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Sacar de la impunidad casos emblemáticos, un reto duro para nuevo Fiscal

Néstor Humberto Martínez Neira nunca había tenido en sus manos un cargo con tanto embrollo por aclarar. Su anuncio de más cárcel y menos gabelas para corruptos sería un canto a la bandera. 

Por Chachareros

Comencemos por los casos emblemáticos que en la Costa Caribe claman porque se haga justicia, de conformidad con lo que el presidente de la República, Juan Manuel Santos, le pidió al nuevo Fiscal General, Néstor Humberto Martínez Neira, al posesionarlo este lunes.

En general, el anuncio de Martínez Neira de cumplir al pie de la letra el sentir de Santos, que es el mismo sentimiento del 99% de los colombianos, sería un canto a la bandera si no da muestras, de entrada, de que algo ha cambiado en la Fiscalía General.

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El caso de Jairo Zapa en marzo de 2014, director de Regalías de Córdoba (en la foto de archivo particular aparece con el gobernador de la época, Alejandro Lyons Muskus), es uno de los ‘emblemáticos’ en la Costa Caribe.

No nos vayamos muy por las nubes. Aterricemos en los ‘casos emblemáticos’ de la Costa Caribe. El más fresco es el asesinato del hijo del exdirector del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Miguel Maza Márquez. Su hijo, Miguel Ángel, de profesión abogado, era asesor de uno de los depositarios de las cuantiosas propiedades expropiadas a la exreina del chance, Enilce López Romero, sus hijos y un hermano. Precisamente dentro de uno de sus prósperos negocios en Magangué, fue ultimado de dos disparos Miguel Ángel Maza Álvarez.

La investigación está en silencio. Nada se ha vuelto a saber de ello, pese a que va para tres semanas de ocurrido el homicidio, a plena luz del día y en una esquina de la plaza del atiborrado puerto.

El caso Gette

A pesar de habersele comprobado su autoría intelectual en varios de los homicidios ocurridos alrededor de la Universidad Autónoma del Caribe durante su cruenta presencia, primero como esposa del rector-fundador el desaparecido Mario Ceballos Araújo y luego como rectora, Silvia Gette se siente en Barranquilla liberada de todo peso carcelario, pues varios testigos aseguran que la han visto muy alegre y altiva en los lujosos centros comerciales de la ciudad.

No se han adelantado investigaciones a fondo acerca de las confesiones de varios exjefes y paramilitares que han señalado a Gette como la autora intelectual del homicidio del ganadero Fernando Cepeda, esposo de María Paulina Araújo, hija única de Mario Ceballos Araújo.

También tiene investigación por el hurto de un millón de dólares, propiedad de las finanzas de la universidad, y por  cohecho al ofrecer dinero al exjefe paramilitar alias ‘Don Antonio’, detenido en la cárcel de El Bosque de Barranquilla, y a los autores materiales del homicidio de Cepeda, para que cambiaran su versión. Caso en el cual también está encartado el abogado barranquillero Arcadio Martínez Pumarejo.

Por estos días el actual rector de la Universidad Autónoma, Ramsés Vargas Lamadrid, denunció ante la Fiscalía amenazas que ha recibido vía celular, en donde le dicen que saben qué grosor tienen los vidrios de seguridad de su carro y otros detalles de su vida íntima. El catedrático, quien por más de 10 años permaneció recorriendo medio mundo en Asia y parte de África como delegado de Naciones Unidas, sostiene que tuvo que enviar al exterior a su esposa y sus seis hijos, precisamente para mantenerlos alejados de estas tensiones, pero que por ningún motivo piensa renunciar a la institución, a la que, literalmente, “encontré saqueada y rodeada de miedo y misterio”.

¿Qué pasó con Luis Colmenares?

2 Luis colmenajres Escobar

Luis Colmenares Escobar, estudiante oriundo de Villanueva, La Guajira, asesinado brutalmente en Bogotá en la ‘Noche de Brujas’ de 2010.

Muchos peces gordos debieron estar protegiendo a Carlos Cárdenas, uno de los principales sospechosos del extraño homicidio del estudiante de ingeniería mecánica de la Universidad de los Andes, el joven guajiro (oriundo de Villanueva), Luis Andrés Colmenares Escobar, cuyo cadáver fue lanzado a un caño del parque el Virrey en Bogotá, a la media noche del 30 de octubre de 2010, luego de que departiera con varios amigos en una discoteca para festejar la noche de brujas.

Se asegura que se repartieron unos dos mil millones de pesos a fiscales, testigos falsos, funcionarios de medicina legal, peritos en videocámaras y muchos otros sujetos que pudieran contribuir a desvirtuar acusaciones, alargar el proceso, y desviar señalamientos, en especial contra Carlos Andrés Cárdenas Gómez y los otros sospechos, entre ellos Laura Moreno (examante de Cárdenas Gómez y novia de Colmenares desde hacía 6 meses) y Jessy Quintero (amiga de Cárdenas y de Laura).

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Oneida Escobar, madre de Luis Colmenares Escobar, cuyo homicidio sigue impune, a pesar de existir pruebas contra varios implicados.

Ha sido uno de los casos emblemáticos de la corrupción en la Fiscalía en la triste época de Santiago Montealegre, quien en muchos casos cambiaba del Fiscal que conducía las investigaciones. Y para colmo de males, en este y en otros líos judiciales complicados siempre aparecía como defensor de los encartados, el exfiscal Mario Iguarán, en un extraño maridaje con el titular de la Fiscalía. Precisamente, en este caso, junto con Jaime Lombana, fungió como defensor de los principales sospechosos, y hasta el actual ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, salió en defensa del principal sospechoso, Carlos Cárdenas Gómez.

En síntesis, el caso de Luis Colmenares Escobar sigue clamando justicia. Sus padres Luis Colmenares y Oneida Escobar, aseguran que “hay mucha gente encubriendo a los implicados, y la Fiscalía, en los dos primeros años, fue demasiado negligente y paquidérmica”.

A Zapa lo mató la corrupción en Córdoba

El 27 de marzo de 2014 desapareció de su casa el director de regalarías del departamento de Córdoba, Jairo Alberto Zapa Pérez, en momentos en que el gobernador de dicha sección del país era Alejandro Lyons Muskus.

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Jairo Alberto Zapa Pérez, director de regalías de Córdoba, otro de los casos emblemáticos de corrupción e impunidad en la Costa Caribe.

El cadáver fue localizado en una cañada en la finca del progenitor de la víctima. Tenía muestras de tortura en distintas partes del cuerpo. De acuerdo con papeles encontrados en su apartamento, se fue desenredando la madeja del homicidio de Zapa Pérez.

De su puño y letra dejó una especie de infografía con nombres y cifras que exigían funcionarios y contratistas cordobeses, entre ellos Jesús Ignacio Henao.

Por este caso hay seis implicados, llamados a juicio, entre ellos el propio Henao, cuyo defensor es, precisamente, el exfiscal Mario Iguarán. También están detenidos el confeso autor material del homicidio, Joyce Hernández y su mujer Zuar Naisuth López, un ingeniero de sistemas, un abogado y otro contratista de la Gobernación.

Lo insólito es que el caso ha sufrido aplazamiento tras aplazamiento. La concubina del homicida confeso no ha podido ser escuchada en indagatoria porque su abogado consiguió un aplazamiento de ocho meses porque estaba sacándose unas muelas.

Lesmer Quintero, el primer abogado de la viuda de Zapa, María Isabel Valencia, tuvo que dejar el caso luego de haber sido herido a bala en un atentado. No lo mataron porque su escolta reaccionó de manera oportuna y valiente y puso en fuga a los dos atacantes que se movilizaban en una moto de alto cilindraje.

El nuevo abogado de la familia de Zapa Pérez, el samario residente en Bogotá Jaime Enrique Granados Peña ha pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “medidas cautelares que impidan que se cometan actos que conduzcan a una nueva impunidad en Colombia”.

Una Fiscalía de pedal

Según resumen de eltiempo.com, en los últimos años, en Colombia se denunciaron más de 56.000 actos de corrupción. Pero los fiscales del país solo lograron 1.600 condenas. En la mitad de esos casos el responsable no ha sido capturado. Y de los 800 que sí fueron detenidos, la mitad se fueron para sus casas a pagar cárcel domiciliaria. Y, en promedio, los 400 que sí fueron a una cárcel pagarán poco más de cuatro años de condena efectiva de la libertad, salvo algunos casos emblemáticos.

Ese es el dramático panorama de la corrupción pública en el país que este lunes, al jurar como nuevo Fiscal General de la Nación, Martínez Neira se comprometió a enfrentar con todas las fuerzas y los recursos de su cargo.

Tanto el presidente Santos, al tomar el juramento, como Martínez, al aceptar el reto, pusieron ese delito como una prioridad de la nueva administración. “Por el bien de Colombia, pase usted a la historia como el Fiscal de la lucha contra la corrupción”, dijo Santos, y agregó: “Que paguen los culpables y que sepan que al pueblo no se le roba impunemente”.

Martínez Neira aseguró, por su lado, que el castigo a los que desfalcan el presupuesto no se quedará en los titulares mediáticos ni en las condenas fiscales o sociales, y anticipó que su posición será menos blanda en los acuerdos judiciales: “La lucha contra la corrupción necesita que los responsables de este oprobioso delito sean objeto de pena privativa de la libertad en establecimiento penitenciario, por un término condigno al daño causado. Cuando ello ocurra, sin privilegios ni contemplaciones, volveremos a ver que los bolsillos de los servidores públicos son de cristal”.

‘Enemigo público #1’

Esa declaración coincidió con una solicitud expresa del presidente Santos, quien había pedido “revisar el sistema de beneficios por colaboración y las rebajas de penas por diversas causales, para corregir este mensaje a la sociedad (…). No hablo de desmontarlo, pero sí de lograr que los corruptos –como debe ser– paguen su conducta antisocial con condenas efectivas y ejemplarizantes”.

Puntualmente, Santos mencionó el caso de Saludcoop (que en la administración Montealegre no avanzó) y otros como Caprecom e Interbolsa, (que) “siguen estando en la palestra pública sin que sintamos que los responsables hayan respondido –como deben– frente a aquellos a quienes defraudaron”.

Según el Presidente, una vez firmada la paz la prioridad del Estado tiene que ser combatir a los que se roban la plata de todos los colombianos. “La corrupción es el enemigo público número 1 del país”, señaló. Puntualmente, pidió un fiscal delegado para el caso de La Guajira, departamento saqueado por la corrupción administrativa y los carteles de contratistas.

El nuevo fiscal general aseguró que el impacto de la “lucha contra el cáncer de la corrupción” se sentirá en un ahorro para el país “superior al valor de una reforma tributaria”.

Acabar con impunidad

La corrupción, señaló el nuevo Fiscal, es apenas una de las conductas criminales que se están quedando sin castigo en el país. En ese sentido, dijo que “el Estado tiene que asegurar que la industria del delito no es rentable” y recordó que de los 3,5 millones de delitos que cada año se cometen en Colombia –de los que al menos el 76 % no se denuncia– solo se están logrando 56.000 condenas: apenas en el 1,4 por ciento de los casos la justicia aparece. “La impunidad en Colombia ronda el 99 %”, dijo el nuevo Fiscal, que remarcó que era el mismo índice de hace 25 años, cuando nació el ente investigador. Por eso, aseguró que llegó la hora de “romperle el espinazo a la impunidad” con medidas como la coherencia de la política criminal y la imposición de metas de productividad “compatibles con la inversión que hace la sociedad” en el presupuesto y la nómina de la Fiscalía.

Entre las estrategias para atacar a los criminales y recuperar la confianza de los ciudadanos, el Fiscal anunció que se creará una aplicación para promover la denuncia y el seguimiento del caso (“la mitad de las víctimas no acude a denunciar porque la atención es complicada y demorada”) y que se usará tecnología de punta para georreferenciar el delito y golpearlo con inteligencia.

Martínez se comprometió a reducir los tiempos de respuesta de las denuncias comunes, que hoy pueden superar el año y medio. “La justicia tardía no es justicia, y en materia penal pierde su poder disuasivo”. Por eso, realizará una reasignación de personal en la Fiscalía para la labor misional, que no es otra diferente a la de la investigación criminal.

Lo que pide Santos

El presidente Santos anunció que llevará al Congreso un proyecto de ley para proteger a los ciudadanos que denuncien a los corruptos, “para que denuncien más, y lo hagan con tranquilidad”.

Un segundo proyecto, que se habló en la reciente Cumbre Global Anticorrupción de Londres, creará un registro centralizado de los dueños de las compañías, “lo que agilizará la obtención de información necesaria para luchar con eficacia contra el contrabando, la evasión y el lavado de activos”.

En la misma vía, el Presidente dijo que se expedirá un decreto para reglamentar “de forma clara y precisa qué se entiende por persona expuesta políticamente, incluyendo a personas que antes no se consideraban bajo esta condición”. Entrar en esa categoría implica que el sistema financiero ejercerá mayores controles “sobre cualquier actividad sospechosa de personajes que detentan alguna clase de poder”, para hacer más efectiva la lucha contra la corrupción.

Temas claves

  1. Denuncias a través de ‘app’

Para recuperar la confianza de la ciudadanía -solo se denuncian 24 de cada 100 delitos- Martínez creará aplicaciones para la denuncia en línea. El aplicativo para celulares permitirá notificar delitos en tiempo real, con la posibilidad de enviar videos y fotos como pruebas. La exfiscal Viviane Morales dijo que esta es una propuesta “innovadora”.

  1. Grupos élite

Martínez afirmó que para combatir las bandas es clave perseguir sus patrimonios, por lo que creará un grupo élite con expertos “bancarios, inmobiliarios y corporativos”. También anunció la creación de una Unidad de Investigación y Desmantelamiento de Grupos Criminales para impedir que atenten contra gestores de paz.

  1. Garantías

El Fiscal afirmó que en su administración “todos los sectores encontrarán en la Fiscalía una justicia que actuará con ecuanimidad, sin miramientos políticos y sin pasiones en el alma”. Agregó que será “bienvenida la crítica” considerando que cuando es “objetiva y sin cizaña, sirve para rectificar y para contener el despotismo y la arbitrariedad”.

  1. Austeridad

Para Martínez, la Fiscalía debe alcanzar niveles de productividad acordes con el presupuesto que recibe, que ha crecido en un 60 por ciento en los últimos años. Para ello, dijo que aumentará la nómina de fiscales en un 50 % y eliminará las embajadas de la Fiscalía. Martínez dijo que los recursos se invertirán “exclusivamente en tecnología”.

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