Reflexión sobre la libertad de prensa y el costo de la misma.
Por, Orlando Molina Estrada.
En días recientes, La Nueva Prensa hizo público el pasado judicial del hermano de Marta Lucía Ramírez, condenado hace 23 años por narcotráfico en los EEUU. Las reacciones no se hicieron esperar, con una opinión dividida entre quienes asumen que los delitos de sangre no comprometen la honra y quienes consideran una falta de transparencia debido a los cargos públicos que hasta la fecha ha desempeñado la mandataria. Las voces, a favor y en contra, aún siguen encendiendo la arena pública, sobre todo en las redes sociales.
Pero más allá del debate explícito de la noticia, hay una realidad que ha pasado desapercibida; y es la condición en que La Nueva Prensa, medio dirigido por los periodistas Gonzalo Guillén y Julián F. Martínez opera de manera independiente, por no decir pobre y acribillada por el linchamiento moral, incluso del mismo periodismo ortodoxo del que no participa. Con unos recursos bastantes limitados y el estigma que significa en este país hablar desde una voz propia, causa mucha sorpresa que desde este humilde portal se hiciera público un hecho oculto por 23 años. Nuestra capacidad de indignación sucumbe ante la grotesca realidad, que uno de los investigadores que destapó la ñeñepolítica desde hace siete meses no tenga trabajo o que haya vendido su carro para respaldar los gastos de su ejercicio investigativo. La degradante conclusión, es que el buen periodismo no tiene plaza laboral en el mercado oficial de los estados de opinión.
Lo nuevo aquí, no es la amenaza del tradicional emporio que siempre ha instaurado los criterios y metodologías con que debe ejercerse la libre prensa en Colombia, sino las nuevas formas en que circulan y se edifican otros discursos alternos que compiten y logran posicionarse, muy a pesar de no tener un respaldo distinto a la verdad que los certifica. Que el senador Uribe haya tachado de narco extraditable a Daniel Coronel y que luego etiquetara de violador a Samper Ospina, no ha impedido que la discursividad del paramilitarismo sea vetada de la opinión pública: o que el ejercicio de informar perezca siempre ante las chequeras de la industria mediática. Por el contrario, hoy entendemos que aquello que no goza de popularidad en la prensa hegemónica nos mina de sospecha a la hora de hacernos una idea de lo que realmente tiene sentido consultar. Este ideal, es el que caracteriza a La nueva prensa y personifica en sus periodistas el oficio de informar.
Pero del mismo modo en que el periodismo se hace camino alterno y sobrevive como puede por amor a la verdad, las estratagemas del poder al que se enfrenta también mutaron sus formas de censura. El señalamiento a través de la propaganda sucia disfrazada de imparcialidad, el acribillamiento laboral y la judicialización de la opinión se suman como estrategias sofisticadas frente a las amenazas, atentados y crímenes consumado para callar la verdad.
Y la judicialización de la opinión, se impone como la forma más civilizada con que se intimida al ejercicio periodístico, pues se acude a la misma ley, instaurando cínicamente un discurso bizarro e inmoral con los mismos presupuestos éticos con que se defiende la libre expresión. Para ello, es indispensable una firma “prestigiosa” de abogados, con la capacidad de fijarse en lo mínimo, tener buenas influencias en los estrados y hacer de su cliente, investigado y comprometido hasta el cansancio, una figura de temer, alguien del que no se puede hablar. Son numerosos los casos de demandas por difamación, que en su mayoría terminan dándole la razón al periodista, pero dejando el antecedente de la censura. De hecho, se sabe de litigantes reconocidos que llevan al extremo situaciones banales, solo para ejercer presión e intimidar, más no para validar el consiguiente derecho de la libre defensa al buen nombre.
Actualmente, en la alternativa esfera pública que garantizan las redes sociales, periodistas y abogados compiten por la reivindicación del discurso. Los primeros defienden la libre expresión, al menos los que están de parte de la verdad; los segundos, a sueldo timan con la propia ley este ejercicio comunicativo. Al final, no se persigue el producto de la censura que otorga una demanda, sino la dinámica de amedrantar con la instrumentalización del poder judicial. Pero no son suficientes esas artimañas cuando la actuación sofisticada de esta labor responde con suspicacia al desafío que se le impone. No hay que olvidar que tan solo en este año los reincidentes Falsos positivos, Memo Fantasma y la Ñeñepolítica, casos que abarcaron la palestra del debate nacional fueron denunciados desde el periodismo independiente.
