Se trata de reformar el Código General Disciplinario para que no se repitan ‘chambonadas’ como la destitución de Petro en Alcaldía de Bogotá.
Por Chachareros/Ofiprensa
La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, radicó ante el Congreso de la República, el proyecto de ley que pretende reformar el Código General Disciplinario, iniciativa encaminada principalmente a fortalecer las garantías en los expedientes disciplinarios, especialmente contra los servidores públicos de elección popular.
La Procuraduría acogió lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del 8 de julio de 2020, en la que condenó al Estado colombiano por la sanción de destitución e inhabilidad impuesta al entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.
La propuesta legislativa se concentra en tres puntos
1. Facultades jurisdiccionales
La Procuraduría propone al Congreso de la República que le sean ampliadas las funciones jurisdiccionales únicamente en lo relacionado con el área misional disciplinaria, lo que permitirá actuar como juez en los casos que impliquen sanciones como destitución o inhabilidad.
2. División en las fases investigativas.
De esta manera, la Procuraduría quiere garantizar que las etapas de investigación y juzgamiento dentro del proceso sean atendidas por diferentes funcionarios. Así, quien investigue no será el mismo que atienda los descargos y juzgue.
3. Doble instancia
Asimismo, se plantea la creación de la sala de juzgamiento a fin de garantizar en todos los procesos, la doble instancia, y la configuración adecuada de los principios y las categorías disciplinarias, entre otros.
De esta manera, la Procuraduría fortalece su capacidad disciplinaria para seguir luchando contra la corrupción y la impunidad.
A la fecha, se adelantan 12.142 actuaciones disciplinarias contra funcionarios de elección popular, entre ellos: 8.138 alcaldes, 3.108 concejales, 644 gobernadores, 163 diputados, 38 ediles, 30 Representantes a la Cámara y 21 Senadores.
Silencio sobre el caso Jineth Bedoya
A propósito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), hasta el momento la Procuraduría General de la Nación no se ha pronunciado al respecto, cuando hay varios incidentes que son de obligante presencia del Ministerio Público, en un caso en el cual están de por medio varias violaciones de los derechos humanos a una periodista en ejercicio, Jineth Bedoya, abandonada de manera torpe por el delegado de Colombia, Camilo Alberto Gómez Alzate, actual director nacional de la agencia jurídica del Estado, y quien, en vez de solidarizarse con la agraviada periodista colombiana, de manera absurda le dio la espalda e impugnó las decisiones de la Corte IDH.
Lo más grave es que si hay alguien que conoce todas las barbaridades y actos inhumanos que cometieron presuntos paramilitares presos en una cárcel de Bogotá, vigilados por un comando del Ejército que, para degradar más la situación de las instituciones del Estado, no solo no hicieron nada por defender a la indefensa periodista, sino que se sumaron a quienes la secuestraron, golpearon, violaron y lanzaron en malas condiciones en un sector enmontado cercano a la carretera. Eso ocurrió en 2020 en las finales de la administración de Andrés Pastrana Arango. Y este Camilo Alberto Gómez Alzate de cuento, era en ese momento el Alto Consejero para la Paz y los Derechos Humanos.
De tal manera que ese sería otro ‘chicharrón’ que podría agarrar con guante de receptor de béisbol la Procuradora Cabello Blanco, con el fin de empezar a evitar que Colombia siga siendo el país paria en materia de respeto a los derechos humanos, cuando los propios altos funcionarios del Estado encubren a los responsables, y luego en los escenarios internacionales hacen el oso.
