santos y Zuluaga todavía tienen tiempo de firmar un compromiso serio con la Costa y con las regiones en general.
Pero tiene que ser un compromiso firmado en plaza pública ante la comunidad en general, no ante ningún notario, pues en su mayoría – con algunas excepciones muy respetables- provienen de la era de la yidispolítica.
Aspecto general del público asistente al foro.
Como sería de bueno ese negocio, que a un Congresista de la era del cambia que cambia para las reelecciones de Uribe le dieron una de las 12 notarías de Barranquilla, él ha perdido dos veces su aspiración de volver al Congreso, precisamente porque la gente sabe que es un corrupto, tramposo, embaucador y embustero.
Vive del calanchín que puso en “su” notaria. ¿Esa corrupción surge de las regiones? ¡No, por Dios!, nace en las vísceras del centralismo que corrompe todo para robar y seguir detentando el poder.
