Fernando Carrillo anunció indagaciones contra funcionarios de alcaldía de Barranquilla y separó del cargo al de Galapa Carlos Silvera. Cartagena otra vez sin alcalde.
Por Chachareros/Prensa Procuraduría
Más duró un merengue en la puerta de un colegio que el cargo de Antonio Quinto Guerra Varela como alcalde de Cartagena. Luego de apenas 15 días de haber asumido el mando, el Tribunal Administrativo de Bolívar, en atención a una demanda interpuesta por la Procuraduría General, lo quitó del puesto.
Con la suspensión de Antonio Quinto Guerra Varela, Cartagena de nuevo queda sin alcalde. Apenas duró una quincena.
Lo que significa que Cartagena otra vez queda sin alcalde, y ahora le corresponde al presidente de la República, Juan Manuel Santos, nombrar un interino.
Con ponencia del magistrado Roberto Mario Chavarro, el Tribunal aceptó que hay razones para suponer que Guerra estaba inhabilitado para llegar al cargo.
“Teniendo en cuenta la solicitud y de las pruebas obrantes se puede inferir razonablemente que el señor Antonio Quinto Guerra Varela, efectivamente se podría encontrar incurso en una causal de inhabilidad para desempeñar el cargo para el cual fue elegido ‘por voto popular”, se lee en el fallo.
El documento agrega que «para el bien de la democracia» es necesario decretar la suspensión provisional. «La Sala debe precisar como corolario de lo dicho que es sumamente claro que no decretar la cautela que viene deprecada sería más gravoso para el sistema democrático y para los intereses de la comunidad cartagenera que hacerlo, como en efecto se dispondrá”.
La Procuraduría General de la Nación radicó desde el martes, ante el Tribunal Administrativo de Bolívar, la demanda de nulidad electoral contra la elección del
alcalde de Cartagena Antonio Quinto Guerra.
El Ministerio Público expuso en sus argumentos que Guerra Varela estaría inhabilitado para ejercer el primer cargo de Cartagena pues fue contratista hasta diciembre del 2017 del Ministerio de Vivienda y de la Gobernación de Bolívar.
La misteriosa camioneta de Galapa
Carlos Alberto Silvera fue separado del cargo por la extraña de una camioneta presuntamente de la alcaldía repartiendo alimentos por votos.
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar a funcionarios por establecer de las alcaldías de Galapa y Barranquilla en el Atlántico, para determinar la posible participación de servidores de esas administraciones en actividades de proselitismo para las elecciones del 27 de mayo.
En el municipio de Galapa la indagación tiene origen en un video que circula en redes sociales, en el que se observa una camioneta, aparentemente de la alcaldía, estacionada al frente de una residencia donde se entrega un paquete con supuestas ayudas a un motociclista, a cambio de garantizar su voto por Germán Vargas Lleras.
Por ese hecho la Procuraduría Provincial de Barranquilla abrió la indagación y luego de otras diligencias, escuchará en declaración al alcalde del municipio, Carlos Alberto Silvera De la Hoz, quien ha sido suspendido en forma provisional para verificar si el vehículo pertenece a su despacho, y en caso afirmativo explicar las razones por las que se encontraba estacionado al frente de la vivienda.
Igualmente se realizará una visita al bien para identificar el inmueble, determinar el uso que se le está dando al mismo e individualizar a las personas que lo habitan para tomarles una declaración jurada.
El ente de control dio traslado a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue si existe la presunta ocurrencia de delitos electorales.
Alcaldía de Barranquilla
Varios funcionarios de la alcaldía de Barranquilla están en la mira de la Procuraduría porque supuestamente les exigen a los contratistas votar por Vargas Lleras.
En otro proceso, la Procuraduría abrió indagación contra funcionarios por establecer de la Alcaldía de Barranquilla, por la presunta exigencia a contratistas de conseguir votos en favor de la campaña presidencial del candidato Germán Vargas Lleras.
La Provincial de Barranquilla indaga la presunta utilización del empleo para presionar a particulares o subalternos a respaldar una causa o campaña política, hechos que podrían constituir falta disciplinaria según el artículo 23 de la Ley 734 de 2002.
Entre las pruebas que serán tenidas en cuenta figuran notas de prensa en las que contratistas vinculados por 6 meses con las secretarías de Educación, Cultura, General y Recreación y Deportes, mientras se definen los resultados de las elecciones, denuncian que sus jefes pidieron a cada uno garantizar 50 votos para los comicios del 27 de mayo.
El ente de control ordenó la práctica de pruebas en la Alcaldía de Barranquilla y escuchar declaraciones y en versión libre a quienes resulten comprometidos en esta indagación.
En este caso el resultado de las indagaciones será puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación para la evaluación de la ocurrencia de presuntas conductas delictuales.
No hay intocables
El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, advirtió que para el órgano de control “no hay intocables en la defensa de la democracia y de la transparencia electoral”, y anunció que para “garantizar que nadie le meta conejo a estas elecciones”, la entidad puso en marcha medidas que van desde la vigilancia técnica hasta el seguimiento en tiempo real de las votaciones y los escrutinios.
“Nosotros hemos dicho que vamos a garantizar que nadie le meta conejo a estas elecciones en Colombia, que tenemos que combatir el fraude y decirle a la ciudadanía claramente que denuncie cualquier intento de fraude, porque aquí vamos a estar todas las autoridades”.
Aseguró que el Ministerio Público vigilará, observará y recepcionará las denuncias de los ciudadanos ante posibles anomalías que se puedan presentar en el proceso electoral del próximo 27 de mayo, y reveló que 7.200 funcionarios estarán en las mesas de votación “al servicio de la pureza y de la transparencia electoral”.
La Procuraduría hará presencia con un equipo de ingenieros en los 28 centros de cómputo habilitados para el monitoreo electoral con el fin de verificar el correcto funcionamiento del software contratado para las elecciones, y en las casas matrices de Barranquilla, Cali, Medellín, Montería, Cúcuta y Bogotá, regiones que presentan mayor vulnerabilidad informática.
Por solicitud del ente de control en estas elecciones se adoptaron medidas para la digitalización de los formatos E14, garantizar que los testigos los puedan ver en pantalla en tiempo real, y evitar que sean intercambiados entre mesas. Así mismo, se acordó con la Registraduría la entrega de los formularios E24 (primer escrutinio) y E26 (segundo escrutinio).
Reunión con veedores internacionales
Este viernes el jefe del Ministerio Público presidió una audiencia con todas las misiones de observación electoral que han llegado a Colombia y los auditores de las campañas políticas presidenciales, donde los delegados internacionales tomaron nota de las observaciones y denuncias que hicieron los representantes de los partidos y los grupos significativos de ciudadanos.
“Se deben tener prendidas todas las alertas y contarle a los observadores internacionales el trabajo que están adelantando los organismos de control”.
Decisiones disciplinarias
El Procurador General reveló que el órgano de control adelanta 70 actuaciones disciplinarias por hechos relacionados con presunta participación en política de funcionarios públicos, muchas de ellas gracias a las denuncias de la ciudadanía, y anunció la apertura de investigación y la suspensión provisional, por el término de tres meses, del secretario de Tránsito de Popayán (Cauca), Rubén Ernesto Caicedo Celis, y de los alcaldes de Togüí (Boyacá), Alfonso Sánchez Saaveedra y de El Banco (Magdalena), Víctor Rangel López.
El ente de control disciplinario también ordenó la suspensión provisional del alcalde de Galapa (Atlántico), Carlos Alberto Silvera de la Hoz, y del secretario de Integración Socioeconómica del municipio, Mario Morales.
Carrillo Flórez aseguró que al parecer “el inmueble registrado en redes sociales, y en el cual presuntamente estuvieron repartiendo dádivas para favorecer una campaña presidencial, pertenece a la alcaldía y en él opera la casa del adulto mayor, ¡una cosa realmente repugnante!”.
Adicionalmente, por presuntas presiones a contratistas en la consecución de votos a favor de una campaña presidencial, la Procuraduría abrió indagación preliminar contra funcionarios por determinar de las alcaldías de Moniquirá (Boyacá), Junín (Cundinamarca), Quimbaya (Quindío), y Barranquilla (Atlántico).
“Los funcionarios públicos, lo repetimos subrayando, no pueden hacer política, no pueden intervenir en política, el uso de los recursos públicos para las campañas electorales está prohibido, y ello implica una violación de las garantías electorales”, aseguró y agregó: “que no se crea que los contratos del Estado son instrumentos para influir en las elecciones”.
Solicitud pérdida de investidura de Aida Merlano
Como diría el difunto Hernán Berdugo «vea tan bonita esa muchacha y en los líos que se mete». La Procuraduría pide pérdida de investidura para la congresista barranquillera.
La Procuraduría radicó ante el Consejo de Estado la demanda de pérdida de investidura contra la congresista Aida Merlano, y advirtió a los protagonistas de algún fraude electoral en las próximas horas, que la entidad “no escatimará esfuerzos y no tendrá alguna duda sobre el procedimiento disciplinario y la denuncia ante las autoridades penales de cualquier actividad que rompa el equilibrio electoral”.
